Defensoría verifica desbloqueos “sin uso significativo de la fuerza” y traza gestiones postbloqueo en lo social y económico

Los desbloqueos de caminos se ejecutaron “sin uso significativo de la fuerza” debido a la ausencia de resistencia o al abandono previo de los puntos de protesta. Sin embargo, en las primeras horas de este martes persistían los problemas de abastecimiento de combustible y transporte, informó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, al evaluar los dos días del estado de excepción.

Tras las movilizaciones, anunció gestiones en el ámbito económico con el empresariado para que las diferentes instancias del Gobierno adopten medidas que “tengan impacto en la economía que ha sido afectada durante estos más de 50 días de bloqueo”, más allá de la reprogramación de créditos y el período de gracia de hasta seis meses dispuesto en el sistema financiero.

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La madrugada del sábado fue declarado el estado de excepción frente al duro bloqueo que dejó millonarias pérdidas económicas y sociales. Desde su entrada en vigencia, se ejecutaron operativos conjuntos entre policías y militares en diferentes carreteras, principalmente para levantar con maquinaria pesada los promontorios de tierra y piedra dejados sobre las vías.

“En cuanto a los operativos de desbloqueo y uso de la fuerza, la mayoría de los operativos desarrollados entre el 20 y el 22 de junio se han realizado sin uso significativo de la fuerza. No se han registrado incidentes mayores debido a la ausencia de resistencia o, finalmente, al abandono previo de los puntos de bloqueo”, refiere el reporte leído por Callisaya.

A pesar del desbloqueo, aún no ha terminado de resolverse el desabastecimiento de carburantes ni la normalización de la circulación vehicular. Cientos de vehículos permanecen haciendo filas en los surtidores a la espera de combustible en las ciudades de La Paz y El Alto, que fueron las más golpeadas por la extrema medida de presión.

Grupos afines a Evo Morales, campesinos y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) formaron parte de la protesta que exigía en sus inicios la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Morales anunció el lunes que sus bases cocaleras declaraban un cuarto intermedio en el bloqueo en el Chapare, mientras que la COB suspendió su protesta el viernes y los campesinos se replegaron.

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En la etapa inmediata postbloqueo, la Defensoría del Pueblo priorizará la atención médica y la provisión de medicamentos en hospitales, así como el abastecimiento de alimentos y el control de precios. Además, realizará fiscalizaciones en hogares de acogida para personas adultas mayores, niños y personas con discapacidad, y en centros médicos para verificar la regularización de la provisión de alimentos y las dietas especiales que requieren, particularmente, ciertos pacientes.

“En el tema de los daños económicos, se está iniciando un proceso de encuentros y reuniones con los empresarios para ver de qué manera el Estado pueda, en sus diferentes niveles de gobierno, no solamente recurrir a medidas como la ya anunciada reprogramación de los créditos, sino también a otras medidas que tengan impacto en la economía que ha sido afectada durante estos más de 50 días”, perfiló la autoridad en una conferencia de prensa.

Callisaya aclaró que la Defensoría del Pueblo se limita a vigilar el ejercicio de los derechos, por lo que otras instancias están a cargo de hacerlos respetar y materializar.