Ecuador votará si quiere mantener o dejar atrás la Constitución del expresidente Rafael Correa

EFE / Quito

Ecuador votará en el referéndum convocado para el próximo 16 de noviembre la iniciativa del presidente Daniel Noboa de establecer una Asamblea Constituyente, lo que en la arena política se traducirá en un pulso entre mantener o dejar atrás la Constitución de 2008, impulsada por Rafael Correa (2007-2017) tras su llegada al poder.

La Constitución de Montecristi se aprobó en 2008 mediante un proceso constituyente a iniciativa de Correa que sentó las bases de un modelo de Estado presidencialista y proteccionista que permitió al exmandatario desarrollar con mucha mayor facilidad su proyecto político, algo similar a lo que ahora pretende hacer Noboa.

En el momento que nació la Constitución de Montecristi, se dijo que estaba diseñada para durar 300 años, pero apenas 17 años después se jugará su existencia en una votación popular conforme se estipuló en su texto cuando alguien buscara cambiarla.

Ahora Noboa busca marcar su propio hito en la historia política de Ecuador y lograr una Constitución más a su medida que le permita más facilidad para poner en marcha su plan de reformas, especialmente en materia económica, judicial y de organización del Estado.

"Solo queda derrotarlo en las urnas», sostuvo en redes sociales Correa al confirmarse que la Corte Constitucional dio luz verde a la celebración del referéndum convocado por Noboa, quien ganó las dos recientes elecciones presidenciales con la candidata correísta Luisa González como rival en la segunda vuelta.

Este referéndum únicamente será el primer paso de un proceso constituyente que contendría unas elecciones nacionales para elegir a los integrantes de la Asamblea, que se encargaría de redactar la nueva carta magna ecuatoriana y, posteriormente, un tercer plebiscito para aprobar o rechazar la Constitución elaborada por esta cámara extraordinaria.

Más presidencialismo y liberalización económica

La nueva Constitución que alienta Noboa reforzaría el carácter presidencialista para concentrar sobre el jefe de Estado más poder, conforme ha buscado lograr a través de distintas consultas populares celebradas desde que llegó al poder en 2023, especialmente en materia de seguridad contra el crimen organizado, por el que declaró al país en ‘conflicto armado interno’ desde enero de 2024.

La administración de justicia también podría verse afectada, sobre todo luego de que el Gobierno comenzó a señalar públicamente a los jueces que, según el Ejecutivo, acostumbran a liberar a detenidos capturados por las fuerzas de seguridad y a quienes ha tildado de "enemigos" del país.