Gobierno impide ingreso de "misión argentina" por “incumplir requisitos” y reafirma compromiso con los DDHH

A un grupo de argentinos identificados como activistas de derechos humanos, que integraban una "misión", no se le permitió el ingreso a Bolivia por incumplir los requisitos para la admisión y permanencia en el territorio nacional, así como por inconsistencias entre las condiciones declaradas para su entrada y las actividades anunciadas públicamente, informó el Ministerio de Gobierno.

Al grupo, denominado "Misión Humanitaria por Derechos Humanos de Argentina", se le impidió la mañana de este lunes abandonar el aeropuerto de El Alto y fue retornado a Santa Cruz para, desde ahí, volver a su país. Tenía el objetivo de monitorear los conflictos sociales en Bolivia e indagar lo que consideraba “graves violaciones” a los derechos humanos contra los bloqueadores que mantienen cerradas las carreteras desde hace 46 días.

“Las medidas adoptadas responden exclusivamente a criterios legales y administrativos, sin consideración de opiniones políticas, nacionalidad, afiliación ideológica o cualquier otra condición personal que pudiesen declarar los ciudadanos involucrados”, informó el Ministerio de Gobierno sobre la decisión tomada respecto a este grupo de ciudadanos argentinos.

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A través de videos difundidos en redes sociales, varios de los integrantes de la misión cuestionaron la decisión de la Dirección General de Migración. La secretaria general de Ademys, Soledad Mosquera, denunció en un video que fueron deportados, pese a haber “cumplido con todo el trámite migratorio”.

El Gobierno consideró que toda persona extranjera que pretenda ingresar al país debe cumplir las disposiciones establecidas por la legislación nacional y acreditar las condiciones requeridas para su permanencia, incluso si hubiera recibido invitaciones de autoridades, legisladores o instituciones nacionales.

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Grupos afines a Evo Morales, dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y campesinos llevan adelante un bloqueo exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Esta medida de presión cumple ya 46 días en gran parte de Bolivia, con su epicentro en La Paz y El Alto, dejando a regiones y ciudades incomunicadas de sus centros de abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos.

De acuerdo con un comunicado, la misión está integrada por Juan Marino, diputado nacional (Partido Piquetero); Matías Gayol (Partido Piquetero); Soledad Mosquera (Ademys, secretaria general / Izquierda Socialista-FITU); María José Cano (Central de Trabajadores de Argentina Autónoma - CTAA); Alejandrina Barry (CEPRODH - Centro de Profesionales por los Derechos Humanos); Emmanuel Cuello (Partido Comunista de la Argentina - Corriente Nacional Agustín Tosco); Vanina Biasi (Partido Obrero y del PDT / legisladora de CABA, PO-Frente de Izquierda), entre otras personas.

Según Barry, tenían el “objetivo de apoyar la lucha que está llevando adelante el pueblo boliviano y monitorear, tomar testimonios y hacer un relevamiento de las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en el marco del legítimo derecho a la movilización que desarrolla el pueblo boliviano”.

La administración de Paz reafirmó su compromiso con el respeto de los derechos humanos, el derecho internacional, la cooperación entre los pueblos y las relaciones de amistad con todos los Estados, en el marco del respeto mutuo, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos.