Organizaciones indígenas dan 48 horas al gobierno para abrogar Ley 1720 y anuncian marchas

Organizaciones indígenas originario campesinas de tierras altas y bajas elevaron un pronunciamiento frente a las decisiones estatales en el marco de la promulgación de la Ley 1720 de conversión de pequeña a mediana propiedad y dan un plazo de 48 horas para atender sus demandas, entre las que se incluye la abrogación de dicha normativa.

Las determinaciones están establecidas en un pronunciamiento público que contiene un pliego de cinco demandas centrales en materia de tierra y territorio. De no haber una respuesta, las organizaciones advierten con iniciar protestas y movilizaciones de hecho en distintas regiones del país.

“El nuevo paquete de leyes construido por el Órgano Ejecutivo para ´abrir el mundo a Bolivia e introducir a Bolivia al mundo’ no es otra cosa que abrir la puerta a proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables como el oro, minerales cítricos y tierras raras, litio; hidrocarburos; proyectos energéticos y de infraestructura, los cuales no reconocen los derechos fundamentales de los pueblos indígena originario y campesinos”, resalta parte del documento, de acuerdo con un boletín de prensa de la Fundación Tierra.

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El manifiesto fue trabajado por al menos 28 organizaciones del país, durante dos jornadas, en un evento que fue impulsado la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB).

El documento articula cinco puntos clave: la titulación colectiva de territorios indígenas aún pendientes; la abrogación inmediata de la Ley 1720 por considerarla inconstitucional; el respaldo a movilizaciones en defensa de la tierra en regiones como Pando y Beni; el respeto a los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales en procesos legislativos; y el rechazo a iniciativas que buscan la comercialización de bonos de carbono en territorios indígenas.

El pronunciamiento dejó en claro que la disputa no es únicamente normativa, sino política y territorial. Con demandas concretas, tiempos definidos y acciones anunciadas, las organizaciones advierten que la conflictividad en torno a la tierra podría escalar si no se producen respuestas inmediatas desde el nivel central del Estado.

Dicho escrito subraya que la exclusión del sujeto indígena originario campesino no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia que debilita la institucionalidad y limita la capacidad del país para responder a la crisis climática y económica con soluciones sostenibles.