19 días, tres diálogos fallidos: la marcha indígena y campesina avanza y dos sectores se suman a la columna

El pasado 8 de abril, una marcha de indígenas y campesinos de Pando partió de la región de El Sena en demanda de que el Gobierno abrogue la Ley 1720, que promulgó el mismo día en que se inició la movilización. Hubo al menos tres intentos de diálogo que no fructificaron y al menos dos sectores se sumaron a la caravana, que prevé llegar a la sede de Gobierno en los siguientes días.

El punto de conflicto es la Ley 1720, que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) “a realizar la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad a propiedad mediana”, en un plazo de 10 días hábiles, según los artículos 2 y 3.

En su artículo 4, la norma establece que dicha conversión es voluntaria y puede realizarse por escrito. “La conversión es un procedimiento de actualización catastral por el cual la o el titular del derecho propietario de la pequeña propiedad solicita por escrito y de manera voluntaria al INRA el cambio en la clasificación de su propiedad a mediana propiedad, sin más trámite que la solicitud escrita y una declaración jurada voluntaria donde se exprese claramente la decisión de la conversión”, señala el artículo de la norma.

Lee también: Indígenas de Beni y la FSTMB deciden sumarse a la marcha campesina que demanda la abrogación de la Ley 1720

Esta ley es rechazada por el sector indígena campesino, que argumenta que con ella se promoverá el latifundio en el país, lo que provocará que la tierra esté en manos de grandes propietarios. “La lucha no claudica, la lucha sigue”, señaló uno de los dirigentes del sector.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) se unió a la marcha el pasado 25 de abril bajo el lema de “la defensa de los derechos del sector campesino”.

“Estamos junto a los hermanos para hacer cumplir nuestros derechos. La Constitución Política del Estado nos garantiza y nos dice que nosotros somos dueños de tierra y territorio y hoy el Gobierno de turno, que no es de Bolivia, no es originario, nos quiere someter a sus decretos”, señaló uno de los ejecutivos de la entidad.

La marcha indígena ya se encuentra en el municipio de Caranavi y restan al menos 167 kilómetros para que arribe a la ciudad de La Paz. En las últimas horas, la columna fue reforzada por al menos 300 personas en San Ignacio de Moxos, lo que fortaleció la movilización y elevó la presión sobre el Ejecutivo.

Además de ese grupo, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) instruyó a sus afiliados brindar respaldo a la caravana, tanto en lo moral como en lo material y logístico, con posibilidad de presencia orgánica desde este lunes 27 de abril.

Tres diálogos sin resultados

La primera reunión en la que el Gobierno intentó detener la marcha ocurrió el pasado 14 de este mes, en Rurrenabaque (Beni), cuando envió a tres viceministros: de Tierras, Hormando Vaca Díez; de Desarrollo Agropecuario, Karel Adina Rivero; y de Régimen Interior, Hernán Paredes. Sin embargo, la reunión no tuvo resultados positivos y el contacto se rompió.

El segundo intento también se dio en Rurrenabaque el 15 de abril, cuando los tres viceministros nuevamente se reunieron para intentar convencer a los marchistas de parar la movilización, pero esta volvió a caer en saco roto y el sector que marcha anunció que la radicalizaría.

El último intento de diálogo tuvo lugar el 17 de este mes. En esta oportunidad, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, participó para mediar en el conflicto, pero no se llegó a ningún acuerdo. El diálogo se rompió en la comunidad de Collana Linares (Beni).

“Hemos estamos conversando con los dirigentes, con los viceministros que se encontraban en el lugar tratando de que se dialogue, pero lamentablemente la mesa de diálogo no ha tenido un buen resultado y han decidido continuar. Vamos a hacer el monitoreo al sector”, manifestó Callisaya en conferencia de prensa.