La Ruta Constituyente: Consenso, Seguridad y un Plan B

El debate sobre una nueva Constitución ya está aquí. Más allá de las legítimas diferencias ideológicas, hay una pregunta práctica que no podemos eludir: ¿cuál es el camino más sensato para lograrlo sin que el proceso naufrague en la incertidumbre o la polarización?

Existe la posibilidad de diseñar una ruta que, con pragmatismo y visión de Estado, nos conduzca al éxito. Se trata de una vía sólida; una que prioriza la construcción de acuerdos por sobre la imposición y que incorpora una ingeniería legal técnicamente elaborada para hacer casi imposible el fracaso. Esta es la propuesta.

El corazón del proceso: un proyecto nacido del saber y no de la ideología

Cualquier vía que se adopte —legislativa o presidencial— debería comenzar con la creación de una Comisión de nueve constitucionalistas de prestigio indiscutible, encargados de redactar un anteproyecto serio, anclado en nuestra tradición constitucional pero abierto a las modernizaciones necesarias. La conformación de esta comisión debe combinar rigor científico y confianza política. Para ello, la Alianza Libre y el PDC, que obtuvieron la mayoría, podrían nombrar hasta dos constitucionalistas cada uno. Luego, Alianza Unidad, Alianza Popular, SUMATE y el MAS-IPSP designarían un constitucionalista por partido. Finalmente, el presidente de la república completaría la nómina con un noveno miembro.

Con una composición tan plural y cualificada, el resultado no sería una camisa de fuerza, sino una base técnica y sensata que guiaría el debate posterior, evitando que la Asamblea Constituyente parta de cero en medio de la pugna política, como lamentablemente ocurrió en nuestra experiencia constituyente más reciente.

Por qué la puerta del Congreso debe ser la primera en abrirse

Como hemos visto, se presentan dos vías para convocar la Constituyente: la del Parlamento y la del presidente. La lógica y la razón sugieren que tocar primero la puerta del Legislativo es la jugada maestra.

Imaginemos ese escenario. Lograr una mayoría absoluta en el Congreso para convocar la consulta popular, atendiendo a la composición actual y a los discursos de campaña, debería ser la más viable. Y ese es precisamente su valor: forzaría un acuerdo amplio y multipartidario, demostrando desde el inicio que la nueva Carta Magna es un proyecto de país, no solo del gobierno. Esta legitimidad de origen es un blindaje invaluable.

Pero, ¿y si no se logra el acuerdo? Aquí reside la particularidad del diseño: el fracaso en el Congreso no sería el final. Automáticamente, y sin trauma institucional, la batuta pasaría al presidente, quien activaría la vía presidencial. Es un "plan B" incorporado que garantiza que la voluntad de reforma nunca muera en el laberinto parlamentario, aunque, como señalamos en un análisis anterior, esta opción siempre puede convertirse en una caja de Pandora.

El premio mayor: la certeza de un final legitimado

Priorizar la reforma total de la Constitución sobre las reformas parciales, tiene una recompensa monumental. Si la Asamblea Constituyente, usando como guía el anteproyecto de los notables, aprueba un texto en el menor tiempo posible, este se promulgaría de inmediato. ¡Sin un segundo referendo! Esto elimina el riesgo de que meses de trabajo intenso sean frustrados en las urnas por una campaña del "no" que capitalice el desgaste inevitable de todo proceso constituyente, aspecto que no ocurre, cuando se opta por las reformas parciales.

Y esto no es una mera especulación; se sustenta en la naturaleza plenipotenciaria de la Asamblea Constituyente. Según la doctrina constitucional, una vez instalada, su autoridad es originaria y soberana. Si los asambleístas deciden que la nueva Constitución entre en vigencia de inmediato, esa decisión es la máxima expresión de la voluntad popular y tiene plena validez jurídica. Así entraron en vigencia todas las constituciones en nuestra historia.

Conclusión: la secuencia ganadora

La propuesta es clara y contundente: debemos intentar primero el camino del consenso legislativo. Es el que nos ofrece un proceso más legítimo, un resultado más estable y la tranquilidad de un cierre sin sobresaltos. Y si la política lo impide, tenemos lista la alternativa presidencial.

No se trata de elegir una u otra vía quemando naves. Se trata de secuenciarlas con inteligencia, usando una como opción preferente y la otra como respaldo estratégico. Es la hoja de ruta de quien quiere llegar a la meta, no solo de quien quiere empezar la carrera. Es el camino del pragmatismo sobre la pasión, de la construcción sobre la imposición. Es, en definitiva, el camino que podría llevarnos a tener, por fin, una Constitución cuya vigencia no sea cuestionada desde el primer día, y donde la prudencia de sus normas sea el seguro de una larga y respetada vida institucional para el futuro.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360