COB rechaza propuesta de modificar la Ley del Trabajo y exige archivar debate de ley antibloqueos

En una reunión ampliada, la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) se declaró en estado de emergencia ante cualquier intento de modificar la Ley General del Trabajo y exigió al Legislativo archivar cualquier iniciativa que penalice los bloqueos, porque ve un trasfondo de “criminalizar el derecho a la protesta”.

Rodeado de la cúpula dirigencial, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, informó sobre las resoluciones tomadas en una reunión ampliada convocada para analizar la coyuntura política y económica, y fijar una posición sobre la intención del gobierno de Rodrigo Paz de modificar la Ley General del Trabajo.

Fue el propio presidente Paz quien, en una reunión con la dirigencia de la Central Obrera Departamental de Cochabamba, planteó modernizar la norma laboral que fue aprobada hace 87 años, en el gobierno del expresidente Germán Busch.

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En su artículo 46, esta establece el límite de la jornada laboral de 8 horas diarias, 48 semanales y la nocturna de 7 horas, entre otros derechos y obligaciones laborales vigentes desde entonces.

“Declaratoria de estado de emergencia contra la modificación de la Ley General del Trabajo”, establece parte de una de las resoluciones aprobadas sobre esta iniciativa planteada sin dar mayores detalles.

También exigieron a la Asamblea Legislativa Plurinacional archivar el proyecto de ley contra los bloqueos. En Diputados empezó el trabajo de articulación de tres proyectos de ley con el mismo tenor y un proceso de socialización de su contenido, por lo que su tratamiento quedó aplazado hasta por tres meses.

“Ley antibloqueo, cuyo trasfondo es la criminalización del derecho constitucional a la protesta”, se cuestionó en el documento, donde también se descartó cualquier relación de la actual dirigencia con el exdirigente encarcelado Juan Carlos Huarachi.

Huarachi fue trasladado de la cárcel de San Pedro de La Paz a la de máxima seguridad de Chonchocoro, precisamente porque se lo vinculó con las protestas de diciembre y enero en contra del decreto que anuló la subvención a los hidrocarburos.

Argollo aseguró que las decisiones de fines y principios de año fueron tomadas de forma orgánica y sin ninguna intervención de exdirigentes, por lo que calificó de “campaña política y difamatoria” el intento de relacionar al exdirigente Huarachi.