La oportunidad histórica de cambiar la constitución del MAS

Tras las elecciones del 17 de agosto vivimos un momento ideal para introducir profundas reformas a la Constitución del MAS. El resultado de las urnas ha sido contundente: los bolivianos demandamos un cambio total. La Asamblea Legislativa cuenta con una mayoría aplastante capaz de impulsar las transformaciones necesarias, y sería un error limitar este proceso a un ámbito específico —sea judicial, económico o social—. Por el contrario, estamos frente a una oportunidad histórica de reformar todos los aspectos de la vida nacional que la Constitución del MAS impuso, como un chaleco de fuerza en lo económico, en el sistema judicial, la educación, la salud, la minería, la agricultura, la agroindustria, etc. Las normas constitucionales reflejan la visión arcaica e ideologizada del MAS que frenó el desarrollo y destruyó la institucionalidad democrática con cánones fundamentalistas, contradictorios y retrógradas, que hacen de la Constitución del MAS la peor de nuestra historia republicana.

En lo económico, urge reformar toda la cuarta parte de la Constitución, eliminando la omnipresente intervención estatal en la planificación del desarrollo, el monopolio sobre los recursos naturales, la producción y comercialización de hidrocarburos, la tutela sobre sectores artificialmente catalogados como “estratégicos”, etc. Un país moderno requiere abrir su economía y liberar sus fuerzas productivas.

En lo político, debemos cuestionar privilegios constitucionales que distorsionan la democracia: las cuotas de género e indígenas impuestas como camisa de fuerza, distorsionan la representación política, la manipulación del principio de “un ciudadano, un voto” es la expresión más injusta y asimétrica del voto ciudadano, o la absurda exigencia de hablar dos idiomas para ejercer derechos de ciudadanía plena, o el desorden de los gobiernos municipales, etc., son temas insertos en la CPE, que favorecen solamente a ciertos sectores íntimamente ligados al MAS. La democracia debe ser inclusiva y representativa, pero nunca distorsionada por imposiciones que reducen el valor del voto y restringen las libertades ciudadanas.

En lo jurídico, el reto es aún mayor: construir un sistema judicial verdaderamente independiente del poder político. Para lograrlo, es imprescindible abandonar de una vez por todas el viejo modelo de preselección, elección y nombramiento de jueces y fiscales por parte del poder político, modelo manipulado por intereses partidarios desde la creación de la república, requiere ser reemplazado por un sistema genuinamente meritocrático, basado en un principio irrenunciable: que “nadie debe elegir a nadie”.

El ingreso y la permanencia en la judicatura y en el Ministerio Público deben depender exclusivamente de los méritos personales, profesionales y, sobre todo, ético-morales de cada postulante. Una carrera judicial ordenada, transparente y escalonada, donde cada ascenso sea fruto del esfuerzo y la capacidad, no de favores políticos. Solo así los operadores de justicia podrán actuar con independencia, libres de compromisos con partidos o caudillos de turno.

A este sistema debe sumarse la creación de un Gobierno del Poder Judicial: un órgano político-administrativo-financiero cuya única misión sea blindar la independencia de jueces y fiscales. Un verdadero escudo institucional capaz de garantizar la separación de poderes, administrar con rigor la carrera judicial meritocrática y, sobre todo, impedir cualquier injerencia externa. Ni presiones, ni amenazas, ni estímulos ocultos, ni llamadas indebidas de autoridades o empresarios deberían tener cabida en un sistema donde la justicia solo obedezca a la ley y a la ética.

Este es también el momento perfecto para poner fin al paralelismo jurídico y corregir graves distorsiones que han deformado el derecho boliviano: la imprescriptibilidad arbitraria, la retroactividad de la ley y un sistema penal diseñado más para perseguir enemigos políticos que para garantizar verdadera justicia.

La reforma judicial no puede seguir siendo un eslogan vacío. Se trata de erigir un nuevo pilar de la República: un Poder Judicial independiente, meritocrático, blindado frente a toda injerencia y comprometido únicamente con la verdad, la equidad y la libertad de los ciudadanos.

En conclusión, estamos ante la coyuntura perfecta para reformar totalmente la Constitución del MAS y blindar la seguridad jurídica del país. Solo así podremos impedir la aprobación de leyes de contrabando, el uso político de la justicia y la discrecionalidad de jueces y magistrados que hasta hoy han convertido el derecho en un negocio, en lugar de un servicio público.

Hoy no se trata de temer a la reforma total de la Constitución del MAS, sino de asumirla con responsabilidad y visión histórica. Si dejamos pasar este momento, quizá no volvamos a tener una oportunidad tan clara de reconstruir las bases económicas, políticas y jurídicas de nuestro país.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360