Cívicos cruceños respaldan el estado de excepción e identifican a Morales, Argollo y Salazar como cabecillas de daños al país

El Comité Cívico Pro Santa Cruz a tiempo de respaldar la constitucionalidad de la medida de excepción dictada por el presidente, Rodrigo Paz, identificó al expresidente Evo Morales, al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo y al máximo representante de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, de ser los cabecillas de los daños ocasionados al país.

El presidente de esa institución cívica, Stello Cochamanidis, en conferencia de prensa, afirmó que “definitivamente, el responsable, los responsables de esto, por lo menos la cabecilla, son Evo Mortales, Mario Argollo y Vicente Salazar, tendrán que ser ellos los responsables de todos los daños ocasionados en este país”.

Manifestó que la medida asumida por el Gobierno nacional, que dictó la medida de excepción la madrugada del sábado, es “una acción totalmente constitucional” y todos los habitantes del país, están en la obligación de respetarla.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, aprobó el Decreto Supremo 5634, la madrugada del sábado, que establece la prohibición de bloqueos en vías públicas y dispone el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía Boliviana para liberar las rutas afectadas, con el fin de restablecer la normalidad sin restringir el derecho de las personas a trabajar, estudiar y desplazarse con libertad.

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Después de haberse dictado el estado de excepción, fuerzas policiales y militares se desplazaron por las carreteras, para proceder al desbloqueo de vías, que se mantienen, a pesar del acuerdo del Gobierno con la COB y a la instrucción de la COB, de suspender las movilizaciones, que provocaron pérdidas económicas, desabastecimiento de alimentos, insumos médicos y combustible.

El dirigente cívico sostuvo que, hoy que se está ejerciendo ya el estado de excepción, lo que podemos pedir es que se cumpla, como siempre lo hemos dicho desde esta casa, que se actúe conforme a ley, pero también que no haya benevolencia con contra aquellos que se quieran oponer a esta medida legal, sostuvo.

“Hay un estado de excepción, es una acción totalmente constitucional y todos estamos en la obligación de respetarla, pero también el Gobierno central, la Policía y los militares tienen la obligación de hacer que se cumplan y se respeten nuestros derechos y que prevalezca en todo el país las vías expeditas para que pueda llegar el alimento a todo el territorio nacional”, afirmó.

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Cochamanadis consideró que después de 50 días de bloqueo de carreteras en el país, se provocó “muerte y destrucción del aparato productivo” y que el Gobierno finalmente optó por decretar la medida de excepción, que era exigida por la población afectada por en sus derechos al trabajo y al abastecimiento de alimentos.

Según el representante, en los 50 días de bloqueo, se provocaron pérdidas que superan los $US 3.000 millones y la pérdida de 150.000 fuentes laborales y la muerte de al menos 20 personas.

Además, se pronunció específicamente sobre el bloqueo en el municipio de San Julián, al respecto sostuvo que mantiene comunicación con autoridades de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas y departamentales, con el propósito de lograr una solución negociada.

Sin embargo, advirtió que, si el diálogo fracasa, lo que corresponde es la intervención de las fuerzas de orden, para garantizar la transitabilidad por esa carretera.

 “Si no se logra una solución mediante el diálogo, la Policía y las Fuerzas Armadas tienen la obligación de dejar expedita esa carretera”, afirmó debido a que es el único punto de bloqueo en el departamento de Santa Cruz, que provoca grandes perjuicios a la economía.