¿Otra vez el cuoteo político en la justicia?

La propuesta de LIBRE y de Jorge Tuto Quiroga de eliminar el actual modelo de elección popular de magistrados y devolver a la Asamblea Legislativa la facultad de designarlos amenaza con resucitar uno de los mecanismos más desprestigiados de la democracia boliviana: el cuoteo político. Lo que hoy se presenta como una alternativa al fracaso judicial puede terminar devolviéndonos al sistema que precisamente se prometió superar.

Del cuoteo político al fracaso del voto popular

Una de las principales justificaciones del MAS para reformar la justicia mediante la Constitución de 2009 fue acabar con el reparto de cargos judiciales entre los partidos de la democracia pactada. Durante los años noventa, las alianzas políticas no solo distribuían ministerios y cargos públicos: también se repartían las principales autoridades de las instituciones del Estado. Un partido designaba a determinados magistrados y otro obtenía una cuota equivalente. La independencia judicial quedaba subordinada a los acuerdos entre dirigentes políticos.

Para justificar el cambio, se sostuvo que la elección popular permitiría devolver al pueblo la decisión sobre quiénes debían administrar justicia. Chivi Vargas calificó el voto directo como una «revolución copernicana en materia de independencia judicial».

Pero la realidad desmintió aquella promesa. La elección popular no acabó con la dependencia política; en los hechos, contribuyó a reproducirla bajo nuevas condiciones. La justicia siguió expuesta a los intereses del poder de turno, como evidenciaron decisiones institucionales controvertidas durante los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce.

Al final el remedio fue peor que la enfermedad. Sin embargo, que el modelo vigente haya fracasado no significa que debamos regresar al pasado.

El cuoteo político vuelve a la Asamblea

La propuesta de LIBRE y Tuto Quiroga establece que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sean elegidos por dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cambio, remite el procedimiento a una ley que deberá considerar criterios de meritocracia, experiencia, ética y participación ciudadana.

La contradicción es evidente: ¿por qué establecer expresamente criterios meritocráticos y éticos para los magistrados constitucionales, pero no hacerlo de la misma manera para los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Acaso estos últimos no necesitan idénticas garantías de idoneidad e independencia?

La propuesta no explica satisfactoriamente esta diferencia. Y lo más preocupante es que vuelve a colocar en manos de los políticos la decisión sobre quiénes ocuparán las más altas magistraturas judiciales.

No hace falta mucha imaginación para advertir el riesgo: cuando los partidos negocian nombramientos, los acuerdos políticos pueden terminar pesando más que los méritos profesionales. El requisito de dos tercios no elimina ese peligro; incluso puede facilitar acuerdos de reparto entre fuerzas parlamentarias. Así, el cuoteo político de la democracia pactada podría resucitar con un nuevo ropaje constitucional.

La verdadera solución: nadie debe elegir a nadie

El problema de fondo es que seguimos discutiendo quién debe elegir a los jueces, cuando deberíamos preguntarnos cómo impedir que su carrera dependa de la voluntad de los políticos.

Nuestra propuesta parte de un principio radicalmente distinto: nadie debe elegir a nadie y mucho menos el poder político.

Planteamos una carrera judicial y fiscal que abarque desde los cargos inferiores hasta las máximas autoridades del sistema de justicia. Los abogados ingresarían mediante exámenes de competencia de alto nivel académico. Pero aprobar el examen de ingreso sería apenas el comienzo, no una garantía de ascenso ni un cheque en blanco para permanecer en el cargo.

La permanencia y la promoción dependerían de evaluaciones periódicas y rigurosas que examinen no solo los conocimientos jurídicos, la capacidad profesional y el desempeño, sino, sobre todo, la integridad ética y moral de cada funcionario. La honestidad, la transparencia y la conducta demostrada durante el ejercicio de la función serían condiciones esenciales para avanzar en la carrera.

Cuando exista una vacante en un cargo superior, esta deberá cubrirse mediante procedimientos internos de promoción, sujetos a nuevos exámenes, evaluaciones periódicas y requisitos rigurosos de experiencia, méritos profesionales e integridad ética y moral. Así, quienes aspiren a convertirse en magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, magistrados del Tribunal Constitucional o fiscal general deberán acreditar una trayectoria de 20, 25 o 30 años —según los requisitos del cargo— de ejercicio profesional competente, imparcial, honesto y transparente. ¿Quién mejor que un juez que ha demostrado durante décadas su integridad, independencia y probidad para merecer la confianza de la sociedad y asumir la máxima responsabilidad judicial? Resulta difícil imaginar que alguien que ha construido un prestigio profesional intachable durante toda una carrera esté dispuesto a echarlo por la borda ante una presión política, una amenaza o una dádiva.

No se trata de conceder cargos vitalicios sin control ni de crear una casta judicial intocable. Se trata de garantizar estabilidad e independencia, condicionadas al cumplimiento permanente de estándares profesionales y éticos, con evaluaciones transparentes, procedimientos disciplinarios y pleno respeto al debido proceso.

Bolivia no necesita elegir entre el fracaso de la elección popular y el retorno del cuoteo parlamentario. Necesita romper con ambos modelos y construir una justicia en la que los cargos no sean premios políticos, sino la culminación de una carrera profesional rigurosa.

La independencia judicial no se consigue cambiando a los políticos que eligen a los jueces. Se consigue impidiendo que los políticos decidan quiénes deben ser jueces.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.