Lupo señala que los conflictos sociales responden a demandas salariales, del autotransporte y a intereses de privilegio

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, identificó tres tipos de conflictos sociales que se registran en el país en estos momentos: las demandas salariales típicas; las del autotransporte, provocadas por el problema de distribución de la gasolina en mal estado; y las de los “oportunistas” que quieren mantener sus privilegios y volver al pasado, a las que calificó de rayar en la conspiración al exigir la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz.

Dijo que este es un momento muy complicado a nivel mundial, debido al alza del precio del petróleo y su impacto en la economía mundial, y que, en este momento histórico, Bolivia está en un punto de inflexión sobre si va a cambiar o volver al pasado, en Fama Poder y Ganas.

En ese escenario, se refirió a la situación que vive el país debido a la convulsión social desatada por movilizaciones sociales de la Central Obrera Boliviana (COB), que demanda la atención a su pliego; el paro escalonado de la Confederación de Choferes de Bolivia, que exige la distribución de combustible de buena calidad y el resarcimiento de los daños provocados por la gasolina en los motores de los vehículos del transporte público; y la marcha campesina e indígena que demanda la abrogación de la Ley 1720, que autoriza el cambio de la pequeña propiedad a mediana propiedad.

Lupo dividió los conflictos en tres: las demandas típicas, sobre las cuales consideró que “tienen derecho a hacer la protesta y recibir una explicación”. Mencionó que cualquier reivindicación salarial que genere inflación lo único que va a hacer es ser negativa para el sector.

“Si se aumenta salarios hay dos alternativas: o tenemos que financiar el déficit con un crédito del Banco Central de Bolivia y quitamos recursos del sistema financiero para inversión al sector privado, o emitimos dinero, con lo cual creamos inflación y volvemos más pobre a la gente”, advirtió.

El segundo tipo de movilización social, dijo, es el del transporte público, y justificó sus protestas, porque hubo un problema, que el Gobierno reconoció, en relación con la distribución de la gasolina de mala calidad.

Aseguró que: “La gasolina en mal estado que embromó vehículos fue un problema realmente muy grande y pedimos disculpas cada que podemos a la población, y estamos haciendo todos los esfuerzos para resarcir esto, pero sobre todo garantizamos que ya no hay más este problema”, manifestó.

El problema de la gasolina está resuelto, no hay gasolina en mal estado y hay diésel para abastecer al mercado; por lo tanto, con el autotransporte se deben discutir temas estructurales postergados históricamente, como el mantenimiento de caminos, manifestó. Sin embargo, sostuvo que “no hay una necesidad de hacer un paro, que simplemente va a generar más problemas y más perjuicios para la población”.

El tercer segmento, según la autoridad, es el de los oportunistas: “son aquellos que no quieren cambio, que quieren mantener sus privilegios, volver al pasado y más bien rayan en lo conspirativo, porque piden la renuncia del presidente”.

En medio de eso, dijo que está la marcha indígena, que es importante, porque el tema de la tierra es uno de los más relevantes a debatir en Bolivia; para ello, señaló que es fundamental convocar a un gran encuentro.

Sin embargo, aseguró que el Gobierno no puede abrogar una norma que ha sido iniciada, tratada y aprobada por la Asamblea, y que no puede el Poder Ejecutivo abrogarla; simplemente hay que discutir en el marco de un gran encuentro por la tierra, cerrando de esta forma cualquier posibilidad de dar una respuesta a quienes marcharon desde Pando a La Paz.

En relación con la demanda de incremento salarial de parte de la COB, Lupo sostuvo que es necesario debatir las posibilidades en el marco de la racionalidad, aunque aclaró que ese aumento ya se dio en enero y fue del 20% al salario básico.

Dijo que cualquier esfuerzo que se pueda hacer presupuestariamente, que no esté considerado en la programación financiera, va a generar inflación y, como decía, es la forma más directa de empobrecer a la gente.

“En principio, no hay ninguna posibilidad de dar un incremento, porque ya se manejó este tema, ya se está trabajando con estos números y quisimos hacer las cosas de una manera totalmente transparente. Ahora, en algunos sectores como educación y salud se están discutiendo otras alternativas más relacionadas con la dotación de ítems, pero es algo que se está trabajando también al interior del Gobierno y también en el escalafón que implica algunas mejoras económicas”, explicó.

El ministro también se refirió a la subvención de los hidrocarburos y reconoció que el Gobierno está subvencionando los combustibles nuevamente, después de que en los primeros meses de la gestión optó por una reducción parcial.

“Sí estamos de vuelta subvencionando los combustibles, no tengo el dato, pero ya es un porcentaje importante en el caso de la gasolina”. El tiempo de evaluar si se quita la subvención será cuando llegue a ser nociva y no beneficie a nadie, porque si volvemos al pasado, donde la subvención producía el robo, el contrabando y las colas en Bolivia, eso no lo quiere nadie, afirmó.

Explicó que cuando el Gobierno quitó la subvención a los combustibles, lo que hizo fue dejar una política abierta para enfrentar momentos como el que se está produciendo a nivel internacional, de un desbalance completo por el alza del petróleo, debido al conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

Cuando se quitó el subsidio, el petróleo estaba en 65 dólares y ahora supera los 100 dólares y no sabemos lo que va a pasar mañana. Lo que hace esta política es dejar esta flexibilidad para no volver al pasado, no volver a subsidiar masivamente y no permitir el contrabando, robo y asalto como sucedía en el pasado, manifestó.

Esta política tiene que aplicarse de acuerdo con las posibilidades y la coyuntura. “Si por el momento nosotros vemos y evaluamos que este es un tema coyuntural, obviamente que no hay que tocarlo, pero si esto se vuelve un tema estructural hay que revisarlo, porque no podemos vivir al margen del mundo; por el momento, Bolivia es el único país que no ha tenido ajustes”, afirmó.

Lo que se tiene que hacer es evaluar lo que va a ocurrir con el mercado internacional y ver cómo es que se va a responder ante esa eventualidad, precisó.

Lupo afirmó que a lo que el Gobierno apunta es a tener flexibilidad, lo que le permite adaptarse a una economía a los shocks externos, y que Bolivia, al abrirse al mundo, tiene que tener la flexibilidad para adaptarse a esos shocks externos; pero esa es una construcción que se da de a poco: se va a dar en la unificación cambiaria, en el mercado de los combustibles, en el mercado de bienes y servicios, en las exportaciones y en las remesas.

Estamos ante la posibilidad de subir la gasolina y el diésel; si se vuelve un problema estructural y el precio del petróleo se mantiene en los niveles actuales por mucho tiempo, definitivamente se tiene que revisar, sostuvo.

Eso va a generar un ambiente de malestar; por supuesto, es parte de las variables que hay que evaluar cuando se toma una decisión política. Esta es una decisión política, no solamente económica. Son parte de las variables y parte de gobernar, afirmó.

Respecto a la sostenibilidad de la subvención de los combustibles, dijo que no es cuestión de calcular el tiempo, sino de proyecciones y posibilidades. Esto hay que evaluarlo día a día y en el marco de las capacidades internas y externas, pero definitivamente el rumbo de nuestra economía tiene que ser abierto y flexible, que se adapte a los shocks externos.

Ante esta coyuntura, informó que se están haciendo esfuerzos, como la modificación del Presupuesto General del Estado, la reducción del gasto y las conversaciones con organismos para poder tener recursos de libre disponibilidad.

Igualmente, dijo que se busca disponer de los recursos para inversión que ya han sido comprometidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Mundial (BM) lo más pronto posible, porque son recursos para las regiones, para infraestructura, transporte, agua y desarrollo urbano que el país necesita, y no es para el Gobierno, sino para todas las regiones.

Con relación al Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo que normalmente lo que se hace con el Fondo es un acuerdo para poder tener recursos líquidos de libre disponibilidad que puedan ayudar a mantener las principales variables económicas y que permitan también certidumbre en el progreso de la economía.

En el caso del Fondo, no es que se pide un financiamiento, sino que se discute un acuerdo, y este incluye un financiamiento y reformas que hagan sostenible la economía boliviana; esa es una discusión que la lleva el Ministerio de Economía.