El Senado sanciona la ley de diferimiento de créditos y la remite al Ejecutivo para su promulgación

La Cámara de Senadores sancionó este miércoles el proyecto de ley de suspensión temporal de embargos y ejecución de sentencias de procesos judiciales por créditos de vivienda de interés social y diferimiento de créditos. La Cámara Alta remitió la norma al Ejecutivo para que el presidente Luis Arce la promulgue.

“La Cámara de Senadores sanciona el proyecto de Ley N° 547/2024-2025 C.D., ‘Ley excepcional de suspensión temporal de embargos y ejecución de sentencias de procesos judiciales por créditos de vivienda de interés social y diferimiento de créditos, otorgados para vivienda de interés social y créditos a las unidades económicas de tamaño micro y pequeña’”, reportó el Senado.

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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto en septiembre, por lo que solo quedaba el trámite de revisión en el Senado. En ese contexto, la Cámara Alta remitió la ley al Órgano Ejecutivo para que el Primer Mandatario realice la promulgación respectiva.

La vicepresidenta del Senado, Gladys Alarcón, quien presidió la sesión, anunció: "Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, (…) queda sancionada la presente ley y remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”.

La senadora agradeció la “voluntad y predisponibilidad” de los miembros de la directiva de la Cámara Alta y de los jefes de bancada, “que tuvieron la apertura y madurez política para agendar el tratamiento de esta ley”.

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“Esta ley es de mucha necesidad para los prestatarios que han estado preocupados por la falta de tratamiento, pero ahora la norma queda en manos del Ejecutivo para que pueda agilizar su reglamentación y ojalá lo haga a la brevedad posible”, afirmó.

Por su parte, uno de los representantes de los prestatarios agradeció la aprobación de la norma e indicó. "Esta ley beneficiará a más 1,2 millones de prestatarios, estarán fuera de la ley unos 600 mil, pero nosotros vamos a seguir luchando en beneficio de todo el sector", expresó.

Esta ley, para algunos sectores controversial, se aprobó en primera instancia en la Cámara de Diputados el pasado 12 de septiembre. Esta norma dispone que por un lapso de seis meses, computables a partir de su publicación, quedan suspendidos los embargos, remates, apoderamientos, ejecuciones de sentencia, y otras medidas judiciales vinculadas a los créditos.