La Constituyente presidencial: ¿salto al vacío o nueva oportunidad?

Convocar una Asamblea Constituyente no es solo un acto jurídico: es una prueba de liderazgo político. Bolivia puede repetir los errores del pasado o, aprendiendo de España y de su propia Constitución de 1967, abrir una oportunidad real de cambio democrático.

Un acto jurídico que es dinamita política

De acuerdo al artículo 411 de la actual constitución, el presidente tiene la potestad de convocar directamente mediante un simple decreto presidencial o un simple decreto supremo a un referendo que active la realización de una asamblea constituyente. En lo jurídico, parece un trámite sencillo, que depende única y exclusivamente de la voluntad presidencial, sin embargo, en lo político, es dinamita pura. Porque si un presidente se ve obligado a usar esa vía, lo que confiesa es su incapacidad de tejer acuerdos en el Parlamento. Es admitir que no logró concertar una mayoría parlamentaria, ni siquiera para aprobar una ley de convocatoria. Y un presidente aislado en la Asamblea, casi con seguridad, también lo esté en las urnas y lo que es peor, también en las calles. Convocar en esas condiciones es casi un salto al vacío.

El peligro es doble. Primero, porque la oposición podría articularse y derrotar la iniciativa en las urnas, infligiendo un golpe político devastador al Ejecutivo. Segundo, porque un revés de esa magnitud no solo hundiría al gobierno: podría abrir una crisis institucional que lo arrastre consigo.

La Constituyente no es neutral

El verdadero problema de fondo es que una Asamblea Constituyente nunca es neutra. Es el escenario donde cada sector —económico, social o político— busca blindar sus intereses particulares en la norma suprema. Nadie entra pensando en el bien común, sino en cómo garantizar su parcela de poder.

Bolivia ya vivió esa amarga experiencia. La Constituyente de 2006 fue un proceso traumático: un texto mal redactado, cargado de dogmatismo, aprobado en medio de violencia y polarización. Y, para colmo, el Parlamento —sin atribuciones para ello— terminó modificando más de cien artículos, convirtiéndose en el verdadero constituyente de facto. El resultado: la peor Constitución de nuestra historia reciente y una sociedad más dividida que antes. ¿De verdad queremos repetir ese desastre?

Como recordamos en nuestros artículos anteriores, ya habíamos analizado las distintas vías de activación de la Constituyente, habíamos visto las facilidades y dificultades de una reforma parcial o total, y advertido los riesgos de un proceso sin consensos.

Lecciones externas e internas

La historia de otros países y nuestra propia historia, muestran que se puede hacer algo distinto. España ofrece un ejemplo valioso. Tras la dictadura franquista, enfrentaba una polarización tan frágil como la nuestra. Pero en vez de imponer, apostó al pacto. La Constitución de 1978 no fue obra de un solo bando, sino fruto de un consenso amplio: comunistas, socialistas, liberales, nacionalistas y conservadores cedieron algo de sus programas para construir un marco común. Con todas sus imperfecciones, ese texto dio más de cuatro décadas de estabilidad democrática y seguridad jurídica. La lección es clara: las constituciones sólidas no se escriben desde el sectarismo, sino desde la visión de Estado.

Bolivia también tuvo un ejemplo interno con la Constitución de 1967. Ese texto consolidó las grandes reformas de la Revolución Nacional de 1952 y, al mismo tiempo, acogió inquietudes de otros sectores sociales y políticos. Su vigencia sólida por casi cuarenta años demuestra que una Constitución bien diseñada puede unir y proyectar al país. Incluso hoy, con actualizaciones puntuales —como la incorporación de las autonomías departamentales—, podría seguir funcionando como un marco confiable de gobernabilidad y estabilidad.

Una oportunidad que no está muerta

Con todo, la idea de una Constituyente no está muerta. Si el presidente diseñara un proceso breve, ordenado y racional, podría provocar un realineamiento de fuerzas opositoras al MAS que sí anhelan un cambio profundo en las reglas de convivencia democrática. En ese escenario, la convocatoria podría convertirse en una apuesta no solamente audaz, sino una apuesta imprescindible para corregir décadas de fallas institucionales y construir un nuevo pacto democrático, un paso obligado para abrir una verdadera ventana de cambio y modernización del país.”

Además, la coyuntura está plagada de problemas que la actual Constitución no ha resuelto: corrupción institucionalizada, justicia sometida, inseguridad jurídica, magistrados auto prorrogados, la degradación moral tanto de Morales como de Arce, la indefinición sobre la tierra, la disputa sobre símbolos patrios y la eterna tensión entre república y Estado plurinacional. Son asuntos demasiado graves para seguir postergando.

Cambio profundo o improvisación

Lo que debe quedarnos claro es que ningún cambio real será posible sin un rediseño profundo de las reglas del juego. Y eso implica necesariamente una nueva Constitución. El dilema está en cómo se convoca: si como una maniobra desesperada para salvar a un gobierno en declive, o como un proyecto de Estado capaz de fundar un nuevo pacto democrático.

En política, no es lo mismo encender una chispa que ilumine el camino, que provocar un incendio que lo devore todo.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360