Colombia. La diplomacia exige gradualidad: ¿qué hacemos si el portazo no basta? ¿Romper relaciones?

“Bolivia declara persona non grata a la embajadora de Colombia tras dichos de Petro”, fue el titular que dejó patidifusa a buena parte de la opinión pública nacional. Inmediatamente, el debate inundó medios de comunicación y redes sociales. Algunos respaldaron la decisión bajo la premisa de que no se debe tolerar ninguna injerencia extranjera en asuntos internos; otros, en cambio, consideraron que la reacción fue desmedida e innecesariamente confrontacional.

En lo que sí parece existir consenso -con muy pocas excepciones- es en que las expresiones del presidente Gustavo Petro no correspondían. Ningún mandatario extranjero debe intervenir en asuntos internos de otro Estado y, menos aún, en temas sensibles vinculados a conflictos políticos; y cuando digo ninguno, me refiero a nadie, sea a favor de unos o en contra de otros. La solución de los problemas domésticos de Bolivia corresponde exclusivamente a los bolivianos y, particularmente, a sus instituciones. Esa debería ser ya la postura de todos los gobiernos nacionales, independientemente de su ideología política. En el bicentenario, ya deberíamos ponernos los pantalones largos.

Sin embargo, reconocer que las declaraciones del presidente colombiano fueron inapropiadas no significa necesariamente concluir que la respuesta de la diplomacia boliviana haya sido la más adecuada. En diplomacia, el verdadero debate no gira únicamente en torno al derecho a responder, sino a la racionalidad estratégica de la medida adoptada, su proporcionalidad, sus efectos útiles, sus riesgos y, principalmente, su compatibilidad con el interés nacional.

En lo que respecta a la evaluación estratégica, un elemento que debió ser tomado en cuenta es que la actitud del presidente colombiano de opinar sobre asuntos internos de otros países no es nueva. Se trata de una conducta recurrente que ya generó tensiones diplomáticas con otros gobiernos de la región. En algunos casos, las diferencias escalaron incluso al intercambio de calificativos impropios entre jefes de Estado.

Por ello, la evaluación estratégica debió preguntarse si valía la pena ingresar en el terreno de confrontación verbal en el que Petro suele desenvolverse con comodidad. El sentido común aconsejaría que no, porque la diplomacia no se mide únicamente por la contundencia de la reacción, sino por su capacidad de proteger los intereses permanentes del Estado, evitando escaladas innecesarias con un presidente que ya está de salida en dos meses más.

Lo anterior no significa permanecer en silencio ni aceptar expresiones inapropiadas. Bolivia tenía pleno derecho a protestar y hacer respetar su soberanía. Sin embargo, la práctica diplomática consuetudinaria recomienda aplicar el principio de gradualidad frente a este tipo de impases. Es decir, avanzar escalonadamente: si persistiera la actitud, inicialmente mediante una nota diplomática formal de protesta; luego, con la convocatoria de la embajadora; la solicitud de rectificación o aclaración; el llamado a consultas; y solo en último término, la declaración de persona non grata.

En ese marco, la pregunta inevitable es: ¿por qué no se aplicó esa gradualidad? ¿Por qué se agotaron prematuramente todos los instrumentos diplomáticos disponibles? ¿Por qué se dio precipitadamente un portazo?

Lamentablemente, al haberse optado directamente por la medida más severa, surge una interrogante delicada -y del millón-. Es, sí las declaraciones continúan, algo muy probable porque Petro ya termina su mandato y no tiene nada que perder políticamente, ¿qué queda después?, ¿la ruptura de relaciones diplomáticas? Ese sería claramente un error de enormes proporciones.

Es más, Petro ya respondió; no se calló. La declaratoria de persona non grata no produjo efecto alguno sobre su conducta política o discursiva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ingresar en una confrontación verbal permanente? Eso no es diplomacia.

En los impases diplomáticos, como en la guerra, es fácil entrar en la confrontación; lo difícil es salir. Y para ello hay que dejar abierta, por lo menos, una ventana para la desescalada.

En el presente caso, habrá que esperar a que las declaraciones de Petro amainen y confiar en que Colombia aplique únicamente la reciprocidad mínima, retirando -si lo hubiera- al encargado de negocios de Bolivia, y nada más; porque una reacción desproporcionada podría generar efectos altamente perjudiciales para Bolivia.

Cabe rememorar que Colombia adoptó medidas arancelarias contra Ecuador como reacción a declaraciones del presidente Daniel Noboa, quien cuestionó el nivel de efectividad de Colombia en el combate al narcotráfico.

El mercado colombiano constituye uno de los principales destinos de exportación de soya y sus derivados bolivianos, en el marco de la Comunidad Andina. Por ello, cualquier represalia comercial o arancelaria tendría consecuencias sensibles para sectores productivos nacionales. La preocupación ya fue expresada por parte del sector empresarial cruceño.

El pragmatismo diplomático consiste en colocar por encima de todo, aquello que resulta útil para el interés nacional. Y hoy por hoy, Colombia es el quinto mercado más importante para las exportaciones bolivianas; consecuentemente, representa una importante fuente de divisas, absolutamente necesarias en un contexto de estanflación como el que padecemos.

La diplomacia exige prudencia, gradualidad y cálculo estratégico. Estos no son signos de debilidad, sino expresiones de profesionalidad diplomática. Los Estados responsables no deben reaccionar únicamente en función de la indignación del momento, sino pensando en la preservación de sus intereses permanentes, sus vínculos económicos y la estabilidad futura de sus relaciones internacionales.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360