Suman anuncios de demandas en contra de dirigentes que convocaron al bloqueo de carreteras por más de 50 días

Suman anuncios de demandas legales en contra de los dirigentes que organizaron e instruyeron el bloqueo de carreteras, que se extendió por más de 50 días en el país. Asambleístas, empresarios, transportistas y gremiales anunciaron que presentarán denuncias penales en contra de los dirigentes que organizaron e instruyeron la medida de presión, que provocó cuantiosas pérdidas y perjuicios al país.

El paro general indefinido fue aprobado en el Gran Cabildo Nacional, convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), el Primero de Mayo, en la ciudad de El Alto, donde se demandó el incremento salarial que reponga el valor adquisitivo, protección de las empresas estatales, la jubilación con el 100% del haber básico, entre otras.

Sin embargo, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, rechazó las convocatorias al diálogo hechas por el Gobierno e instruyó el bloqueo de carreteras, negando cualquier posibilidad de diálogo, con la única consigna que era la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, el 13 de mayo.

A medida que fueron pasando los días, fueron aumentando los puntos de bloqueo. Después se produjo la llegada de una marcha afín al expresidente Evo Morales, el 18 de mayo, que se sumó al bloqueo de carreteras, que mantuvieron al país cercado, extremo que provocó pérdidas a empresarios, emprendedores, exportadores, importadores, transporte pesado, gremiales, trabajadores por cuenta propia e informales, entre otros.

Después de más de un mes de bloqueos, el pasado 19 de junio, el Gobierno nacional y la COB firmaron un acuerdo para pacificar al país. Argollo, después de que concluyó el acto, sostuvo que: “A partir de este momento, se está levantando las medidas de presión a nivel nacional, con el compromiso del Gobierno de cumplir todo lo que se ha suscrito”.

El dirigente exhortó a los habitantes de las 20 provincias que se sumen a la pacificación y les pidió acudir al diálogo para evitar que el país sufra más, considerando que quienes ejecutaron el bloqueo de carreteras fueron los afiliados a la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari. De acuerdo al documento suscrito, el Gobierno tiene un plazo definido de 90 días para responder a todos los compromisos asumidos.

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Los anuncios de demandas penales fueron planteados por la Alianza Libre, la Cámara Nacional de Comercio (CNC), organizaciones del transporte pesado y gremialistas, en contra de los dirigentes de la COB, Argollo, de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz, Vicente Salazar, mientras que otros identifican a Evo Morales como el responsable de estar detrás del cierre de vías, al senador suplente Nilton Condori y al exdirigente campesino David Mamani.

Esta mañana, la Alianza Libre presentó una demanda contra más de 10 dirigentes, por los presuntos delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, atentado contra el servicio de transporte, atentado contra la salud pública y homicidio, organización criminal.

Según el abogado Williams Sánchez, la acusación se fundamenta en el pedido de renuncia del primer mandatario, en haber provocado la muerte de cerca de 20 personas, al haber impedido el paso de ambulancias y de los vehículos del transporte pesado, lo que derivó en el deterioro de la salud de algunos conductores y su posterior deceso. Sostuvo que el cierre de vías provocó pérdidas cuantiosas, que superan los $us 3.000 millones, según los empresarios.

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El abogado, acompañado del diputado de esa organización Edgar Zegarra, informó que, como respaldo de la demanda, se presentaron más de 50 pruebas contra los dirigentes identificados como los responsables de organizar las protestas, con el objetivo de que el Ministerio Público inicie las investigaciones.

A esa demanda se suman los anuncios de otras más, entre ellas la de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), cuyo presidente Eduardo Olivo anunció que iniciará un proceso a los dirigentes de la COB y de la Federación Túpac Katari. La Cámara Nacional de Comercio (CNC) expresó su preocupación por la delicada situación económica del país en 50 días de conflictos sociales.

La Cámara Nacional de Comercio iniciará acciones legales contra bloqueadores, tras pérdidas económicas por más de $us 3.000 millones. El directorio de la CNC aprobó por unanimidad iniciar acciones legales contra las organizaciones sociales responsables de promover el bloqueo de carreteras.

Según Trigo, como consecuencia directa del cierre de carreteras, fallecieron varias personas al no poder llegar de forma oportuna a recibir sus tratamientos médicos; otros perdieron la vida cuando se hallaban en sus camiones.

Olivo sostuvo: quién devolvería el empleo a las personas que se quedaron desempleadas a consecuencia de los 50 días de bloqueos, quién devolvería las inversiones a las pequeñas y grandes empresas que fueron obligadas a cerrar, y quiénes recuperarían los contratos, materias primas y productos que se han perdido durante estas semanas. La respuesta es obvia: nadie, aseguró.

Otros sectores que anunciaron procesos penales contra los dirigentes sindicales son el transporte pesado.

Marcelo Cruz, representante del Transporte Pesado, anunció que su sector seguirá con los procesos penales debido a los delitos flagrantes que se han cometido y las demandas civiles por resarcimiento. Cuestionó que el Ministerio Público haya dejado sin efecto las órdenes de aprehensión en contra de Argollo, Salazar y otros dirigentes.

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El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Toño Sinañi, también anunció que ese sector presentará una demanda en contra del máximo dirigente de la COB, mientras que el transporte pesado presentará a su vez una denuncia contra la Federación Túpac Katari.

“Estamos presentando una acción penal en contra de Argollo (de la COB) y el transporte pesado está presentando contra los Túpac Katari”, informó. Los delitos por los cuales serán demandados los dos dirigentes son privación al trabajo e instigación a delinquir, porque cometieron desmanes y saqueos.

El dirigente del transporte pesado de La Paz, Domingo Ramos, indicó que varios de sus afiliados fueron perjudicados y obligados a permanecer por varias semanas en las carreteras, por lo que se presentó la demanda en contra del dirigente de los campesinos, Vicente Salazar.