lunes 1 de junio de 2026

Crisis

Iglesia y Defensoría del Pueblo llaman a deponer “posiciones duras” y abrir paso al diálogo

"Cerrarse a la concertación solo profundiza el sufrimiento de la población, desgasta la paz social y posterga las soluciones urgentes que la ciudadanía requiere y merece con justa razón", advierten en un comunicado conjunto.
Uno de los puntos de bloqueo. Foto: RRSS
Uno de los puntos de bloqueo. Foto: RRSS

En medio del creciente escenario de tensión social que atraviesa el país desde hace un mes, la Conferencia Episcopal Boliviana y la Defensoría del Pueblo llamaron este domingo a las autoridades políticas, sectores movilizados y líderes sociales a deponer “posiciones duras” y abrir paso al diálogo para evitar una escalada de violencia.

Lo hicieron poco después de que un ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) y de los sectores movilizados decidiera mantener el bloqueo de carretera exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

“Exhortamos firmemente a todos los sectores involucrados en el actual escenario de tensión a deponer posiciones duras y a reconsiderar las posturas que rechazan o dilatan el acercamiento a una mesa de diálogo. Cerrarse a la concertación solo profundiza el sufrimiento de la población, desgasta la paz social y posterga las soluciones urgentes que la ciudadanía requiere y merece con justa razón. La verdadera valentía radica en tener la capacidad de ceder por el bien común”, señala un comunicado conjunto difundido por la Iglesia Católica y la Defensoría.

El mismo menciona que el diálogo sincero, empático y constructivo constituye la única vía legítima y eficaz para alcanzar soluciones sostenibles a los problemas que afectan a la población boliviana, que sufre los efectos del extenso bloqueo que ha dejado ciudades desabastecidas y que ha sido causa de la muerte de al menos cuatro personas.

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“La verdadera comprensión democrática nace de escuchar las necesidades mutuas, permitiendo alcanzar acuerdos que preserven el tejido social y garanticen la convivencia pacífica”, señala el documento.

En ese marco, sostiene que la capacidad de ceder en favor del bien común representa una muestra de responsabilidad y madurez política en momentos de alta tensión.

Asimismo, ambas instituciones recordaron que el uso de la fuerza, la coacción o cualquier forma de violencia no contribuyen a la solución de los conflictos y, por el contrario, generan mayores niveles de confrontación y división.

“La represión y los enfrentamientos no construyen puentes, sino muros”, se advierte en el comunicado, al tiempo de subrayar que la vida y la integridad de las personas deben ser protegidas de manera irrestricta.

El pronunciamiento alerta, además, que las heridas sociales derivadas de los episodios de violencia pueden tardar años en sanar y llama a sustituir “la ofensa por la propuesta, las piedras por la palabra y los bloqueos por el entendimiento”.

La Iglesia y la Defensoría reiteran su disposición para facilitar y acompañar espacios de encuentro entre los distintos actores sociales y políticos, con el objetivo de contribuir a la pacificación y al entendimiento nacional.

El pronunciamiento se conoce en medio de un ambiente cada vez más tenso en el país, consecuencia de los bloqueos que causaron pérdidas millonarias y desabastecimiento en El Alto y La Paz, dos de los ciudades más grandes de Bolivia.

Tras la decisión de los sectores movilizados de continuar con el bloqueo de caminos, la  Cámara Nacional de Comercio (CNC) demandó al gobierno del presidente Rodrigo Paz  cumplir su obligación constitucional de garantizar el libre tránsito, proteger a la población y restablecer el orden en todo el territorio nacional.

A través de un comunicado, expresó su rechazo a la decisión asumida por el ampliado de la Central Obrera Boliviana de mantener los bloqueos y descartar soluciones mediante el diálogo, "profundizando una crisis que afecta gravemente a millones de bolivianos en todo el país".

También exigió al Ministerio Público y a las instancias correspondientes investigar y establecer las responsabilidades legales emergentes de los bloqueos, que han provocado graves perjuicios a la economía nacional y vulnerado los derechos fundamentales de los ciudadanos.