Modelo económico vigente: analistas ven estatismo rentista y control económico gradual

La nueva administración de Gobierno, que cumplió más de ocho meses de gestión, convive con el modelo impuesto por los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) por 20 años, al que denominó “Modelo Económico Social Comunitario Productivo”, aunque en las primeras semanas dio algunas señales de cambio, según especialistas consultados por Visión 360. Entre ellas están el levantamiento parcial de la subvención de carburantes, la liberación de exportaciones, la eliminación de impuestos y la apertura a créditos provenientes de organismos multilaterales.

El modelo de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, descrito por el entonces ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, puesto en vigencia desde 2006-2019 y del 2020-2015, cuenta con 12 principios fundamentales. Entre los principales destaca la activa presencia y participación del Estado en la economía; lo caracteriza como planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor y banquero.

Promueve el modelo nacionalizador e industrializador; plantea que el crecimiento de la economía se basa en la demanda externa, pero fundamentalmente en la demanda interna; considera al Estado como redistribuidor del ingreso, promotor de la economía; la generación de ahorro interno para la inversión; mayor desarrollo, oportunidades y movilidad social; crecimiento económico con redistribución del ingreso; y políticas económicas soberanas y la recuperación de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria.

Desde el punto de vista de dos analistas económicos, hay señales que muestran que el modelo continúa intacto, porque coloca al Estado como el centro de las actividades productivas y distributivas, con el control de la explotación de recursos naturales; mientras que desde otra visión se consideró que es un modelo estatal de control económico hacia un esquema de estabilización y participación del mercado.

En cuanto a las debilidades y fortalezas, uno de los entrevistados identificó dos debilidades “muy grandes”, una de ellas, que dejó de ser servidor de la sociedad y, como consecuencia, la pérdida de iniciativa de la población para competir por el mercado. Para el otro entrevistado, una de las fortalezas es la recuperación de la credibilidad internacional, la estabilización de la economía y una mayor transparencia en la política económica.

El analista Roberto Laserna consideró que el cambio de Gobierno no afectó el modelo económico vigente, al que describe como “un modelo de estatismo rentista”. Explicó que lo consideraba como tal “porque coloca al Estado como centro de las actividades productivas y distributivas a partir del control de la explotación de los recursos naturales, y rentista porque obtiene la mayor parte de su financiamiento de la captura y el control de las rentas de recursos naturales, más que de los impuestos”.

Desde su análisis, el Gobierno mantiene la idea de que el Estado debe estar en el centro de los procesos económicos, aun cuando es evidente que no puede controlarlos ni administrarlos, y tampoco ha avanzado en una reforma fiscal que reduzca los gastos y cambie la estructura de los ingresos.

Mientras que el analista Fernando Romero lo definió como un modelo estatal de control económico hacia un esquema de estabilización con mayor participación del mercado. “Durante los primeros nueve meses de gestión del presidente Rodrigo Paz, Bolivia ha transitado hacia un modelo económico de estabilización macroeconómica con mayor orientación al mercado, aunque todavía mantiene importantes componentes del modelo anterior”, precisó.

Describió que el nuevo Gobierno asumió una economía en recesión, con elevada inflación, escasez de divisas, fuerte presión cambiaria, Reservas Internacionales (RIN) con baja liquidez y una deuda pública cercana al 90% del Producto Interno Bruto.

Frente a este escenario, sostuvo que priorizó medidas orientadas a recuperar la estabilidad financiera, como la flexibilización del tipo de cambio, la reducción gradual de algunos subsidios, el acercamiento a organismos multilaterales y un acuerdo técnico con el FMI para acceder a financiamiento externo. Estas decisiones representan un cambio importante respecto a la estrategia aplicada durante las dos décadas anteriores.

“Este cambio no significa un abandono completo del rol económico del Estado. El sector público continúa teniendo una participación relevante en áreas estratégicas, la inversión pública sigue siendo un instrumento importante de política económica y permanecen diversos programas de protección social”, afirmó.

Desde su perspectiva, el país se encuentra en una etapa de transición, donde coexisten medidas de estabilización propias de una economía más abierta con mecanismos de intervención estatal heredados del modelo anterior. “Desde una perspectiva técnica, todavía no puede afirmarse que Bolivia haya consolidado un nuevo modelo económico plenamente definido, sino que atraviesa un proceso gradual de reestructuración condicionado por la crisis macroeconómica y la limitada capacidad fiscal”, precisó.

Para Romero, el Gobierno de Paz ejecutó un cambio parcial, pero no hubo una ruptura total. Explicó que el modelo no ha sido abandonado completamente, sino que ha sido modificado en algunos de sus principales instrumentos. “El mayor cambio se observa en la política cambiaria, donde se dejó atrás el tipo de cambio fijo para adoptar un régimen flexible administrado; asimismo, el Gobierno inició un proceso de racionalización fiscal y busca una mayor cooperación con organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el BID”, dijo.

Detalló que entre los pilares del modelo del MAS que permanecen vigentes está el rol del Estado como actor central en sectores estratégicos como hidrocarburos, energía y empresas públicas, además de su papel relevante en la inversión pública y la protección social.

“En consecuencia, puede afirmarse que Bolivia ha transitado hacia un modelo más pragmático y menos intervencionista, pero aún conserva elementos estructurales del esquema anterior. La principal diferencia radica en que el énfasis actual está puesto en recuperar la estabilidad macroeconómica y reconstruir la confianza de los mercados antes que en ampliar la intervención estatal”, afirmó.

Para Laserna, este modelo que continúa vigente tiene dos debilidades muy graves. “Al no depender de impuestos, el Estado se autonomiza de las necesidades y exigencias de la población, deja de ser su servidor como reza la teoría y, más bien, subordina a la sociedad por medio de prebendas y gastos, que son condicionados por la relación política que establezca con los distintos grupos”.

La segunda consecuencia, según el especialista, es que la sociedad, así subordinada, se vuelve también rentista. Pierde iniciativa, desarrolla comportamientos clientelistas, se concentra en exigir al Estado y no en competir por el mercado.

“Cuando las rentas son elevadas, los problemas no se notan: el consumo sube y hay cierto bienestar. Pero cuando son bajas, los conflictos ya no orientan la distribución, sino que obstaculizan a la economía, y eso lleva a una espiral de inestabilidad, recesión y pobreza”, advirtió.

Romero identificó entre las fortalezas del modelo la recuperación de la credibilidad internacional. “El Gobierno logró restablecer el diálogo con organismos multilaterales y mercados financieros internacionales, alcanzando un acuerdo técnico con el FMI y mejorando el acceso potencial a financiamiento externo. Esto fortalece la confianza internacional en un contexto de elevada fragilidad macroeconómica”, dijo.

A ello sumó el inicio del proceso de estabilización macroeconómica. Además, la adopción del régimen de tipo de cambio flexible, el inicio del ajuste fiscal y las medidas para fortalecer las RIN muestran una estrategia orientada a corregir desequilibrios acumulados durante varios años. Aunque los resultados aún son muy parciales, representan un cambio relevante en la conducción económica.

Identificó una mayor transparencia en la política económica. “El Gobierno ha comenzado a comunicar con mayor claridad la situación real de las finanzas públicas, de las RIN y de la deuda pública. Este cambio favorece la credibilidad institucional y facilita la toma de decisiones por parte de empresas e inversionistas”, dijo.

Entre las debilidades, sostuvo que está la persistencia de la recesión económica. A pesar de las reformas iniciadas, la actividad económica continúa mostrando un bajo dinamismo. La inversión privada aún no se recupera plenamente y varios sectores productivos siguen enfrentando restricciones financieras y cambiarias.

También mencionó la fragilidad fiscal y la elevada deuda pública. El déficit fiscal continúa siendo elevado y la deuda pública permanece cercana al 90% del PIB, reduciendo el margen de maniobra del Estado para impulsar nuevas políticas de crecimiento sin incrementar el endeudamiento público.

Asimismo, señaló la persistencia de la incertidumbre económica y política. Las presiones cambiarias, la inflación, los conflictos sociales y la limitada mayoría legislativa dificultan la implementación de reformas estructurales. Esta situación afecta las expectativas de inversión y retrasa la recuperación económica.

La transición

En términos técnicos, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz viene implementando un modelo que puede definirse como estabilización macroeconómica con economía social de mercado,  de acuerdo con los especialistas. Su prioridad ha sido corregir los principales desequilibrios heredados mediante disciplina fiscal, flexibilización cambiaria, fortalecimiento institucional del Banco Central, recuperación de la confianza internacional y apertura al financiamiento multilateral.

No se trata de un modelo de libre mercado puro, sino de un esquema donde el Estado continúa desempeñando funciones relevantes, aunque con mayor participación del sector privado y una mayor importancia de los mecanismos de mercado para la asignación de recursos.

Este enfoque busca restablecer primero la estabilidad macroeconómica para crear posteriormente condiciones favorables para el crecimiento, la inversión y el empleo. Sin embargo, su consolidación dependerá de la capacidad del Gobierno para mantener la disciplina fiscal, reducir la inflación, fortalecer las Reservas Internacionales y recuperar la competitividad de los sectores exportadores.

Laserna, consultado sobre si este modelo debe ser reemplazado y cuáles deberían ser los pilares, planteó que “es necesario liberar a la gente del rentismo y, por tanto, de esa obsesión por lo que haga o deje de hacer el Estado, y alentarla a competir en el mercado, produciendo e intercambiando bienes o servicios que sean útiles para los demás”.

De ese modo y poco a poco, manifestó que la gente encontrará sus mejores capacidades y, por tanto, desarrollará el modelo económico que mejor sirva a sus necesidades y propósitos.

Recordó que, para eso, hace tiempo propuso que “las rentas de recursos naturales sean entregadas directamente a la gente, en la cantidad que a cada uno le toque. Eso eliminará el aspecto pernicioso del rentismo, que es el control estatal y el conflicto social y político por su captura”.
A su vez, esto generará un Estado desvinculado de las rentas y que sustente sus gastos en los impuestos. “Solo así rendirá cuentas y servirá a la gente. Eso requiere una reforma tributaria que simplifique el sistema: pienso en un impuesto único al ingreso, y nada más”.

Romero, por su parte, consideró que más que cambiar el modelo, lo que corresponde es consolidarlo mediante reformas estructurales orientadas al crecimiento sostenible.

Dijo que, desde una perspectiva técnica, no resulta recomendable modificar nuevamente el modelo económico, ya que Bolivia necesita estabilidad y previsibilidad en sus políticas públicas.  “Lo prioritario es consolidar el proceso de estabilización iniciado, evitando cambios permanentes de estrategia que incrementen la incertidumbre de inversionistas y consumidores. La recuperación económica requiere continuidad institucional y reglas claras de largo plazo”.

Para fortalecer este modelo, recomendó que deberían incorporarse cinco pilares fundamentales: sostenibilidad fiscal y reducción gradual del déficit; fortalecimiento de las Reservas Internacionales y estabilidad cambiaria; atracción de inversión privada nacional y extranjera mediante seguridad jurídica; incremento de la productividad y diversificación de las exportaciones para generar más divisas; y fortalecimiento institucional, con mayor independencia técnica del Banco Central y políticas públicas orientadas a mejorar la competitividad.

Bajo estos pilares, según el especialista, Bolivia tendría mayores posibilidades de recuperar el crecimiento económico, reducir la vulnerabilidad externa y garantizar un desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo.