La ley antibloqueo “duerme” en la ALP, pero hay regiones que tomaron la iniciativa y aprobaron normas locales contra los cortes de vías

Ante la persistencia de los bloqueos, comenzaron a surgir pedidos para aprobar una ley antibloqueos. En la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) existen al menos tres proyectos de ley —uno de ellos que data desde 2025—, pero hasta el momento no se avanzó en su aprobación. Sin embargo, hay municipios y una gobernación que tomaron la iniciativa y pusieron en vigencia normas locales contra los bloqueos.

En diciembre de 2025, el diputado de Unidad, Carlos Alarcón, presentó un proyecto de ley contra los bloqueos. “Lo primero que hago en este proyecto es establecer que el bloqueo es un delito y no un derecho; establezco diferentes grados de pena de cárcel, en función de quienes han promovido, financiado, organizado e instigado estas acciones, y de quienes están ejerciendo violencia criminal que se suma al delito”, explicó el legislador en esa oportunidad.

En la actual coyuntura, el diputado Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), anunció la presentación de un proyecto de ley contra los bloqueos el 28 de mayo. Su propuesta plantea el resarcimiento de daños a causa de las interrupciones de vías.

“Se ha presentado un proyecto de ley para el resarcimiento del daño civil, vale decir que alguien tiene que pagar todas estas facturas que los bolivianos no queremos pagar, vale decir los desabastecimientos, inclusive los fallecimientos de personas que no han podido tener la atención necesaria, daños a propiedad privada y pública”, señaló el legislador.

La diputada Claudia Bilbao, colega de Rojas, indicó que en el Legislativo existen tres proyectos de ley contra los bloqueos, los cuales serán debatidos en las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados.

“Tenemos que ver y revisar los tres proyectos de ley contra los bloqueos que mandaron un senador y dos diputados. Se revisarán, pero siempre iremos con la democracia que nos dice que todos pueden protestar, pero no afectar el derecho de otro”, afirmó la legisladora. Sin embargo, hasta la fecha no existen reportes sobre su tratamiento.

Pese a este panorama en la ALP, municipios y una gobernación aprobaron normas contra los bloqueos. En mayo, Rurrenabaque (Beni) se convirtió en el primer municipio de Bolivia en aprobar por unanimidad una Ley Municipal Antibloqueos. La norma garantiza el derecho de todas las personas a circular libremente por las vías públicas urbanas y rurales, sin obstáculos arbitrarios o ilegales.

A esta localidad se sumó Reyes (Beni), municipio que también cuenta con una ley antibloqueo que garantiza el libre tránsito y los derechos a la vida, al trabajo y a la producción. La norma busca mitigar los efectos colaterales de la crisis política y social que paraliza y afecta a las carreteras bolivianas.

Con esta herramienta jurídica, el Gobierno Autónomo Municipal de Reyes prioriza garantías como el derecho al libre tránsito, el acceso prioritario a la salud, el abastecimiento de alimentos y la provisión de servicios básicos.

A nivel departamental, Beni es el primero en poner en vigencia una ley de defensa de la libre transitabilidad. La norma, aprobada por su Asamblea Legislativa Departamental, tiene por objetivo establecer mecanismos institucionales de prevención, monitoreo, mediación, conciliación, coordinación y protección para evitar los bloqueos en esa región. La ley entró en vigencia el 12 de junio.

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Además, la normativa apunta a promover el respeto de los derechos de la ciudadanía y el normal desarrollo de las actividades económicas, sociales y productivas, y no criminaliza la protesta pacífica ni restringe ningún derecho constitucional.

En esa misma fecha, el Concejo Municipal de La Paz aprobó la Ley Municipal de Libre Locomoción y Transitabilidad, una norma que establece mecanismos de prevención y acción frente a bloqueos y protestas que afecten la circulación de personas, el abastecimiento de productos esenciales y el desarrollo de actividades económicas en el municipio.

“La norma busca proteger los derechos fundamentales de los paceños y establece responsabilidades concretas para la Máxima Autoridad Ejecutiva Municipal cuando se registren bloqueos o acciones que afecten la transitabilidad”, señaló la presidenta de esa instancia, Waldy Caballero.

Sin embargo, la norma aún no fue promulgada por el Ejecutivo municipal y, según la bancada de concejales de Innovación Humana, se anunciaron acciones contra ella porque asignaría competencias que no corresponden al alcalde César Dockweiler.

“Es una normativa que le genera competencias inconstitucionales al alcalde. Lo obliga a manipular a la Policía o liberar carreteras nacionales cuando eso no es una competencia municipal (…) Le da cinco días al alcalde para informar cómo ha solucionado el conflicto, como si el conflicto fuera municipal y no un problema nacional que estamos viviendo en este momento”, manifestó, según un reporte de Red Uno.