Bolivia sacudida por lista de autoridades y exautoridades de los tres poderes del Estado, el Ministerio Público y la Policía que perdieron su visa a EEUU

Los tres órganos del Estado boliviano fueron sacudidos este jueves con la difusión de una lista de 15 ciudadanos que cumplen y cumplían funciones en los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, además del Ministerio Público y la Policía Boliviana, que perdieron su visa de ingreso a Estados Unidos (EEUU).

Una vez que se conoció la lista, se registraron pedidos de renuncia de los nombrados. También se anunciaron investigaciones por parte del presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, y se registraron destituciones de dos fiscales de Santa Cruz por parte del fiscal general del Estado (a.i.), José Armando Urioste, mientras que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, pidió la renuncia de dos autoridades judiciales.

El Gobierno nacional se pronunció a través del vocero presidencial, José Luis Gálvez, horas después de haberse conocido la lista, y garantizó que no habrá protección ni blindaje absolutamente a nadie. Además, aseguró que el cargo no protege, la influencia no protege y el uniforme no protege.

La tarde de este jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos divulgó la lista, en la que se encuentran los diputados por la Alianza Libre, Rafael López, y por Alianza Popular, Rolando Pacheco, así como el hasta hace pocas horas director ejecutivo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Barboza.

También fueron afectados por esa medida el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada; el director del Servicio General de Identificación Personal (Segip) de Santa Cruz, Oscar Ortiz; el juez del TDJ de Santa Cruz, Julio Alba; los fiscales Félix Balderas y Julio César Porras, y el comandante departamental de Tarija, Freddy Pereira.

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Además, figuran el exfiscal general Juan Lanchipa, el exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la FELCN Fernando Velasco, la exdirectora general de Migración Katherine Calderón, el exjuez de ejecución penal José Ayaviri y el exfiscal de La Paz Armando Rojas.

Una vez que se conoció la lista, el jefe nacional de la Alianza Libre, Jorge Quiroga, demandó la separación de López de la Cámara de Diputados, con el argumento de que esa organización política es depositaria de más de 3 millones de votos de la población, mientras que el parlamentario anunció que defenderá su inocencia, su honor y su trayectoria.

Por su parte, el diputado de AP, partido que lidera el expresidente del Senado Andrónico Rodríguez, aseguró que tiene las “manos limpias” y sostuvo que está abierto a cualquier investigación.

Ante esta información, Lara se pronunció y pidió que los dos diputados sean remitidos ante la Comisión de Ética. También anunció que solicitará información sobre la lista de las 40 personas que perdieron su visa, porque, entre ellas, figurarían los nombres de dos ministros del gabinete del presidente Rodrigo Paz.

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Lara sostuvo que, después de tener toda la información de las personas que tienen prohibido ingresar a EEUU, no descarta iniciar acciones legales. Sin embargo, precisó que se debe conocer si tienen vínculos con el narcotráfico y otros delitos.

Urioste anunció desde Santa Cruz la destitución de los fiscales Balderas y Porras, después de haber recibido información previa sobre la situación de ambos funcionarios.

“Nosotros hemos tomado esa decisión, en base a algunos antecedentes que se tienen en el Ministerio Público y se ha agradecido el servicio de los dos funcionarios que trabajan en el Ministerio Público”, informó.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, por su parte, recomendó al presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti, y al vocal ordinario Julio Nelson Alba Flores presentar su renuncia, luego de conocer que ambos fueron incluidos entre los ciudadanos bolivianos alcanzados por las restricciones de visa impuestas por Estados Unidos.

Por su parte, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, horas después presentó su carta de renuncia a la Presidencia de esta institución. “Pongo en conocimiento de ustedes señores vocales, mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz”, sostiene parte de la misiva, difundida por varios medios de comunicación.

Otro de los funcionarios que se pronunció sobre lo sucedido fue Oscar Mauricio Ortiz, quien dejó la dirección del Segip de Santa Cruz y reveló que ocupó el cargo hasta el pasado 16 de octubre. Manifestó su sorpresa por la decisión asumida por EEUU contra él y su familia.

“Soy respetuoso de las leyes y normas de mi país y de las políticas de migración, lucha contra la corrupción y narcotráfico de gobiernos extranjeros , así como el apoyo que Estados Unidos le brinda a Bolivia”, sostiene parte de un mensaje en el que expresa su predisposición a colaborar en cualquier situación.

A las 19:30, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz reiteró que no dará “protección” ni “blindaje” absolutamente a nadie, advirtió el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien aseguró que se comparte con los aliados del Escudo de las Américas la lucha frontal contra las estructuras criminales que acosan a nuestros países.

Dijo que el Gobierno no actuará por imposición externa, sino por responsabilidad propia, y anunció que todas las personas mencionadas por el Gobierno de EEUU que desempeñaron funciones en algún momento de esta gestión fueron cesadas en sus cargos: algunas hace semanas y otras hace unos días. Se refirió así al exdirector de la UIF, Diego Barboza, quien fue destituido este jueves.

Advirtió que cualquier autoridad o exautoridad mencionada en esa lista deberá responder ante las instancias correspondientes si existen elementos que ameriten procesos judiciales. Además, remarcó cuatro principios en el tratamiento de este tema.

Manifestó que este Gobierno no encubrirá, no protegerá ni negociará la impunidad, pero que lo verdaderamente grave para Bolivia es que organizaciones criminales hayan penetrado instituciones encargadas de proteger a la sociedad, sostuvo.

En medio de esta crisis, Lara anunció que solicitará, vía Cancillería, que el Departamento de Estado de Estados Unidos entregue la lista completa de las 40 personas que perdieron su visa, ante versiones extraoficiales de que ministros del gabinete del presidente Rodrigo Paz estarían incluidos en ella.

“Queremos listas completas (…), no queremos que saquen a conveniencia a los que están también con la visa revocada y, más allá de eso, queremos saber por qué se les revoca, por hechos de corrupción, vínculos con el narcotráfico; hay que investigar”, afirmó.