Economía sobre el proyecto de ley: Diferimiento no compromete más de 3% de la cartera y el sistema financiero cuenta con la solvencia

El Ministerio de Economía aseguró que, con el proyecto de ley enviado al Legislativo en junio -y que es rechazado por los bancos-, el diferimiento potencial no superaría el 3 % de la cartera total. Además, el Ejecutivo afirmó que los banqueros registraron las utilidades más elevadas y que cuentan con la solvencia necesaria.

 “Con esta propuesta, el diferimiento potencial no superaría el 3% de la cartera total. En la gestión 2020, el diferimiento de créditos representó el 10,4% del total de la cartera bruta, y al 31 de julio de 2025 dicho saldo alcanza el 1,4 %, lo que refleja una sólida cultura de pago de los prestatarios”, señala el comunicado de prensa.

La propuesta normativa se encuentra en la agenda semanal del 8 al 14 de septiembre de la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Según el Ministerio de Economía, el Proyecto de Ley N° 547/2024-2025 plantea la suspensión temporal de las ejecuciones de embargo y sentencias judiciales contra prestatarios que cuentan con créditos de vivienda de interés social. Aclara que la medida no compromete la estabilidad ni la solidez del sistema financiero, ya que no implica una condonación de deudas ni una intervención en los contratos entre prestatarios e instituciones financieras.

“Esta norma, que se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional, no implica una condonación de deudas ni una intervención en los contratos entre prestatarios e instituciones financieras, sino una medida temporal, específica y focalizada, que busca evitar mayores perjuicios sociales y económicos, sin afectar la solidez del sistema financiero”, agrega.

Este proyecto de ley –según el comunicado de Economía- es una medida temporal, por seis meses, específica y focalizada, sólo busca evitar mayores perjuicios sociales y económicos para los prestatarios de créditos de vivienda social y enfrentar procesos de pérdida de sus inmuebles, por tanto, no afecta la solidez del sistema financiero.

De acuerdo con Economía, el proyecto contempla un diferimiento de seis meses para créditos de vivienda social, además de deudas contraídas por micro y pequeños prestatarios, con el fin de permitir la recuperación progresiva de sus actividades económicas y restablecer sus flujos de caja. Esto, según el Gobierno, permitirá garantizar el cumplimiento de las obligaciones crediticias.

El Ministerio también indicó que esta normativa responde a la solicitud de distintos sectores económicos que han sido afectados por bloqueos, fenómenos climatológicos adversos, conflictos sociales, entre otros factores.

En ese marco, el Ejecutivo considera que el proyecto de ley constituye una medida responsable y oportuna, orientada a proteger el derecho a la vivienda de miles de familias, en cumplimiento del Parágrafo I del Artículo 19 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, busca garantizar la continuidad de las micro y pequeñas unidades productivas, consideradas el motor de la economía nacional.

“Es esencial que las entidades financieras asuman un rol activo en la recuperación económica de sus prestatarios, considerando que el sistema financiero cerró la gestión 2024 con una utilidad histórica superior a $us389 millones, la más alta registrada hasta la fecha, por lo que cuentan con solvencia para respaldar medidas de alivio temporal sin poner en riesgo su estabilidad y contribuyendo de manera efectiva a reducir la carga financiera de sus clientes y contribuir a la estabilidad económica del país”, explica el comunicado de prensa.

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Rechazo de Asoban y Asofin

La semana pasada, a través de un comunicado, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) expresó su preocupación por el proyecto de ley que plantea el diferimiento de créditos. La entidad advirtió que esta medida “compromete la estabilidad” del sistema financiero y aseguró que “no resolverá los problemas que atraviesa la población”.

“Una medida como esta comprometería la estabilidad del sistema financiero, cuya función esencial es canalizar, con responsabilidad y criterios técnicos, los recursos de millones de ahorristas hacia actividades productivas y necesidades de las familias”, se lee en el pronunciamiento.

Asoban hizo un llamado a las autoridades para evitar “medidas que comprometan la estabilidad financiera”, incluso si están dirigidas a prestatarios afectados por la situación económica actual.

Por su parte, la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas (Asofin) también expresó su profunda preocupación por la inclusión del proyecto en la agenda de la Cámara de Diputados. Afirmó que un diferimiento de esta naturaleza afectaría gravemente la liquidez y estabilidad del sistema de microfinanzas, el cual atiende principalmente a los sectores más vulnerables.

Asofin recordó que la labor de intermediación financiera se basa en la recepción de depósitos del público y el pago de intereses, recursos que luego son utilizados para otorgar créditos. Un cambio en el flujo de pagos podría comprometer seriamente esa cadena.