Organizaciones de la prensa advierten que proyecto de Ley de Acceso a la Información contraviene la CPE y piden su archivo

Siete organizaciones representativas del periodismo boliviano expresaron este sábado su preocupación por la aprobación en grande, en la Cámara de Senadores, del Proyecto de Ley N.º 066/2025-2026 C.S. sobre Acceso a la Información, al considerar que la propuesta vulnera la Constitución Política del Estado, contradice estándares internacionales y establece restricciones que podrían afectar el ejercicio del periodismo y el derecho ciudadano a la información.

Mediante un pronunciamiento conjunto, las organizaciones cuestionaron que la iniciativa haya sido tratada sin un proceso de socialización con la ciudadanía ni con los gremios periodísticos y organizaciones de la sociedad civil que participaron en la elaboración de una propuesta anterior sobre la misma temática.

Según el documento, el nuevo proyecto deja de lado el texto que fue aprobado por la Cámara de Senadores el 23 de octubre de 2024, elaborado tras un proceso de consenso entre legisladores, organizaciones civiles y asociaciones de periodistas. Ese proyecto, recuerdan, actualmente continúa su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Los firmantes sostienen que el Proyecto de Ley N.º 066/2025 incorpora disposiciones que contradicen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente la sentencia del caso Claude Reyes y otros vs. Chile (2006), que reconoce el acceso a la información pública como un derecho humano autónomo y establece el principio de máxima publicidad.

Asimismo, observan que la nueva propuesta no hace referencia al artículo 106 de la Constitución Política del Estado, que garantiza el derecho a la información y a la comunicación, y afirman que tampoco incorpora observaciones formuladas previamente por el Ministerio de la Presidencia.

Alertan sobre restricciones al acceso a la información

Entre los aspectos más cuestionados, las organizaciones señalan que el proyecto exige que toda solicitud de información sea presentada por escrito, acompañada de una fotocopia del carnet de identidad y del registro de datos personales del solicitante.

A criterio de los gremios, estos requisitos representan una carga burocrática innecesaria y podrían poner en riesgo la seguridad de periodistas que realizan investigaciones sobre hechos de interés público, además de contradecir la normativa vigente en materia de simplificación de trámites.

También expresan preocupación porque la propuesta establece que quien solicite información deberá asumir "responsabilidad plena" por el uso de los datos obtenidos y garantizar que estos no ocasionen perjuicios a terceros. Según el pronunciamiento, esta disposición podría ser utilizada para desalentar investigaciones periodísticas relacionadas con casos de corrupción u otros hechos irregulares cometidos por funcionarios públicos.

El documento añade que la iniciativa permite a las entidades públicas fijar criterios propios de excepción para restringir el acceso a la información, amplía hasta tres semanas el plazo para responder solicitudes y asigna a las Unidades de Transparencia la investigación de las negativas de acceso, pese a que estas dependencias forman parte de la estructura de las propias instituciones estatales.

Piden archivar la iniciativa

Las organizaciones consideran que el tratamiento del nuevo proyecto representa un retroceso respecto al texto aprobado en 2024 y cuestionan que el Senado no hubiera convocado a audiencias públicas con representantes del periodismo y de la sociedad civil antes de debatir la iniciativa.

En ese contexto, solicitaron el archivo inmediato del Proyecto de Ley N.º 066/2025 y demandaron que continúe la tramitación legislativa del proyecto previamente aprobado por el Senado, al considerar que este fue construido mediante un proceso participativo y se ajusta a los estándares constitucionales e internacionales sobre acceso a la información.

El pronunciamiento fue suscrito por la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Boliviana de Radiodifusión (ASBORA), la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), la Asociación de Medios Digitales de La Paz (AMDLP) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz (CMPLP).