Poder, petróleo y la sombra militar de Washington

Estados Unidos se encuentra al borde de golpear la mesa latinoamericana. La acumulación de sanciones financieras, las acusaciones de narcoterrorismo contra Nicolas Maduro y los movimientos de fuerzas navales hacia el Caribe configuran un escenario en el que la amenaza de una acción militar se convierte en un elemento central del tablero político. No se trata de un despliegue simbólico; Washington ha movilizado barcos, destructores y unidades de la Guardia Costera bajo la bandera de la “Operación Antinarcóticos”, lo que en la práctica implica el mayor movimiento militar estadounidense en el hemisferio en las últimas dos décadas.

La pregunta inmediata es si semejante gasto y logística tienen como único objetivo la interdicción del narcotráfico o si, en realidad, funcionan como presión directa sobre Caracas. El mensaje es inequívoco; la Casa Blanca quiere dejar claro que, si bien una invasión inmediata sería costosa e ilegal bajo el Derecho Internacional, la amenaza de fuerza está al alcance de la mano.

Como afirmaba Hedley Bull, “el orden internacional depende de la capacidad de los Estados para imponer límites al uso de la fuerza”. Washington parece estar jugando precisamente con esos límites, consciente de que el régimen de Maduro se sostiene no solo con represión interna, sino con el sostén político de aliados externos.

Del Caribe al escudo guyanés

El epicentro de la tensión no puede entenderse sin una mirada geopolítica más amplia. Venezuela no solo posee las mayores reservas de petróleo del planeta, también comparte una frontera en disputa con Guyana por el Esequibo, una región de casi 160.000 kilómetros cuadrados con un potencial petrolero extraordinario. Allí operan hoy multinacionales como ExxonMobil, cuya producción puede alterar la balanza energética del Caribe en los próximos años.

A esta mirada se suma la geografía del Caribe con mares angostos, rutas comerciales vitales para el petróleo, gas y alimentos. En esas aguas, la presencia de buques de guerra estadounidenses multiplica la sensación de asedio en Caracas. Colombia, el otrora aliado más fiel de Washington en la región, actúa como pieza clave en la presión política y logística; mientras que países como México y Cuba observan la situación con posturas opuestas. El primero buscando una diplomacia prudente, el segundo defendiendo abiertamente a Maduro como último bastión del eje bolivariano.

América Latina en su conjunto ha mostrado, sin embargo, un patrón de desgaste del llamado Socialismo del Siglo XXI. La derrota de fuerzas afines en Ecuador, Argentina y Bolivia marcan un giro que deja a Venezuela más aislada. El péndulo político regional, si el régimen chavista cae, podría inclinarse de manera clara hacia un escenario menos ideologizado, más pragmático, y con mayor sintonía hacia las reglas del mercado y del orden internacional.

Rusia, China y la sombra de la multipolaridad

Pero la tensión en el Caribe no es solo regional. La presencia de Rusia y China añade una capa de complejidad que trasciende las fronteras latinoamericanas. Moscú ha enviado en varias ocasiones bombarderos estratégicos y asesores militares a Caracas, mientras que Pekín es hoy el acreedor más importante de la deuda venezolana.

Ambas potencias ven en Venezuela algo más que petróleo; un punto de apoyo en el hemisferio occidental para desafiar la hegemonía de Washington. De hecho, lo que se juega en el Caribe es una extensión de la competencia global, un pulso indirecto en el que Estados Unidos mide su capacidad de proyectar fuerza frente a rivales que lo hostigan desde otras latitudes.

Hans Morgenthau advertía que el poder nacional no se mide solo en armas o en territorio, sino en la capacidad de proyectar influencia y proteger intereses vitales. Bajo esa lógica, Washington no puede permitirse que Maduro resista indefinidamente bajo la tutela rusa y china. De ahí que la amenaza militar, incluso si no se concreta en invasión, busque quebrar esa alianza simbólica.

La competencia por el futuro

En el fondo, el conflicto tiene un motor evidente, la energía. Venezuela, pese a la caída de su producción y al colapso de PDVSA, sigue siendo un competidor potencial en el mercado petrolero. Sus reservas probadas superan los 300.000 millones de barriles, un volumen que convierte a cualquier cambio de régimen en un asunto estratégico para las grandes potencias.

El petróleo venezolano, por su peso y su proximidad a Estados Unidos, puede alterar el mercado energético global. Una eventual democratización del país y apertura a inversiones extranjeras significaría competencia para productores tradicionales, pero también una válvula de seguridad para un mundo que enfrenta crisis recurrentes de suministro. No es casualidad que Guyana, con su reciente boom petrolero, aparezca ahora como una pieza complementaria de este rompecabezas, como un enclave que puede disputar a Caracas su rol de proveedor energético caribeño.

El dilema de la legalidad internacional

Más allá del aparato de guerra desplegado por Trump, el conflicto con Venezuela se mide también en el terreno jurídico y político. Estados Unidos ha ido más allá de las sanciones financieras clásicas y ha extendido su legislación al ámbito extraterritorial, un fenómeno que cuestiona la vigencia misma del principio de soberanía. El caso es ilustrativo; cortes federales de ese país acusaron a Nicolás Maduro de liderar el “Cartel de los Soles” y el Departamento de Estado ofreció hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Washington actúa como si su jurisdicción alcanzara más allá de sus fronteras, construyendo un marco legal propio que pretende ser universal, pero que carece de reconocimiento formal en el Derecho Internacional.

En esa frontera difusa, los Estados enfrentan un dilema. Aceptar los mandatos estadounidenses puede ser visto como cooperación en la lucha contra el narcotráfico, pero también supone un riesgo de vulnerar la soberanía de terceros países si se avanza hacia operaciones encubiertas o militares. El artículo 2.4 de la Carta de la ONU sigue siendo claro en prohibir el uso de la fuerza, salvo en casos de legítima defensa o con aval del Consejo de Seguridad. Nada de eso existe hoy. Lo que se observa es una tensión entre la legalidad multilateral y la unilateralidad de Washington, un escenario donde la diplomacia debe lidiar con la delgada línea que separa la presión “legítima” de la injerencia abierta.

El giro boliviano

En medio de este tablero convulso, Bolivia ya no será un espectador resignado ni un socio irrestricto del Socialismo del Siglo XXI. Las urnas marcaron el fin de esa etapa y, a partir de noviembre, el país tendrá un nuevo rumbo político y diplomático. El mandato ciudadano ha sido explícito; dejar atrás el aislamiento ideológico y emprender un cambio de timón hacia la apertura, el pragmatismo y la inserción internacional.

Ese giro no significa alineamiento automático con Washington ni renuncia a la soberanía, sino la recuperación de una política exterior que dialogue con todos y se oriente al interés nacional. Como advertía Hans Morgenthau, el poder de un Estado reside en su capacidad de adaptación; Bolivia tiene ahora la oportunidad de reconstruir su credibilidad y ocupar un lugar activo en la definición del orden regional. Si Venezuela simboliza la resistencia a ultranza, Bolivia apunta a representar lo contrario, un país que, tras haber sido arrastrado por una narrativa agotada, decidió reinsertarse plenamente en el sistema internacional.

¿Un golpe de fuerza o pulseta prolongada?

La duda permanece. ¿Será capaz Estados Unidos de torcerle el brazo a Maduro? Una invasión directa parece improbable; el costo político, económico y humano sería gigantesco. Más factible es la combinación de sanciones, despliegue militar intimidatorio y presión diplomática que, en el corto o mediano plazo, desgaste la base de apoyo del régimen.

El problema es que, como toda dictadura prolongada, el chavismo ha aprendido a sobrevivir en aislamiento. Se victimiza con el discurso del “asedio imperial” y se aferra a los recursos que aún controla. Mientras tanto, Rusia y China lo sostienen en la medida que Caracas les sirva como piedra en el zapato de Washington.

El Caribe se convierte así en escenario de una batalla previsible; no de grandes desembarcos, sino de presiones, bloqueos, mensajes y maniobras que definen el poder real en la región. En ese tablero, el petróleo, la geopolítica y la legalidad se cruzan para configurar un conflicto que puede marcar el rumbo de América Latina en la próxima década.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360