Una maquinaria digital opera en Bolivia en busca de que se anule la Ley 348, una conquista histórica de las mujeres en la lucha contra la violencia

“¡Yo soy Hanalí!” fue una de las frases que retumbó en las voces de ciudadanos, especialmente mujeres, tras el cruel asesinato de la periodista Hanalí Huaycho, ocurrido el 11 de febrero de 2013, un lunes de Carnaval, a manos de su esposo policía y frente a su hijo de cinco años. Este crimen sacudió a la sociedad boliviana y, casi un mes después del hecho, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348), una norma que se construyó durante años de lucha y trabajo de mujeres y organizaciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Bolivia.

Hoy, tras 13 años de su promulgación, la Ley 348 se ha convertido en el principal blanco de una maquinaria digital que, con la difusión de contenidos y mensajes de desinformación, busca su anulación. Esta ofensiva sin tregua se desarrolla en redes sociales y detrás de ella están grupos alineados con posturas conservadoras. La arremetida contra esta norma no se limita al espacio virtual; también se materializa en la organización de marchas, la recolección de firmas y la presentación de proyectos de ley. Especialistas y activistas alertan que, en caso de eliminar esta ley, se produciría un grave retroceso en la protección de los derechos de las mujeres en el país.

Una investigación, elaborada por este equipo periodístico, identificó y analizó 40 cuentas en TikTok y Facebook utilizadas activamente para difundir contenidos y mensajes basados en desinformación, con el objetivo de promover de manera sistemática la anulación o la abrogación de la Ley 348. Para este trabajo, se realizó un seguimiento de las cuentas identificadas durante los últimos seis meses.

De acuerdo con los datos recolectados, el análisis logró identificar que, a través de estas cuentas, se difunden 10 mensajes falsos y engañosos recurrentes para atacar la Ley 348 y conseguir su anulación, entre los cuales cinco son los principales: se sostiene que, para aplicar esta normativa, no se necesitan pruebas; que la gran mayoría de las denuncias presentadas son falsas; que las cárceles están llenas de hombres acusados en el marco de esta ley; que se trata de una norma que destruye familias; y que su objetivo es quitar el patrimonio a los hombres. (Ver infografías)

En las cuentas, con el objetivo de generar un impacto visual, estos grupos elaboran mensajes con imágenes y frases alarmistas, como calificar a la Ley 348 de “destructora de familias” o presentarla como un mecanismo de extorsión. Además, en las gráficas digitales, para provocar una reacción emocional inmediata en la gente, utilizan consignas como “Basta de denuncias falsas”, “Justicia para los hombres”, “Ni uno más”, “Nos despojan de nuestros bienes”, “Destruye familias” y “Si eres hombre, con la simple declaración de una mujer, puedes ir a la cárcel”. Además, comparten etiquetas que instan a viralizar contenidos que exigen castigos para las mujeres que supuestamente realizan acusaciones sin fundamento.

Esta ola de desinformación, promovida en 40 cuentas de TikTok y Facebook con el objetivo de impulsar de manera sistemática la anulación de la Ley 348, genera alerta entre especialistas y defensoras de derechos humanos. “Nos preocupa que se haya ido generando, primero, una narrativa en contra de la Ley 348, en varios casos, sobre argumentos y datos que no son reales”, afirma Mónica Baya, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos y coordinadora nacional de la Alianza Libre Sin Violencia.

Según Baya, uno de los ejemplos más recurrentes es la afirmación de que la mayoría de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios del país se encontrarían allí por culpa de la Ley 348 y no por sus propios actos. Este argumento suele aparecer acompañado de porcentajes que no corresponden a la realidad.

“Hasta el año 2024, menos del 6% de las personas privadas de libertad se encontraban en esa condición por el delito de violencia familiar o doméstica. Sin embargo, en redes han circulado datos que señalan que el 70% o el 80%, es decir, la mayoría de las personas privadas de libertad, lo están por este delito, denunciadas por sus parejas o exparejas. Eso es claramente verificable a partir de los datos que emite Régimen Penitenciario”, explica.

Baya asegura que también se ha difundido la idea de que muchas denuncias por este delito responderían a venganzas o conflictos de pareja, lo que habría llevado a hombres a la cárcel. No obstante, señala que las estadísticas penitenciarias muestran otro panorama. “El delito por el que existe mayor cantidad de hombres privados de libertad en el país es la violación a infante, niño, niña o adolescente. Tiene que ver también con el endurecimiento de la aplicación de las medidas cautelares en nuestro país con relación a ese delito. Después se encuentran los delitos vinculados a la Ley 1008 y los delitos patrimoniales”, afirma.

En contraste, el delito de violencia familiar o doméstica representa un porcentaje mucho menor. “Menos de 2.000 personas privadas de libertad están por este delito. Entonces, eso no condice con los datos que, de manera ligera —y tal vez incluso irresponsable— se han estado manejando, porque se difunde información que no coincide con las estadísticas oficiales del país”, asegura Baya.

Otro de los argumentos que circula a través de estos grupos en redes sociales es que entre el 80% y el 90% de las denuncias por violencia serían falsas. Sin embargo, según la especialista, no existe una fuente oficial que respalde esa afirmación. Aunque pueden existir casos concretos, muchas de estas afirmaciones se basan en relatos difundidos a través de medios de comunicación o redes sociales, pero no en estadísticas verificadas.

En este punto, Marlene Choque, docente e investigadora del Instituto de Investigación de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Mayor de San Andrés (IPICOM-UMSA), señala que no se puede comparar un caso aislado con la magnitud de la violencia estructural que revelan las estadísticas nacionales. “Estos discursos son parte de un activismo internacional que teme a la diversidad sexual y a la autonomía femenina", sostiene.

Para que una denuncia sea considerada falsa o una simulación de delito, explica Baya, el caso debe llegar a la justicia penal y concluir con una sentencia que determine que la persona denunciante incurrió en ese delito. “Si analizamos los datos de 2023 de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), no encontramos ninguna denuncia vinculada a simulación de delito o denuncia falsa en casos de violencia familiar o doméstica, contemplados en la Ley 348. Sí existen registros en otros ámbitos, como delitos patrimoniales, pero no en relación con esta norma”, señala.

Considera que los datos que suelen difundirse en redes sociales no reflejan la realidad. Muchas veces, estas afirmaciones se relacionan con la cantidad de casos que terminan en rechazo o sobreseimiento por parte del Ministerio Público.

Sin embargo, Baya explica que un caso rechazado no necesariamente implica que la denuncia sea falsa. En algunos casos puede ocurrir porque el Ministerio Público determina que el delito no existió, pero en muchos otros intervienen factores estructurales del propio sistema de justicia. Entre ellos se encuentran los costos del proceso, el tiempo que demandan las investigaciones, las presiones de la pareja o del entorno familiar, la dependencia económica o emocional de la víctima respecto al agresor y las dificultades para sostener el proceso judicial. Estos factores, señala la especialista, muchas veces provocan que las mujeres desistan de continuar con la denuncia o que la investigación no avance adecuadamente.

“También ocurre que la fiscalía no siempre cumple con su rol de investigar de oficio estos hechos, que deberían esclarecerse para determinar la verdad y establecer responsabilidades si el caso llega a juicio”, añade.

En la práctica, muy pocos casos llegan a una sentencia. “Solo cinco de cada 100 concluyen con una sentencia”, advierte Baya. Este dato, sostiene, refleja un alto nivel de impunidad en el país en relación con la violencia contra las mujeres.

Otro de los mensajes engañosos que difunden estos grupos es que la ley "privilegia" a la mujer o que rompe la presunción de inocencia. Según la especialista, quienes plantean la abrogación se equivocan al creer que ciertos estándares son exclusivos de la Ley 348. Muchos provienen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del bloque de constitucionalidad.

Por ejemplo, el principio de debida diligencia obliga al Estado a investigar; la carga de la prueba no debe recaer solo en la víctima, sino en el Ministerio Público, explica Baya. El principio de credibilidad de la víctima no significa "denuncia y directo a la cárcel", sino que se le debe creer para iniciar una investigación seria. Estos estándares no van a desaparecer aunque se elimine la ley, porque son compromisos internacionales vinculantes.

Tania Sánchez Montaño, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer en Bolivia, explica que los discursos que afirman que la Ley 348 es “antihombre” o que destruye familias responden a una resistencia de un sistema patriarcal. “La violencia de género tiene una base estructural”.

“Nosotras quisiéramos que no exista la ley, porque eso significaría que no existe la violencia. Pero los datos muestran que la violencia sí tiene género y afecta principalmente a las mujeres. En Bolivia, lamentablemente, la violencia contra las mujeres es una realidad cotidiana. Por eso es necesario mantener y fortalecer la ley”, dice Sánchez. Además, hay nuevas formas de violencia, como la digital, y discursos que normalizan el control como una forma de amor. Frente a eso, es necesario construir una contra narrativa cultural.

Sánchez resalta que la Ley 348 no divide a las familias y explica que tampoco es cierto que una persona denuncie y automáticamente se detenga al denunciado.  La ley no vulnera el derecho a la presunción de inocencia, afirma. 

“Lo que ocurre es que se están malinterpretando aspectos de la ley y se le atribuyen problemas que corresponden a otras normativas, como el Código de las Familias. Por ejemplo, temas de pensiones o régimen de visitas no tienen que ver con la Ley 348”, explica la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer. 

Los datos muestran que cada día se denuncian más de 100 casos de violencia, principalmente contra mujeres. De estos, al menos 30 corresponden a violencia sexual contra niñas y adolescentes. En 2025 se registraron 81 feminicidios y, en lo que va del año 2026, ya suman 25. “Esto evidencia que la violencia es un problema grave y persistente”, afirma.

Cuatro estrategias identificadas: quiénes son y cómo operan

Según la investigación, de las 40 cuentas de TikTok y Facebook identificadas por promover la abrogación de la Ley 348, el 50% pertenece a grupos conservadores, el 30% a fundaciones y asociaciones, y el 20% a activistas alineados con posturas conservadoras. 

Detrás de estos grupos y sus cuentas hay tres actores clave; es decir, el liderazgo está compuesto principalmente por abogados, personas que se presentan como familiares de hombres que supuestamente son víctimas de la normativa y activistas con características del movimiento provida, de acuerdo con la recopilación y el análisis de datos. (Ver infografía)

Esta combinación de perfiles técnicos y emocionales —de acuerdo con la recopilación y revisión de datos— permite a estos grupos dotar a sus mensajes de una apariencia de legitimidad y urgencia social frente a su audiencia.

Para Marlene Choque, docente e investigadora del Instituto de Investigación de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Mayor de San Andrés (IPICOM-UMSA), estos grupos que buscan la abrogación de la Ley 348 “son expresiones de una resistencia estructural”. “La violencia contra las mujeres no es un problema aislado, sino parte de una sociedad históricamente desigual y violenta”, asegura. “Bolivia continúa entre los países con mayores índices de violencia en la región, especialmente en violencia intrafamiliar y feminicidios. En muchos casos, estos feminicidios son “íntimos”, es decir, cometidos por parejas o exparejas, lo que evidencia que el problema está en las relaciones cotidianas y en estructuras profundas de poder”, explica.

Estos grupos y actores ejecutan cuatro estrategias específicas de captación plenamente identificadas en el análisis. No solo se limitan a la difusión de videos o banners, sino que ofrecen ayuda jurídica o legal gratuita “para atraer a hombres en situaciones de conflicto legal”, según la investigación periodística.

Además, trasladan su discurso contra la Ley 348 al plano físico mediante la organización de marchas, la recolección de firmas y la promoción de protestas tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios. (Ver Infografía)

“Te denunciaron falsamente y no sabes cómo protegerte” es la frase publicada en la cuenta de TikTok Voces de la verdad. Con este tipo de mensajes, los grupos y fundaciones identificados ponen en práctica la primera estrategia.

En una segunda estrategia, estos grupos convocan a marchas para exigir la anulación de la Ley 348. “Hermano víctima no estás solo, te invitamos a sumarte a nuestra organización 'Ni uno más' por falsas denuncias ante la Ley 348. ¡La violencia no tiene género! ¡No todos los hombres son violentos! Luchemos juntos hasta la abrogación de la Ley 348”, se lee en uno de los panfletos entregados durante sus movilizaciones.

En una movilización convocada por redes sociales y que se desarrolló el 9 de septiembre de 2025 por el denominado Día Mundial contra las Falsas Denuncias, un grupo de personas marchó por el centro de la ciudad de La Paz; entre ellos se encontraban activistas y personas que revelaron que eran familiares o víctimas de la Ley 348, quienes afirmaron haber sido acusados falsamente por mujeres. “Jueces, fiscales, la misma porquería” y “Abrogación, abrogación”, gritaban.

Uno de los líderes de la marcha fue Erick Alí, presidente de la Federación de Víctimas de Denuncias Falsas en Bolivia, quien explica en una entrevista en septiembre de 2025 que la organización tiene un año de vigencia, ya que el año pasado iniciaron sus movilizaciones y lograron, según señaló, que se pudiera tratar con la anterior Asamblea Legislativa una modificación y mesas de trabajo; sin embargo, afirma que esta instancia no hizo nada frente a lo que consideran leyes que violan los derechos humanos y constitucionales.

Alí asegura que están “pidiendo en primer lugar la abrogación de la Ley 348, es decir, la anulación de esa ley”. “Toda vez de que por los vacíos jurídicos que existen en esa ley, se han promovido las denuncias falsas. Tenemos en Bolivia más de 60.000 personas hasta el año pasado (2024) que han estado privadas de libertad de manera injusta”, dice. “De esos 60.000, el 70% son casos de denuncias falsas en Bolivia”, afirma e indica que todos los casos son por la Ley 348.

De acuerdo con el activista, “la Ley 348 hace que, por el principio de informalidad, una persona pueda denunciar a otra por supuestos abusos ocurridos hace un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve o diez años atrás”. “¿Será justo denunciar después de 10 años? ¿Acaso cuando se comete un delito no se debe denunciar en ese mismo momento o al día siguiente? ¿Por qué esperar?”, se pregunta.

Alí también cuestiona “por qué esperar, señalando que ello evidenciaría una posible intención de denuncia falsa, especialmente cuando se adjuntan documentos que podrían corresponder a otros hechos, como una caída, y se presentan en fotocopia atribuyéndolos a una persona específica”. En ese contexto, indica “que, por el principio de credibilidad de la denuncia, el Ministerio Público admite estos casos y, como medidas de protección, dispone que el varón abandone el domicilio, no se acerque a la persona denunciante y, si tiene familia, tampoco a su entorno familiar”.

Como tercera acción, también iniciaron la recolección de firmas con el mismo objetivo.  No es lo único. Como cuarta estrategia, convocan a familiares y seguidores para organizar protestas dentro y fuera de las cárceles.

En la ciudad de Sucre, este equipo periodístico visitó la Casa del Hombre, donde su directora, la abogada Marvia Georbana Subirana Carrasco, explica que la Ley 348, tal como está estructurada, no presenta problemas; sin embargo, señala que las dificultades se dan en la operatividad de esta norma. “La Ley 348 resulta ser una ley parcializada, una ley que apoya a mujeres, niñas, niños y adolescentes; los hombres, ante esta ley, no son considerados, no tienen derecho a exigir ni a preparar y presentar pruebas”, afirma.

“Como Casa del Hombre, la posición ha cambiado desde hace un año y hemos venido (proponiendo) que es necesario abrogar esta ley, porque realmente la vida de los hombres corre peligro”, advierte Subirana Carrasco.

Ley 348: una conquista en la lucha colectiva contra la violencia hacia las mujeres

El 11 de febrero de 2013, lunes de Carnaval, la periodista Hanalí Huaycho fue asesinada con 13 puñaladas por su esposo, el policía Jorge Clavijo, en presencia de su hijo de cinco años. Este crimen impactó a la sociedad boliviana. Cientos de ciudadanos, en especial mujeres de todas las edades, salieron a marchar exigiendo justicia para la periodista y medidas efectivas para el cese de la violencia contra las mujeres. El grito de todos era: “¡Yo soy Hanalí!”.

Debido a la conmoción social que causó la muerte de la periodista, el Gobierno aceleró la aprobación de la Ley Integral de Protección a la Mujer 348 para reducir los casos de violencia contra las mujeres. La norma, promulgada el 9 de marzo de 2013 por el presidente Evo Morales, establece una pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para los asesinos de mujeres. Definió también la creación de juzgados y fiscales especiales, y de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) para atender de forma exclusiva a las víctimas de violencia.

Años antes del cruel asesinato de Hanalí, organizaciones de mujeres, defensoras, activistas y feministas comenzaron una lucha y un trabajo de hormigas, de constancia y firmeza, con el objetivo de prevenir, proteger y sancionar la violencia hacia las mujeres. Muchas veces no fueron escuchadas, pero no se rindieron.

El proceso de construcción de la norma se inició antes de 2006 con el objetivo de construir una ley integral que aborde distintas formas de violencia, no solo la intrafamiliar, como hacía la Ley 1674.

“Fue un proceso largo y colectivo. La muerte de la periodista Hanalí Huaycho en 2013 fue el hecho que terminó de acelerar la aprobación en la Asamblea Legislativa”, recuerda Mónica Baya, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos y coordinadora nacional de la Alianza Libre Sin Violencia.

En los años 90 ya existía la Ley 1674, con un enfoque más familiarista. La gran diferencia es que esa ley trataba la violencia como un asunto privado. La Ley 348 establece que la violencia no es un tema privado, sino público y penal. Es decir, es sancionable.

“Antes, por ejemplo, los feminicidios no se reconocían como tales y podían tener penas muy bajas. Ahora se tipifican como delitos graves. Además, la ley aborda no solo la sanción, sino también la prevención, investigación y reparación. Sin embargo, uno de los mayores problemas es que no se ha avanzado lo suficiente en la prevención”, explica Tania Sánchez Montaño, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer en Bolivia.

Para construir la normativa, se revisaron compromisos internacionales como la Convención de Belém do Pará. Se identificaron grandes deficiencias en el sistema: falta de protección, reincidencia y escasa respuesta institucional.

Además, se realizó un diagnóstico con organizaciones de la sociedad civil y se vio la necesidad de una ley que generara políticas públicas y prevención.

Un hito fundamental fue la visibilización del feminicidio. Antes de la Ley 348, se aplicaba a menudo la figura de "homicidio por emoción violenta", con penas muy bajas bajo el argumento de "causas de honor". Con la 348, el feminicidio entra al Código Penal como un delito autónomo con la pena máxima de 30 años.

Entre las organizaciones pioneras que impulsaron la creación de esta normativa están el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, que estuvo desde el inicio; el CIDEM, que impulsó la visibilización de los feminicidios antes de que se tipificaran; la Coordinadora de la Mujer, la Comunidad de Derechos Humanos, y el Foro Ciudadano de Articulación de Mujeres por la Equidad e Igualdad (AMUPEI), que fue clave en la socialización nacional.

“La Ley 348, una respuesta a una necesidad urgente”

La violencia familiar, doméstica y sexual afecta principalmente a mujeres. El 95% de las víctimas de violencia sexual son mujeres, y más del 90% en violencia familiar también, explica Mónica Baya, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos y coordinadora nacional de la Alianza Libre Sin Violencia.

Según las defensoras, la violencia por razón de género afecta desproporcionadamente a las mujeres, por lo que se requería una respuesta específica del Estado. Sin embargo, todas las especialistas entrevistadas coinciden en que la ley ha tenido limitaciones en su implementación: insuficiente presupuesto, falta de fortalecimiento institucional y debilidades en el sistema de justicia.

Por ejemplo, muchas mujeres deben trasladarse entre municipios para denunciar o hacer seguimiento a sus casos, lo que vuelve inaccesible la justicia. Esto genera abandono, aunque en realidad es el sistema el que las expulsa.

“El problema de fondo es la necesidad de una reforma estructural del sistema de justicia”, sostiene Baya.

Uno de los principales logros es la visibilización del feminicidio y su sanción con penas más altas. Desde la promulgación de la norma hasta el 1 de abril de 2026, se registraron 1.361 feminicidios. (Ver infografía 4)

También hubo avances institucionales, como el fortalecimiento de la FELCV, el desarrollo de protocolos y la implementación de medidas de protección.

Se han eliminado figuras legales problemáticas, como el rapto con fines matrimoniales, y se han incorporado delitos como el acoso sexual. Sin embargo, persisten muchas limitaciones en recursos, infraestructura y acceso a la justicia. En ese contexto, el trabajo de organizaciones que acompañan a las víctimas resulta fundamental para garantizar la aplicación efectiva de la norma.

Ante ello, surge una pregunta clave: ¿por qué instituciones como el Centro Gregoria Apaza asumen esta labor y qué las motiva a sostenerla? Desde la experiencia cotidiana, Silvia Beatriz Chambi, técnica de proyectos y asesora legal del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, explica que su principal impulso es el contacto directo con los casos de violencia. Señala que al centro llegan mujeres, no solo de la ciudad de El Alto, sino también de áreas rurales, muchas veces con sus hijos, indicando que han sido víctimas de violencia física, psicológica y económica. “Muchas ya no pueden soportar esas situaciones y buscan orientación sobre qué hacer y a dónde acudir. Esa necesidad constante es lo que nos impulsa a seguir promoviendo la Ley 348”, dice.

Según Chambi, la Ley 348 debe preservarse porque es fruto de la lucha de las mujeres y tiene como antecedente casos de mujeres que han perdido la vida por violencia. Explica que esta norma es “un hito importante en Bolivia, donde existe un alto índice de violencia”, aunque algunos la malinterpretan como una ley que beneficia solo a las mujeres; en realidad, busca proteger sus derechos. Sin embargo, indica que aún existen algunos aspectos de la normativa que deben mejorarse, como el incumplimiento de las medidas de protección. Por ejemplo, de acuerdo con la especialista, la orden de alejamiento muchas veces no se respeta. Las víctimas denuncian que sus agresores continúan acosándolas, pero el sistema exige pruebas adicionales, lo que genera revictimización. No existe una instancia efectiva que garantice el cumplimiento de estas medidas.

No es lo único que se debe mejorar de la normativa. El informe “Análisis de la Implementación de la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una vida Libre de Violencia 2013-2024”, presentado este año por la Defensoría del Pueblo, advierte entre sus conclusiones que “la implementación de la Ley 348 ha tropezado con distintos obstáculos, tales como la reducida inversión pública en prevención de la violencia y el procesamiento de los casos de Violencia en Razón de Género por un sistema penal con problemas estructurales y revictimizantes, que promueve el abandono de la denuncia, entre otros”.

Para Marlene Choque, docente e investigadora del IPICOM-UMSA, el debate sobre la Ley 348 no es nuevo. “De hecho, las organizaciones de mujeres fuimos las primeras en pedir ajustes desde su aprobación en 2013. Sin embargo, lo que vemos ahora es distinto: surge una ola conservadora global, no solo boliviana, donde sectores vinculados a iglesias y grupos de varones (como la ‘Casa del Hombre’) presentan una resistencia estratégica ante los avances en derechos de las mujeres”, asegura.

Según Choque, estos grupos intentan frenar una igualdad estructural, mientras Bolivia sigue ocupando los primeros lugares en Sudamérica en violencia extrema y feminicidios íntimos. “Lo que vemos es una reacción agresiva de quienes no aceptan que las mujeres ocupen los mismos espacios o tomen decisiones autónomas sobre sus vidas”.

“En mis estudios sobre feminicidio, he observado que el riesgo extremo surge cuando la mujer anuncia su deseo de separarse. En Bolivia, el hombre siente que puede decidir sobre la vida de la mujer, incluso conociendo las penas de 30 años de cárcel. Muchos feminicidios son actos planificados, procesos largos de acumulación sistemática, y no hechos casuales por ‘celos’ o ‘alcohol’, como a veces dicen los medios”, sostiene.

Explica que desde las organizaciones de mujeres y espacios académicos se ha reconocido que la ley fue un gran avance, porque estableció un marco jurídico importante para enfrentar la violencia. Sin embargo, el principal problema ha sido la falta de políticas públicas y recursos para su implementación. Es decir, aunque la ley es adecuada en términos normativos, no se cumple plenamente.

Consultada sobre si los grupos que buscan anular la ley vulneran los derechos de las mujeres, Choque responde que sí, porque la ley establece un marco jurídico para proteger a las mujeres frente a la violencia. Sin ese marco, se debilitan los mecanismos de protección.

“Si bien existen casos de violencia hacia hombres, los datos muestran que las mujeres han vivido históricamente relaciones de desigualdad. Eliminar o debilitar la ley implicaría retroceder en la protección de derechos”, asegura.

Choque explica que los derechos de las mujeres forman parte de la profundización democrática. No basta con democratizar la política; también hay que democratizar las relaciones sociales y cotidianas. Por ejemplo, en muchos feminicidios, la violencia extrema ocurre cuando una mujer decide separarse. Esto demuestra que aún no se reconoce plenamente su derecho a decidir sobre su vida. La democracia implica igualdad, libertad y respeto en todos los ámbitos, no solo en el sistema político.

Según las especialistas, el riesgo de la difusión de estos contenidos y mensajes de desinformación es que, si actores políticos las respaldan, al llegar a niveles de decisión podrían tomar medidas que no respondan a la realidad, como abrogar la Ley 348. Además, es un peligro enorme porque ellos toman decisiones vinculantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). “Muchos de estos políticos replican discursos de odio porque ellos mismos han sido denunciados por violencia y buscan impunidad. Es una resistencia de quienes se niegan a vivir en una sociedad más equitativa”, sostiene Choque.

Zulema Paniagua, periodista feminista y activista por los derechos de las mujeres desde hace más de 20 años, además de directora de ADICH Radio en Sucre, cuenta que en esa ciudad está presente la “Casa del Hombre”, que, al igual que en otras ciudades, ha comenzado a posicionar su discurso.

“Esto es sintomático de un fenómeno más amplio: a nivel internacional y nacional existe una avanzada de grupos antiderechos, muchos de ellos vinculados a espacios de poder económico y político. Lo llamativo es la rapidez con la que estos grupos se consolidan. Tienen infraestructura, personal y recursos, algo que no es fácil de lograr en Bolivia, especialmente desde iniciativas independientes. Esto debería generar cuestionamientos”, dice Paniagua.

Además, de acuerdo con Paniagua, los discursos de estos grupos “funcionan porque conectan con ciertos sectores de la sociedad. Son discursos cargados de misoginia y desinformación, que se basan en verdades a medias: presentan casos incompletos, interpretaciones parciales y omiten información clave”.

Desde la promulgación de la ley, e incluso antes, organizaciones, defensoras y activistas, como la Coordinadora de la Mujer y el Centro de la Mujer Gregoria Apaza, entre otras, registran y sistematizan información en torno a la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

En los últimos dos años, ante la preocupación por estas expresiones conservadoras y ataques a la Ley 348 y a las víctimas, las defensoras se rearticularon. “Fortalecimos la llamada Alerta 348, que aglutina a más de 200 organizaciones sociales, plataformas e instituciones en todo el país”, explica Tania Sánchez Montaño, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer en Bolivia. “Desde este espacio se ha impulsado una campaña de información para contrarrestar la desinformación que se ha generado en torno a la implementación de la Ley 348”, agrega.

Según las defensoras y activistas, Bolivia es un país violento con las mujeres y no se puede permitir que la vida de las personas sea utilizada como parte de una campaña política. Coinciden en señalar que, cuando actores políticos afirman que es una ley "antihombres", están desinformando, ya que el porcentaje de mal uso de la norma es mínimo en comparación con la gravedad de los feminicidios y la violencia sexual, por lo que no se debe poner en duda la palabra de las víctimas.

“Abrogar la Ley 348 no va a eliminar la corrupción, ni la retardación de justicia, ni la extorsión en el sistema penal. Al contrario, dejaría a las víctimas, incluidos niños y niñas, sin las disposiciones de protección que establece esta norma. El problema central es la urgencia de una reforma profunda del sistema de justicia, no la ley en sí misma”, concluye Baya.

Al hablar de la Ley 348, es inevitable recordar el cruel asesinato de la periodista Hanalí Huaycho: las 13 puñaladas asestadas por su feminicida, quien un día la llenó de promesas de amor. Y hoy, cuando esta normativa es blanco de ataques, es importante recordar la esencia de su construcción: prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Bolivia.

Créditos:

Texto y infografías: Anahí Cazas Álvarez

Edición de videos y fotografías: José Fernández

(*) Esta investigación fue realizada con el apoyo del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai).