Delitos y derechos humanos: una confusión peligrosa

La aplicación de la ley y la protección de los derechos fundamentales no son conceptos opuestos. Sin embargo, en Bolivia se ha extendido una narrativa que confunde deliberadamente la comisión de delitos con la vulneración de derechos humanos, debilitando la autoridad del Estado y distorsionando el verdadero sentido de las garantías constitucionales.

En los últimos años se ha instalado en el debate público una idea tan difundida como equivocada: que toda acción estatal orientada a restablecer el orden constituye automáticamente una violación de derechos humanos. Bajo esta lógica, la detención de una persona que comete un delito, la intervención para desbloquear una carretera o la ejecución de medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de la ley son denunciados como violación de los derechos fundamentales. Nada más alejado de la realidad.

El Estado de derecho y la democracia descansan sobre un principio elemental: la vigencia de la Constitución y de las leyes. Sin orden jurídico no existen libertades garantizadas, y sin autoridad legítima no es posible proteger los derechos de los ciudadanos. Por ello, resulta imprescindible distinguir entre la comisión de un hecho delictivo y una verdadera vulneración de derechos humanos.

La conducta delictiva

Bloquear carreteras, impedir el transporte de alimentos, combustibles o medicamentos, obstaculizar el paso de ambulancias, destruir bienes públicos o enfrentarse violentamente a las fuerzas del orden no constituye el ejercicio legítimo de un derecho, al contrario constituyen conductas delictivas previstos en la legislación penal boliviana, entre ellos instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, atentados contra la seguridad de los transportes, rebelión, conspiración u otras figuras penales contempladas por el ordenamiento jurídico.

Asimismo, cuando estas acciones son organizadas y ejecutadas colectivamente, la responsabilidad no recae únicamente sobre quienes participan materialmente en los hechos, sino también sobre quienes los promueven, coordinan, financian o dirigen. En un Estado de derecho, la responsabilidad penal alcanza tanto a los autores directos como a quienes actúan como instigadores u organizadores.

¿Qué es una violación de derechos humanos?

La violación de derechos humanos tiene una naturaleza distinta. Se produce cuando el Estado, (único que puede violar derechos humanos) mediante acción u omisión, vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos.

Esta vulneración puede manifestarse cuando agentes estatales emplean la fuerza de manera arbitraria, desproporcionada o ilegal. Pero también puede producirse cuando las autoridades renuncian a ejercer las competencias que les corresponden y permiten que terceros cometan hechos delictivos en contra de la población sin adoptar medidas para impedirlo.

En consecuencia, la protección de los derechos humanos no exige únicamente evitar abusos de poder; también obliga al Estado a garantizar efectivamente la seguridad, la libertad y la integridad de los ciudadanos. La omisión estatal frente a situaciones que afectan gravemente esos derechos se convierte en una de vulneración.

Los derechos de todos, no solo de algunos

Con frecuencia se escucha a determinados dirigentes afirmar que sus derechos son vulnerados cuando el Gobierno no accede a sus demandas o cuando las autoridades hacen cumplir la ley. Sin embargo, el desacuerdo político, el incumplimiento de una promesa electoral o la aplicación de una norma jurídica no constituyen, por sí mismos, una violación de derechos humanos.

La verdadera vulneración ocurre cuando a millones de ciudadanos no se les garantiza sus derechos esenciales como la libre circulación, el acceso a la salud, el abastecimiento de alimentos, el trabajo, la educación o la seguridad personal. Cuando no se garantiza que una ambulancia no puede llegar a un hospital, cuando no se garantiza que una familia pueda abastecerse de productos básicos o cuando se permite que una población queda aislada y cercada durante días, semanas o meses.

Por ello, el Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos frente a acciones criminales, independientemente de las motivaciones políticas o sectoriales que las impulsen.

La inversión de los roles

Uno de los fenómenos más preocupantes del actual debate público es la tendencia a invertir los papeles entre víctimas y responsables. Quienes paralizan el país, cercan ciudades, generan desabastecimiento y provocan graves perjuicios económicos suelen presentarse como víctimas de persecución o represión. Al mismo tiempo, el Estado es señalado como agresor por el solo hecho de intentar restablecer la normalidad y garantizar el cumplimiento de la ley.

Esta confusión resulta particularmente peligrosa porque debilita la legitimidad de las instituciones democráticas y fortalece la impunidad. Cuando toda acción estatal es presentada como una violación de derechos humanos, se termina transmitiendo el mensaje de que la ley no puede hacerse cumplir y que determinados grupos pueden situarse por encima del orden jurídico.

La obligación de proteger

La principal amenaza para los derechos de los bolivianos no proviene del ejercicio legítimo de las competencias estatales ni de la actuación legal del ejecutivo, los policías y militares en defensa del orden constitucional. La verdadera amenaza surge cuando grupos organizados consideran que sus intereses particulares están por encima de los derechos de la colectividad y cuando el Estado renuncia a cumplir su obligación de proteger los derechos de los ciudadanos.

Los derechos humanos no pueden convertirse en un argumento para justificar la impunidad ni en una herramienta para deslegitimar el cumplimiento de la ley. Por el contrario, su verdadera función es garantizar que todas las personas puedan ejercer sus libertades dentro de un marco de convivencia democrática, seguridad jurídica y respeto al orden constitucional.

Confundir la comisión de delitos con la violación de derechos humanos no fortalece la democracia; la debilita. Y una democracia debilitada termina afectando precisamente aquello que los derechos humanos buscan proteger: la libertad, la seguridad y la dignidad de todos los ciudadanos.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360