Defensoría del Pueblo contabiliza 14 muertos por los bloqueos y devela respuesta “limitada” del Gobierno frente a la vulneración de derechos

El prolongado bloqueo de caminos ha provocado la muerte de 14 personas por falta de asistencia médica, mantiene a al menos 5.000 choferes atrapados en las carreteras y ha evidenciado una “limitada capacidad de respuesta estatal” para resolver el conflicto y restablecer los derechos vulnerados, según la Defensoría del Pueblo.

Los datos están registrados en el Tercer Informe Preliminar sobre la Situación de Terceros Afectados por la Conflictividad Social en Bolivia, que abarca gran parte de los 48 días de protestas y bloqueos que aún cercan a regiones y ciudades.

En el documento se analizan las vulneraciones de derechos en seis ámbitos: gestión de conflictos; infraestructura y carreteras; acceso a servicios de salud y medicamentos; crisis humanitaria; abastecimiento de productos e insumos esenciales; acceso a los servicios de educación y justicia; y afectaciones a la actividad laboral periodística.

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Hasta el 15 de junio, al menos 14 personas perdieron la vida en el marco de la conflictividad. Además, se registraron dificultades en el traslado de pacientes graves, escasez de oxígeno medicinal y desabastecimiento de insumos hospitalarios.

“Ante ello, la institución exhortó al Ministerio Público a investigar los casos con debida diligencia y realizó gestiones para el paso humanitario de personas, ambulancias y oxígeno medicinal en varios departamentos”, establece la Defensoría del Pueblo.

Datos de la Cámara Departamental de Transporte de La Paz y reportes de prensa dan cuenta de al menos 5.000 choferes varados en distintos puntos de bloqueo, con afectaciones a derechos fundamentales como la alimentación, la salud, la libre circulación y el trabajo.

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Para socorrer a este sector, se coordinaron y articularon caravanas humanitarias junto con la Cruz Roja y el sector transporte en La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí.

Los bloqueos cumplen este miércoles 48 días en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Campesinos, dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines a Evo Morales articulan la extrema medida de presión.

El cerco a ciudades y regiones impidió el suministro de carburantes y provocó el desabastecimiento de alimentos en hospitales, centros de acogida y otras instituciones. Además, derivó en la suspensión de clases presenciales, la interrupción de actividades judiciales, la afectación de servicios de atención a víctimas de violencia y la paralización del recojo de residuos sólidos en La Paz y El Alto.

Paz, así como su Gobierno, ha insistido en resolver el conflicto mediante el diálogo y ha descartado declarar un estado de excepción, pese a que generó las condiciones legales para recurrir a este mecanismo con la aprobación de una ley específica.

Para la Defensoría del Pueblo, hubo “una limitada capacidad de respuesta estatal e institucional en los niveles nacional y subnacional, evidenciada en operativos policiales y militares que derivaron en detenciones, sin soluciones estructurales sostenibles para la protección de los derechos de la población afectada”.

Este miércoles, el Gobierno y la dirigencia de la COB buscan instalar una mesa de diálogo tras el prolongado conflicto.