Los menores de edad contratados por los jucus para robar mineral en la mina Kory Mayu tienen 15, 16 y 17 años

Los cinco menores de edad que fueron encontrados en el interior de una mina de la Cooperativa Kory Mayu, en la Sección Primero de Mayo, en el Cerro Rico de Potosí, el domingo pasado, tienen entre 16 y 17 años. La mujer tiene 15 años de edad y fue llevada por su primo para servir bebidas alcohólicas en el interior de la mina.

Según sus relatos, uno de ellos estudia en el Colegio Otto Felipe Braun, para varones; otro de los menores dijo que le ofrecieron 1.000 Bs, lo que lo convenció para ir a trabajar en una mina, mientras que la adolescente fue trasladada desde Sucre para servir bebidas alcohólicas en la mina, donde fueron llevados para robar mineral.

La representante de la Defensoría del Pueblo en Potosí, Jacqueline Calderón, reveló que tres de los menores estaban junto a sus hermanos mayores en el lugar al que ingresaron y donde fueron encontrados por los trabajadores de la cooperativa minera.

Ese domingo, en la mina a la que fueron llevados, se registró un violento enfrentamiento entre trabajadores de la Cooperativa Minera Kory Mayu y un grupo de jucus, en un paraje. Hubo un muerto, mientras otros 19, entre ellos cinco menores de edad, fueron aprehendidos por los trabajadores de la mina, según el informe proporcionado por el comandante departamental de Policía, Mirko Bustos.

Después de ser detenidos, los ladrones fueron sacados fuera del paraje de la mina, y los medios de comunicación los mostraron caminando en columna, con los rostros cubiertos por bolsas de yute, para evitar posibles represalias contra los trabajadores de la mina, según las versiones atribuidas a los trabajadores de Kory Mayu.

Según sus testimonios, los adolescentes fueron llevados con engaños al lugar; si bien les dijeron que iban a trabajar en una mina, no les dijeron que eran llevados para robar minerales.

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Cuando se encontraban sentados en el suelo, cubiertos de tierra, uno de los menores fue entrevistado por la red Bolivisión. Entre sollozos, dijo que alguien estaba buscando trabajadores y que fue llevado con engaños al lugar.

“Yo no quería ir a trabajar, quería ir a trabajar a otro lado, tengo 17 años, estoy en el colegio de puros varones, en el colegio Braun. Yo no tenía motivo de venir aquí, él nos engañó así, no soy jucu, él nos ha traído aquí, vamos a trabajar como mineros, él no nos indica lo que íbamos a hacer”, relató.

Otro de los menores dijo que le ofrecieron 1.000 Bs para ir a trabajar. “Si vamos a trabajar, me han dicho. Hay que ir, me ha dicho el turco, entró ayer por la tarde; nos han prometido que iban a pagar 1.000 Bs. Yo tengo 16 años”, afirmó.

La menor de edad no es oriunda del departamento de Potosí; llegó de Sucre y, según su testimonio, fue llevada para servir bebidas alcohólicas en el interior de la mina. “Yo no soy de aquí, me trajo mi primo; me ha dicho vamos a trabajar”, manifestó.

La representante de la Defensoría del Pueblo, Jacqueline Alarcón, informó que hizo el seguimiento respectivo desde el primer momento, porque precisamente fueron identificados cinco menores entre los 19 aprehendidos.

“Se ha identificado a cinco menores de edad, cinco adolescentes; entre estos cinco adolescentes, una mujer de 15 años y cuatro varones de 16 y 17 años”, precisó a Satel Televisión.

Dijo que la institución realizó el seguimiento respectivo del caso; además, verificó que tengan abogados y que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia estuviera presente cuando prestaron sus declaraciones informativas.

Alarcón reconoció que los menores de edad cometieron un delito. Lastimosamente, dijo que los adolescentes fueron engañados para entrar a la mina a robar mineral.

“Lastimosamente, a estos adolescentes, a muchos de ellos, les han llevado con engaños; les dicen que: vamos a ir a trabajar, les meten a la mina y, en realidad, no es para trabajo, así que consideramos que es pertinente que la familia esté pendiente”, manifestó.

Dijo que algunos de los menores estaban junto con sus hermanos mayores, es decir, que van entre familiares a cometer este delito; por lo tanto, demandó que las instancias pertinentes realicen el seguimiento de estos casos.

Informó que la Defensoría acompañó a los adolescentes a la audiencia y, teniendo en cuenta que son menores de edad, se les iba a aplicar medidas socioeducativas; además, se hizo comprometer a los padres de familia para que puedan estar pendientes de sus hijos menores.

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Reveló que, de los cinco adolescentes, tres no estaban estudiando, situación que los lleva a empezar a trabajar y, cuando se les da una oportunidad como esta o les insisten, los convencen o los engañan, ellos van precisamente con la intención de tener mayores recursos económicos.

En relación con los menores, precisó que, debido a su edad, se aplican medidas socioeducativas. Los padres tienen que hacerse cargo y responsabilizarse de los menores de edad hasta que se cumplan estas medidas.

Las medidas socioeducativas son sanciones impuestas a adolescentes de 14 a 18 años por la comisión de delitos, reguladas por la Ley 548 (Código Niña, Niño y Adolescente) y el sistema penal juvenil. Su enfoque no es punitivo, sino pedagógico, orientado a la reintegración social, la reparación del daño y la reeducación.

Este modo de operar de los jucus ya fue denunciado en reiteradas oportunidades por la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí. Su presidente, Óscar Chavarría, denunció que estos grupos delincuenciales ya no se limitaban solo al robo de minerales, sino que estaban organizados, tenían una estructura y contaban con armas de fuego, financiamiento y equipos de inteligencia para operar.

Reveló que los jucus, además, utilizaban a menores de edad debido a que el Ministerio Público los dejaba en libertad porque eran menores de edad y, en otros casos, por ser mujeres, lo que impedía que fueran sancionados quienes eran responsables de estas actividades ilegales.

Chavarría criticó el desempeño del Ministerio Público en el departamento porque, desde su punto de vista, no se presentan “argumentos sólidos en los procesos judiciales cuando los presuntos responsables son sorprendidos en flagrancia”.