Fiscalía desvincula a más de 60 funcionarios que trabajaron durante la gestión de Mariaca

La Fiscalía General del Estado desvinculó a más de 60 funcionarios que trabajaron durante la gestión del exfiscal general Roger Mariaca, quien se encuentra detenido en la cárcel de Cantumarca. La medida forma parte de un proceso de reestructuración del Ministerio Público que alcanza a fiscales de todo el país.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, informó que los funcionarios recibieron o están recibiendo sus memorandos de agradecimiento de servicios. “Son más de 60 funcionarios a nivel nacional que están recibiendo o que han recibido su memorándum de agradecimiento”, afirmó, según Red Uno.

López explicó que el proceso busca “reconstruir” la institución y revisar la permanencia de funcionarios sobre los que existen antecedentes o denuncias. Asimismo, aclaró que la cifra de desvinculados podría aumentar en los próximos días.

La autoridad señaló que las salidas se ejecutan de manera gradual para evitar que la desvinculación simultánea de fiscales y otros servidores afecte el avance de las investigaciones en curso. “No queremos generarnos una retardación de justicia cuando lo que necesitamos es celeridad”, sostuvo.

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Dos exfiscales incluidos en la lista de EEUU

Entre los funcionarios desvinculados figuran Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental del Beni, y Julio César Porras Velarde, quien se desempeñaba como fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz. Ambos fueron incluidos en la lista de ciudadanos bolivianos a quienes Estados Unidos restringió la visa.

López indicó que los memorandos de ambos exfiscales tienen fecha del 20 de octubre de 2026, antes de que se conociera públicamente la nueva lista estadounidense. “Estos memorándums de agradecimiento son de fecha 20 de octubre del 2026”, sostuvo, según Red Uno.

El fiscal departamental aseguró que las desvinculaciones no se produjeron como consecuencia de la publicación de la nómina de Estados Unidos, sino que respondieron a antecedentes y denuncias que ya eran conocidos dentro del Ministerio Público.

Por su parte, el fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, señaló que se recopilan antecedentes para establecer si corresponde abrir investigaciones penales contra Balderas y Porras. “Quedan fuera ambos funcionarios públicos”, afirmó Urioste, según El Deber, al referirse a la desvinculación de ambos exfiscales.

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Las autoridades aclararon que la inclusión de una persona en una lista de restricciones migratorias de otro país no determina automáticamente su responsabilidad penal en Bolivia. “Si aparece algún elemento que amerite una investigación penal, sí; si no, de ninguna manera”, sostuvo Urioste.

En la misma línea, López manifestó que para iniciar una investigación en Bolivia deben existir elementos de convicción suficientes. “No podemos dar inicio a una investigación simplemente porque el vecino dice que usted cometió un hecho delictivo sin tener los elementos de prueba suficientes”, declaró la autoridad, de acuerdo con El Deber.