Chile: ¡ofrezco relaciones diplomáticas aquí y ahora!”

En 2004, durante la Cumbre de las Américas celebrada en Monterrey, el presidente Carlos Mesa y su homólogo chileno, Ricardo Lagos, protagonizaron un duro debate a propósito de la reivindicación marítima boliviana. Mesa, elocuente orador, hizo gala de su conocimiento histórico para poner en aprietos al mandatario chileno y exigió diálogo. Lagos, apoyado en la tesis chilena de la inalterabilidad del Tratado de 1904, sostuvo: “fue firmado y debe cumplirse”. Rechazó la consideración del tema en ese foro y, ante el pedido boliviano de apertura al diálogo, respondió: “Si de diálogo se trata, ¡ofrezco relaciones diplomáticas aquí y ahora!”.

Desde entonces no ha existido mandatario chileno, cualquiera fuese su ideología, que no haya sostenido la necesidad de reanudar relaciones diplomáticas con Bolivia. Incluso, durante la tramitación de la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia, el entonces canciller chileno Heraldo Muñoz afirmó que su país estaba dispuesto a restablecer relaciones diplomáticas “de inmediato, si hay voluntad política”. Más recientemente, antes de asumir la presidencia, Gabriel Boric declaró en una entrevista televisiva: “Sueño con ver, durante mi mandato, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Bolivia”.

Estos antecedentes evidencian que la postura chilena de reanudar relaciones diplomáticas con Bolivia es una constante y forma parte de una política exterior de Estado. No fue una idea exclusiva de los gobiernos de Lagos, Piñera, Bachelet o Boric; es la materialización de un propósito estatal que trasciende el leal saber y entender de los gobiernos de turno. Surge de un análisis político y estratégico del interés nacional y tiende a perdurar mientras dicho objetivo no se concrete. Por ello, es razonable anticipar que José Antonio Kast mantendrá el mismo lineamiento.

Como prueba, cabe recordar que, tras el fallo de 2018 de la Corte Internacional de Justicia, la Cancillería chilena convocó a un grupo de expertos para elaborar un documento sobre un nuevo relacionamiento bilateral post La Haya, el cual fue puesto en consulta a expresidentes y excancilleres. Aunque dicho documento no fue divulgado, es probable que contenga los lineamientos estratégicos de la política chilena hacia Bolivia.

Más allá de estos antecedentes, la cuestión central que debiéramos plantearnos es: ¿por qué la insistencia chilena en reanudar relaciones diplomáticas con Bolivia?; ¿qué persigue?; o ¿qué le incomoda?

La respuesta es relativamente simple. Aunque pueda parecer un asunto menor, la ausencia de relaciones diplomáticas plenas con Bolivia genera un costo reputacional para Chile. Desde la década de 1990, la política exterior chilena ha proyectado ante la comunidad internacional la imagen de “modelo latinoamericano”, sustentada en estabilidad institucional, democracia, desarrollo económico y una exitosa estrategia de inserción internacional. Esa imagen se ve erosionada cuando se percibe la ausencia de relaciones diplomáticas con un país vecino, lo que introduce una fisura narrativa. Es, definitivamente, una piedra en el zapato.

A pesar de que el fallo de la Corte Internacional de Justicia en 2018 representó un espaldarazo jurídico a la postura chilena, el caso no ha desaparecido del imaginario diplomático. Principalmente en el ámbito regional, permanece la idea de que Bolivia es un país enclaustrado como consecuencia de una guerra, lo que genera una asimetría y, consecuentemente, la percepción de que existe un asunto pendiente. Allí opera un factor psicológico, la simpatía intuitiva que suele inclinarse hacia el actor percibido como más débil.

Es por eso que la diplomacia chilena trabaja en busca del restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas, por supuesto sin condicionamiento alguno al tema marítimo. Discursivamente sostienen que no hay avances bilaterales debido a la ausencia de relaciones diplomáticas plenas. Esa afirmación es incorrecta, incluso sin embajadores, Bolivia y Chile han sostenido diálogos al más alto nivel: visitas recíprocas de cancilleres y reuniones presidenciales. El problema de los escasos avances no radica en la inexistencia de embajadores, sino en la falta de voluntad para alcanzar acuerdos sustantivos. Cuando esa voluntad existió, se lograron convenios, como el Acuerdo de Complementación Económica suscrito en 1992.

También tratan de encantar a autoridades, empresarios y formadores de opinión pública bolivianos con la supuesta concreción de resultados ampliamente beneficiosos tan solo con el intercambio de representantes. Es decir, esos embajadores, según ellos, serían una especie de reyes Midas, capaces de convertir todo lo que tocan en oro y en un tronar de dedos, superar décadas de desencuentros.

Hay que asumir una postura realista, consecuentemente, no cabe duda que corresponde avanzar en un diálogo que incluya todos los temas de interés de ambas partes. Sin embargo, dar el paso inmediato del restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas sería precipitado y un error.

En diplomacia, la cautela y la prudencia son claves. Chile debe dar muestras de una actitud cooperativa y demostrar disposición para solucionar los temas sensibles para Bolivia, y ambos deben actuar bajo una lógica de suma positiva.

Reanudar relaciones sobre la base de expectativas mágicas, es ingenuo, equivale a privilegiar la forma sobre el fondo y podría terminar normalizando también la ausencia de soluciones.

La política exterior de Bolivia hacia Chile y, en particular, la eventual reanudación de relaciones diplomáticas plenas, no puede quedar librada al impulso coyuntural de un gobierno ni a afinidades ideológicas circunstanciales. Debe ser una decisión que emane de una auténtica política de Estado, fundada en consensos nacionales de largo plazo y en una evaluación fría del interés estratégico del país. Oscilar entre gestos de acercamiento y posturas de rigidez según el clima político interno debilita la posición boliviana y erosiona su credibilidad externa.

La normalización diplomática, cuando sea oportuno, debe ser el resultado de una visión nacional compartida, sostenida y coherente, capaz de trascender gobiernos y garantizar continuidad, estabilidad y dirección estratégica.

*La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360