Bolivia: el país que se beneficia de sus migrantes, pero no piensa en ellos

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional configuran un escenario económico adverso para Bolivia. Una contracción de -3,3% del PIB, inflación superior al 20% y un deterioro del empleo que podría elevar la tasa de desocupación al 4,5%.

En este contexto, es razonable prever que cientos de bolivianos de diversos estratos sociales, especialmente jóvenes y de menores ingresos, buscarán migrar a otros países, en busca de oportunidades.

Según el último censo de población y vivienda, entre 2001 y 2024, los emigrantes bolivianos están concentrados principalmente en Argentina 32,9%, seguida por España 18,7%, Chile 17,8%, Brasil 16,0% y Estados Unidos representa apenas el 4,5%. Se trata, por tanto, de una migración predominantemente regional, ya que más del 67% va a países vecinos y está vinculada a economías de menor productividad relativa.

En contraposición, cuando se analizan el origen de las remesas —según datos del Banco Central de Bolivia— el mapa cambia radicalmente. España con aproximadamente 30% y Estados Unidos con 26% lideran los envíos, mientras Argentina pierde relevancia. Esta divergencia confirma un hecho central, es que no existe correlación directa entre el número de emigrantes y el volumen de remesas. La variable decisiva no es cuantitativa, sino cualitativa: el ingreso, la formalización laboral y la inclusión financiera en el país de destino, son las determinantes.

El resultado es una ecuación estructuralmente ineficiente. Bolivia exporta población hacia economías de menor productividad relativa y depende, en términos de divisas, de economías donde tiene menor presencia, pero mayor capacidad de generación de ingresos. Esta es la primera distorsión.

La segunda, y más grave, es interna, estructural y debe ser necesariamente corregida, porque castiga inapropiadamente a quienes lejos de su tierra y seres queridos, buscan salir adelante. Es el esquema cambiario vigente que establece que todo dólar que ingresa por el sistema financiero sea convertido a bolivianos al tipo de cambio oficial (Bs 6,97), inferior a su valor real en el mercado. En términos prácticos, el migrante y su familia pierden poder adquisitivo por utilizar el canal formal. La respuesta de los emigrantes es racional, hay que evitar el sistema. Los envíos mediante viajeros, redes familiares y mecanismos informales sustituyen a la banca, con los riesgos que ello implica.

En ése escenario la variable geográfica es determinante. La cercanía con Argentina, Chile y Brasil facilita el uso de canales informales, mientras que la distancia con España o Estados Unidos no produce una otra opción que utilizar los mecanismos formales, a pesar de la pérdida de valor y costos de transacción que ello implica.

Por lo anterior, una primera conclusión es  que el Banco Central en sus estadísticas registra solo una parte del flujo real de remesas, mientras que una proporción creciente de divisas circula fuera del sistema financiero. En lugar de fortalecer la intermediación, la política vigente la debilita y lo triste es que no existe una asociación de emigrantes que los represente, como tienen los bancos - a través de Asoban - y al gobierno esta relación inequitativa parece no importarle. Eso no es descuido. Es cinismo institucionalizado. Y mientras siga así, el país no tendrá una crisis de dólares: tendrá una crisis de coherencia.

En síntesis, el factor decisivo sigue siendo el incentivo económico, cuando el sistema penaliza al migrante, este evita el sistema.

Es lamentable, pero a pesar que Bolivia se beneficia de las remesas y las necesita, no genera condiciones equitativas para canalizarlas eficientemente. El problema de fondo es la ausencia de una política de Estado hacia la diáspora boliviana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores es el que tiene la función de desarrollar una política para los migrantes, pero mantiene un enfoque solo consular administrativo; es decir limita sus funciones a la otorgación de documentos, como certificados, pasaportes y otros. El migrante es visto solo como sujeto de protección consular, y no como actor económico estratégico.

Es necesario incorporar nuevos mecanismos de asistencia y asesoramiento consular en materia financiera. El ejemplo a seguir es México que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y en coordinación con la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros – equivalente a la ASFI-), ha desarrollado una política activa de inclusión financiera de su diáspora. México no solo se beneficia de las remesas, las integra en su estrategia de desarrollo.

El problema de Bolivia no solo es la falta de divisas, sino la falta de una política que piense en quienes las generan y no solo son los exportadores, sino también los migrantes.

La solución no exige inventar nada nuevo, sino dejar de simular. Se necesita corregir la distorsión cambiaria que castiga al migrante; reconfigurar un rol consular que hoy reduce a la diáspora a una fila para obtener documentos; e integrar a quienes envían divisas en una verdadera estrategia de desarrollo, no en un discurso de ocasión. Persistir en el modelo actual no es una simple inercia burocrática: es una decisión política que sostiene una contradicción insostenible. Bolivia se beneficia cada mes del esfuerzo y la lejanía de sus migrantes, pero se niega a pensar en ellos como actores estratégicos.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360