Diputada Ballivián advierte que 800 exfuncionarios no deben salir del país, envió una lista a Migración

La diputada de la alianza Unidad, Andrea Ballivián, informó este viernes que la Contraloría General del Estado identificó a 800 exfuncionarios del anterior gobierno que, en cumplimiento de la Ley 1352, no pueden abandonar el territorio nacional durante los 90 días posteriores a la transmisión de mando. La legisladora explicó que se compartirá la información con Migración para verificar quiénes cumplen con la norma.

"Con mis atribuciones como diputada nacional, pedí un informe a la Contraloría, donde se detallan las exautoridades y funcionarios que deben permanecer tres meses en el territorio nacional. La norma establece que se debe garantizar la entrega de información a las nuevas autoridades, dentro de un marco de transparencia y en beneficio del Estado", explicó a Visión 360 la legisladora.

La lista incluye nombres de funcionarios como los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) autoprorrogados; el expresidente Luis Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca, así como todos los integrantes de su gabinete. Incluso, recalcó Ballivián, está el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, quien es fugitivo de la justicia desde principios de este mes y se presume que se encuentra en Brasil.

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"Mi interés radica en que, a raíz de la aprehensión del expresidente Arce, temo que muchas autoridades intenten salir del país. Pero no se trata de persecución política ni de hostigamiento, sino de la necesidad de que brinden información sobre la anterior gestión, algo que siempre es necesario, especialmente cuando hablamos de 20 años de un mismo partido al mando del país", sostuvo.

Por ello, se pedirá un informe a Migración para confirmar que se encuentren en el país, y espera que las autoridades correspondientes ejerzan con seriedad las atribuciones que tienen al respecto.

La lista también incluye a autoridades regionales que aún están en funciones, pero una vez realizadas las elecciones subnacionales deberán cumplir con la norma.

Algunos nombres no aparecen en el registro, como el del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, ya que renunció antes de la primera vuelta de las elecciones, por lo que los tres meses de prohibición ya han transcurrido. "Esta ley en concreto se refiere únicamente a los tres meses posteriores a la renuncia o cambio de autoridades. Para funcionarios que dejaron o fueron destituidos de sus cargos, rigen otras normas", aclaró.

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También aclaró que la lista no constituye denuncia alguna. No se trata de un instrumento de investigación judicial, sino de una herramienta para garantizar una transición ordenada.

Ballivián destacó que es esencial que todas las instancias del Estado, incluyendo las descentralizadas, se sometan a auditorías.

Asimismo, rechazó las acusaciones del arcismo y evismo de que la detención de Arce constituye persecución política. "Eso se puede decir cuando no hay pruebas, pero en este caso sí las hay. La justicia está cumpliendo su deber", puntualizó.