Vocal del TSE dice que la medida de un juez que suspende la difusión de encuesta puede sentar un nefasto precedente para la democracia

El fin de semana, el juez Diego Campero García, del Juzgado de Instrucción 1.º de El Torno, emitió una resolución mediante la cual prohíbe a los medios de comunicación la publicación de encuestas. Ante esto, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Goitia, señaló que el ente estará en la audiencia del próximo 17 de abril, ya que, si no se detiene esa actuación de la Justicia, puede sentar un precedente nefasto para la democracia del país.

“Si no se frena de raíz esta actuación, lo que se puede llegar a generar es un precedente absolutamente negativo, nefasto para la democracia boliviana”, señaló Goitia en contacto con Visión 360.

Explicó que, si la decisión se consolida, los jueces podrán decidir qué tipo de informaciones se podrán brindar y cuáles no; además —agregó el vocal— “de poder llevar a cabo modificaciones y alteraciones al calendario electoral de una forma que sea antojadiza, arbitraria y ajena al marco de atribuciones de los jueces”.

Confirmó que el ente electoral estará presente en la audiencia del próximo 17 de abril porque un eventual fallo adverso representa un peligro. Remarcó que la acción del juez Campero debe ser frenada porque, de fondo, tiene “un efecto perverso hacia el futuro”, lo que podría limitar y anular la “libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de difusión de información y sometiendo al Órgano Electoral a los dictados de jueces sin competencia”.

Campero García emitió la resolución durante el fin de semana, luego de una acción popular interpuesta contra el TSE, que fue presentada por María Elena Aramayo Quinteros, supuesta estudiante. El argumento de la persona que interpuso el recurso es que existe una desconfianza ciudadana hacia las encuestas.

“Esa difusión, en este momento decisivo del proceso electoral, tiene aptitud suficiente para incidir negativamente en la formación de la voluntad popular”, señala parte del documento difundido por El Deber.

Para Goitia, dicha resolución puede tener tres grandes “proyecciones preocupantes”. La primera: si se da curso a la decisión del juez, se podría impedir que estudios de opinión o encuestas puedan ser difundidos en el futuro, desconociendo el componente técnico que tiene el TSE para realizarlos, porque “hay un reglamento específico con exigencias técnicas que deben ser observadas por las empresas o entidades que lleven a cabo esto, y, por lo tanto, no es el capricho de un juez el que pueda ganar”.

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Un segundo efecto nocivo que dejaría la resolución es que es atentatoria contra los derechos que emanan de la Constitución Política del Estado en cuanto a las libertades de prensa, información y difusión de información, así como a su acceso.

“Porque así como ahora este juez se estrella contra la institución de una encuesta, puede llevar a cabo la modificación de otro tipo de tareas o actividades del programa electoral, por ejemplo, prohibir debates, prohibir la participación de ciertos actores en los debates, prohibir cierto tipo de actividades de campaña; entonces, no es el rol del órgano judicial ni del juez”, precisó Goitia a este medio.

El tercer efecto negativo, según el vocal, es que el juez se pondría por encima del TSE y se lo consideraría como el “presidente”, porque estaría llevando a cabo tareas que son propias de la Sala Plena.

“Lo que ha dispuesto este juez es precisamente eso; el peligro de este tipo de actuación es que terminaría empoderando a quien preside el Tribunal Supremo Electoral por encima de la sala plena, y eso va contra lo que establece la constitución boliviana”, expresó Goitia.