Crisis y transición: Bolivia busca su nuevo rumbo

Bolivia lleva más de un mes atrapada en una espiral de bloqueos, marchas, desabastecimiento e incertidumbre. Lo que comenzó como una protesta vinculada a problemas económicos terminó convirtiéndose en una crisis política de alcance nacional. Las carreteras bloqueadas, las largas filas por combustible y el aumento constante de los precios son apenas la parte visible de un fenómeno mucho más profundo. Detrás de la conflictividad actual se encuentra una disputa por el poder en medio del agotamiento de un modelo económico que durante dos décadas definió el rumbo del país.

La tentación es explicar todo por la falta de dólares, el combustible o la inflación. Sin embargo, las grandes crisis rara vez tienen una sola causa. También son fenómenos sociales, psicológicos e históricos. Cuando una familia descubre que su salario alcanza cada vez para menos, cuando un comerciante ya no sabe a qué precio repondrá su mercadería y cuando un transportista pasa horas buscando combustible, comienza a instalarse una sensación colectiva de frustración. La gente deja de preguntarse únicamente por qué suben los precios y empieza a cuestionar quién gobierna, cómo gobierna y hacia dónde está siendo conducido el país.

Desde una perspectiva histórica, Bolivia parece encontrarse al final de un ciclo. No se trata de una ley exacta, pero resulta difícil ignorar que los grandes modelos económicos bolivianos han tendido a agotarse después de aproximadamente dos décadas. El modelo estatista surgido tras la Revolución Nacional terminó colapsando en la crisis de los años ochenta. El ciclo liberal inaugurado por el Decreto 21060 dominó la política económica durante cerca de veinte años hasta el ascenso del MAS en 2005. Desde entonces, el país vivió una etapa marcada por una fuerte presencia estatal, nacionalizaciones, expansión del gasto público y protagonismo de las empresas públicas.

Sin embargo, a diferencia de otros momentos históricos, la transición actual tiene una característica particular. El modelo anterior comenzó a mostrar señales evidentes de agotamiento, pero la ciudadanía todavía no ha definido con claridad cuál debe ser el siguiente paso. Las elecciones de 2025 ocurrieron antes de que la crisis mostrara toda su dimensión. Muchos votantes acudieron a las urnas cuando aún existía la esperanza de que los problemas económicos pudieran resolverse sin transformaciones profundas. Hoy la situación es distinta. La escasez de divisas, los problemas de abastecimiento y la incertidumbre han colocado sobre la mesa preguntas que hace apenas un año parecían lejanas.

No obstante, sería un error asumir que la sociedad boliviana se encuentra lista para abrazar automáticamente una alternativa liberal. La memoria histórica pesa. Una parte importante de la población sigue asociando las privatizaciones de los años noventa con corrupción, pérdida de control sobre recursos estratégicos y beneficios concentrados en pocos sectores. Esa percepción puede ser discutida, pero existe y forma parte de la cultura política nacional. Por eso el debate actual no es solamente económico. También es un debate emocional e histórico sobre el papel que debe cumplir el Estado en el desarrollo del país.

Mientras la economía se deteriora, los actores políticos se reposicionan. Los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones que durante años tuvieron influencia dentro del aparato estatal buscan reorganizarse en un escenario completamente distinto. Algunos sectores intentan recuperar espacios perdidos. Otros simplemente procuran conservar capacidad de negociación. Lo cierto es que la conflictividad ha encontrado terreno fértil en una coyuntura donde muchos actores perciben que el gobierno atraviesa un momento de vulnerabilidad.

Y allí aparece uno de los problemas centrales. El gobierno parece carecer de la musculatura política y social que tuvieron otras administraciones en momentos de crisis. Posee la autoridad formal del Estado, pero no cuenta con una estructura partidaria sólida ni con una red de organizaciones capaces de movilizar apoyo territorial. Gobernar en tiempos normales puede ser posible bajo esas condiciones. Gobernar durante una crisis prolongada es mucho más difícil.

La percepción de fragilidad tiene consecuencias concretas. Cuando un gobierno es considerado fuerte, sus adversarios suelen actuar con prudencia. Cuando es visto como débil, los incentivos cambian. Las demandas aumentan, la presión se multiplica y distintos actores comienzan a probar hasta dónde pueden avanzar. Esto no significa necesariamente que todos busquen la caída del gobierno. Significa que perciben una oportunidad para fortalecer sus posiciones en un escenario incierto.

Sin embargo, existe otro actor que suele pasar desapercibido en medio del ruido político. Es la ciudadanía común, aquella que no milita en sindicatos, no participa en reuniones partidarias y tampoco aparece encabezando marchas. Son los trabajadores, comerciantes, estudiantes y profesionales que soportan diariamente las consecuencias de la crisis. Su paciencia tiene límites y su opinión terminará siendo decisiva. Ningún proyecto político podrá consolidarse si pierde definitivamente el respaldo de ese amplio sector de bolivianos que solo quiere estabilidad, oportunidades y una economía que funcione.

Por eso el verdadero debate de los próximos meses no será únicamente cómo levantar los bloqueos o quién gana la próxima pulseada política. La discusión de fondo será qué modelo económico, qué tipo de Estado y qué pacto social necesita Bolivia para las próximas décadas. Los conflictos actuales son apenas la manifestación visible de una transición más profunda.

La historia boliviana enseña que los momentos de crisis también son momentos de redefinición. Es posible que el actual gobierno, e incluso el siguiente, sean recordados como gobiernos bisagra, administraciones encargadas de gestionar el difícil paso entre un modelo que pierde fuerza y otro que todavía no termina de nacer. Lo que está ocurriendo en las carreteras y en las calles no es solamente una disputa coyuntural. Es la lucha por definir el país que emergerá después de la tormenta. Y como ocurre en toda transición histórica, nadie sabe con certeza cuál será el destino final, pero cada día resulta más evidente que Bolivia ya no puede seguir siendo exactamente la misma.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360