¿Quiénes apoyan y rechazan la propuesta de ley antibloqueos? Conozca las posturas

La ley antibloqueos, impulsada por algunos parlamentarios dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), generó diferencias de posiciones en cuanto a su apoyo y rechazo. Desde el Gobierno consideran que la norma es necesaria, pero los sectores sociales señalan que atenta contra “sus derechos”.

La muestra de apoyo desde el Ejecutivo la dio el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien afirmó que “la posición nuestra es clara, no podemos apoyar los bloqueos definitivamente; si no apoyamos los bloqueos, apoyamos la norma antibloqueos”, señaló en una entrevista con El Deber.

Lissa Claros, legisladora de Libre, indicó que su intención es apoyar cualquier iniciativa legislativa que garantice los derechos fundamentales. “Creo que es fundamental tener una normativa que sancione a estos grupos radicales, pero eso no significa que estemos en contra del derecho a la protesta”, dijo.

"El bien mayor"

Claudia Mallón, asambleísta de APB-Súmate y quien presentó uno de los proyectos contra los bloqueos (hay al menos tres), sostuvo que “se debe garantizar el derecho a la protesta, pero no a los bloqueos, porque se debe pensar en el bien mayor, en millones de bolivianos que necesitan trabajar, que quieren progreso y que no pueden continuar con esa lógica de poner piedras en el camino”.

A esa posición también se sumó la senadora Tatiana Áñez, de Alianza Unidad, quien indicó que no se puede permitir “que se siga estancando al país a través de estas medidas”, por lo que una ley puede solucionar este problema. “El país pierde $us 20 millones por día de bloqueo, lo que es muy preocupante para la población, y nosotros como asambleístas tenemos que contribuir con soluciones”, afirmó.

La semana pasada, en la Cámara de Diputados, se presentaron tres anteproyectos de ley por los parlamentarios Israel Mérida (Libre), Carlos Alarcón y María José Soruco Chacón (Alianza Unidad).

Lee también: Tras pérdidas de $us 20 millones diarios, el Gobierno apoyará proyecto de ley para sancionar bloqueos

Además, una propuesta fue anunciada por el senador de Libre, José Ormachea. “Es más, yo esta semana voy a presentar también una modificación al Código Penal para introducir, dentro del Código Penal, la figura de exterminio poblacional, ¿a qué me refiero con exterminio poblacional? Al cerco a las ciudades”, afirmó el legislador.

Sin embargo, pese a estos anuncios y al apoyo de legisladores y del Gobierno central, existen posturas que rechazan las propuestas normativas.

Un rechazo reciente, dentro de las propias filas del oficialismo, fue expresado por el viceministro de Cooperativas, Pánfilo Marca, quien indicó que ve en las propuestas una medida injusta, porque el país se caracteriza por tener medidas extremas.

“En el país siempre nos hemos caracterizado por el tema de los bloqueos. ¿Por qué? Porque lastimosamente las diferentes autoridades que han pasado por el Palacio Quemado no hemos podido, tal vez, dar una respuesta más que todo esperanzadora a las diferentes necesidades que tenemos”, afirmó.

En el bando que se opone también está la Central Obrera Boliviana (COB) —que en días anteriores protagonizó e incitó a marchas y bloqueos en contra del ya abrogado Decreto Supremo 5503—, que lanzó una advertencia si se trata y aprueba alguna de las normas antibloqueos.

“Creemos que a este paso vamos a tener que retomar las medidas de hecho”, advirtió el ejecutivo del ente de los trabajadores, Mario Argollo.

La propuesta normativa —presentada por Alarcón— establece como objeto “los delitos y las penas para los bloqueos en las vías públicas que impidan o estorben el libre tránsito de personas, bienes y vehículos, y el régimen de garantías para el uso de la fuerza pública policial y militar, que intervengan en los puntos de bloqueo para restablecer el orden”.

Además, presenta sanciones como la privación de libertad de tres a seis años, pero señala que estas pueden agravarse a un periodo de cinco a ocho años si se “promueven, instiguen, planifiquen, organicen, financien, colaboren o dirijan” los bloqueos.

Lee también: Tras pérdidas de $us 20 millones diarios, el Gobierno apoyará proyecto de ley para sancionar bloqueos

Añade que aquellos bloqueadores que ejerzan violencia física contra civiles, policías o militares y que atenten contra bienes públicos o privados serán castigados con la privación de libertad de 10 a 20 años.

En cuanto a los daños que puedan ocasionar los bloqueos, la norma indica que las posibles víctimas pueden demandar la reparación de daños y perjuicios.

Además de esas posturas contra la propuesta normativa, desde el “evismo” señalaron que la iniciativa pretende “atarlos de las manos” para que no vuelvan a movilizarse.

“Las organizaciones sociales siempre hemos venido con marchas y bloqueos contra los gobiernos de derechas. Hoy, decimos a la Cámara de Senadores y Diputados, no pueden pedir eso, no pueden atarnos, somos libres, no podemos volver a gobiernos dictadores. Las movilizaciones son parte de las organizaciones sociales, los bloqueos, las marchas son parte de nosotros”, indicó la dirigenta de las Bartolinas, Juana Machicado, según un reporte de RKC.