Se debe ajustar al Estado y a la casta política, no al pueblo

Durante la campaña electoral existió un consenso sobre la necesidad de un ajuste socioeconómico tras dos décadas del modelo wiphaleño empobrecedor, particularmente en materia de subvención a los combustibles. Concebida originalmente para “proteger el poder adquisitivo de las familias bolivianas”, la subvención terminó distorsionando el mercado e incentivando el contrabando a gran escala y prácticas corruptas. La discrepancia, entonces, no estaba en el diagnóstico, sino en el método de implementación: ajuste de shock o gradualismo responsable para preservar la estabilidad inicial del nuevo Gobierno.

En esa línea, p.ej., el Programa de Gobierno de Manfred Reyes Villa planteó que Bolivia no requiere más endeudamiento. Con seguridad jurídica, puede captar divisas inmediatas desde cinco fuentes —minería, agroexportaciones, hidrocarburos, turismo y remonetización de dólares— para conformar un Fondo de Estabilización cercano a USD 50.000 millones. Este enfoque, denominado “Bolivia 180°”, combina orden cambiario, estabilización monetaria, disciplina fiscal e independencia técnica del BCB.

A ello se suma la propuesta técnicamente viable de gasolina y diésel a Bs. 5 sin subvención por cinco años, mediante alianzas público-privadas, compras directas a refinerías y contratos de largo plazo (FOB), reduciendo volatilidad, sobreprecios y garantizando abastecimiento y eficiencia.

Empero, en sentido contrario, el cogobierno Paz–Doria Medina ha incurrido en un autosabotaje político y administrativo al:

1. conservar intacta la obesa burocracia heredada, bajo un esquema de supuesta fusión ministerial que, en los hechos, multiplicó viceministerios con lógica prebendal;
2. mantener a un porcentaje significativo de funcionarios “evistas” y “arcistas” en cargos estratégicos del Ministerio de Hidrocarburos, YPFB, la ANH, entre otras entidades clave;
3. defender el Presupuesto General del Estado 2026 de matriz “arcista”, pese a defectos estructurales graves, como la persistente inyección de recursos públicos a empresas estatales crónicamente deficitarias o quebradas; y
4. postergar el pacto fiscal, necesario para revertir la lógica centralista y fortalecer de manera real a los niveles subnacionales del Estado.

Aterrizando en el Decreto Supremo N° 5503 de 2025, una de las mayores polémicas radica en que la población ha advertido que, al elevarse el salario mínimo nacional a Bs. 3.300, los expresidentes y exvicepresidentes —cuya renta vitalicia equivale a 10 SMN— incrementan automáticamente ese ingreso a Bs. 33.000 mensuales, sin contraprestación alguna. Se trata de un privilegio inmerecido, aprox. 1.733 % superior al “límite solidario mínimo” (Bs. 1.800) que perciben trabajadores de toda una vida.

Otra polémica se concentra en la supresión de la subvención a los combustibles, a saber:

Primero, en el plano jurídico, la Constitución es clara: el Art. 158.I.8) reserva al Legislativo la facultad de regular, modificar o suprimir subvenciones. En consecuencia, la eliminación de la subvención a los combustibles no puede disponerse por Decreto Supremo, sino exclusivamente por Ley, previo consenso parlamentario que le revista de legitimidad. Bajo este marco, el D.S. N° 5503 de 2025 incurre en extralimitación competencial y es nulo de pleno derecho conforme al Art. 122 CPE, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan.

Segundo, en el plano político, antes de “meterle nomas” un decretazo, correspondía una coordinación efectiva con los gobiernos autónomos para mitigar el impacto del alza tarifaria derivada de la quita de subvenciones, más aun considerando los antecedentes de conflictividad social de 2010 frente a medidas similares.

Finalmente, aunque el D.S. 5503 prevé mecanismos de “compensación” —calcados de los ensayos fallidos de 2010—, desde una perspectiva económico-jurídica resultan insuficientes mientras el poder adquisitivo del debilitado Bs. siga erosionado. Lo técnicamente responsable era estabilizar primero la macroeconomía, al menos durante un semestre, fortalecer la moneda e inyectar divisas, para recién entonces aplicar ajustes de manera gradual, previsible y socialmente sostenible.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360