jueves 21 de mayo de 2026

Con los pies en la tierra

El triángulo de la opacidad: Gestora, deudas y juicios perdidos

Están convirtiendo a los bolivianos en financiadores forzosos de finanzas públicas quebradas. Las decisiones económicas a espaldas de la gente están gestando una crisis de confianza. Están incubando las condiciones para un desastre económico perfecto.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una fotografía de archivo. EFE/ Carlos Ortega
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una fotografía de archivo. EFE/ Carlos Ortega
jueves 21 de mayo de 2026

¿Hasta dónde el gobierno está dispuesto a llegar para que la crisis fiscal acabe recayendo sobre la población? En los últimos meses, ha adoptado varias medidas silenciosas, no solo pateando la deuda externa hacia adelante, sino también desentendiéndose de sus propias obligaciones financieras con los bolivianos.

En diciembre de 2025, el gobierno de Rodrigo Paz contrajo un préstamo de 550 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) que Bolivia deberá pagar a partir de 2029, pero que ya se gastaron hasta el último centavo. Una parte de este fondo se usó para allanar el camino hacia más endeudamiento, esta vez a tasas más altas. ¿Quién toma deuda más cara para cancelar deudas más baratas? La captación de 1.000 millones de dólares por bonos soberanos al 9,45% fue el resultado de maquillajes financieros para proyectar la imagen de que Bolivia paga sus deudas. Lo que el gobierno llama “ordenar la casa” significa pagar una deuda con otra. Por cierto, este dinero hay que devolver en cinco años.

Si estas operaciones ya son alarmantes, lo es más la tendencia. Es muy probable que parte de esos 1.000 millones se utilice para licuar la deuda millonaria en dólares que mantiene el Estado con la Gestora Pública. Valiéndose de este dinero recién desembolsado, el gobierno pretende liberar los bonos soberanos que el fondo de pensiones puso como garantía o colateral para un préstamo internacional por 250 millones de dólares. Para concretar esta operación cuanto antes, mayo es el mes clave, la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) acaba de modificar los reglamentos del fondo de pensiones para habilitar la “redención anticipada” de repos vinculados a bonos soberanos.

¿Por qué le urge liberar esos bonos de la Gestora? Porque su objetivo mayor es canjear deuda por más de 800 millones de dólares, por papeles de deuda en bolivianos a futuro, probablemente a 10 años o más. En otras palabras, el gobierno está a punto de deshacerse de una obligación financiera que conlleva un daño económico millonario para los trabajadores y aportantes del fondo de pensiones.

Hay más acciones en curso con el mismo sello. En abril, el Tribunal de Apelaciones de La Haya ratificó el laudo del CIADI que obliga a Bolivia a pagar más de 105 millones de dólares a BBVA. El origen de este problema se remonta a 2010, cuando el gobierno comenzó a desplazar a las administradoras de pensiones por la actual Gestora Pública. Tras conocerse el fallo, el gobierno aseguró mediante comunicados oficiales que asumirá ese pago y que en ningún caso haría pagar a la Gestora.

Sin embargo, la APS volvió a preparar el terreno en contra del fondo de pensiones. Aprobó resoluciones que amplían las responsabilidades legales de este último bajo el argumento de proteger el sistema de seguridad social. Pretende que los aportantes y jubilados asuman, directa o indirectamente, la obligación financiera que el Estado mantiene con BBVA. La APS está abriendo la puerta esta vez para que la Gestora pague los juicios perdidos en tribunales internacionales.

No son acciones aisladas sino piezas de un plan opaco en manos del Ministerio de Economía, el Banco Central, la Gestora Pública y la APS. Operaciones silenciosas y sincronizadas que cada vez carecen de límites de transparencia, principios éticos y responsabilidad social. Endeudarse a tasas de usurero y con libre disponibilidad equivale a financiar gastos públicos con cero disciplina fiscal. El fondo de pensiones pertenece a los trabajadores, quienes no fueron informados, menos consultados para bolivianizar deudas, pagar juicios perdidos, o sostener el gasto público a cambio de promesas de pago que valen menos que el papel en que se firma.

Están convirtiendo a los bolivianos en financiadores forzosos de finanzas públicas quebradas. Las decisiones económicas a espaldas de la gente están gestando una crisis de confianza. Están incubando las condiciones para un desastre económico perfecto.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360

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