Experto: Cumbre minera no tiene objetivos, no se invitó a gobernaciones, municipios ni comunidades y tiene una fuerte presión de cooperativas

La Cumbre Nacional Minera, que se inicia mañana, no tiene objetivos claros, no tiene definida la visión de lo que se quiere, cuenta con la participación de 800 personas, pero no se invitó a las gobernaciones, municipios ni comunidades que resultan afectadas por esta actividad y, a ello, se suma que el sector cooperativista participa con una fuerte presión al Gobierno nacional, advirtió el experto de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova.

El Ministerio de Minería convocó al evento que se extenderá por tres días y que debe culminar con un proyecto borrador del nuevo código minero, según anunció el ministro del área, Marco Antonio Calderón. De acuerdo con la convocatoria, participarán solo los tres actores reconocidos en la Ley de Minería: la minería privada, estatal y las cooperativas mineras.

Córdova, en entrevista con Visión 360, manifestó que los objetivos de la cumbre no están muy claros porque la convocatoria dice que se contará con un espacio de discusión, de análisis y que se va a crear un nuevo Código de Minería. “No puede ser un objetivo contar con un espacio de discusión, un espacio de discusión es un medio para lograr un objetivo, como por ejemplo definir un plan nacional de desarrollo minero”, explicó.

Precisó que una norma debe ser consecuencia de un plan y este plan debe definir claramente la visión a largo, mediano y corto plazo; por ejemplo, qué se quiere de la minería: que siga dando divisas a montones para los privados en el cortísimo plazo o se quiere maximizar los excedentes de la explotación de los recursos naturales o lograr la industria a partir de las potencialidades del país.

Por lo tanto, tiene que definirse esa visión, a dónde queremos ir y, en esa visión, además, tiene que hablarse del medioambiente, de la relación con las comunidades, de la generación de conocimiento, tecnología; tiene varios elementos que deben componer la visión de la minería a largo, mediano y corto plazo, sostuvo.

A partir de esta visión, hay que definir objetivos estratégicos en los próximos años y, a partir de políticas, porque si en la visión, por ejemplo, no hay cooperativas, entonces tiene que haber una política para hacer que las cooperativas vayan desapareciendo poco a poco, por ejemplo, dijo.

Todo ese camino tiene que definirse bien y, como consecuencia, sale el Código Minero, pero primero tenemos que saber a dónde queremos ir, con qué gente contamos, qué pensamos hacer con la tecnología, qué hay del convenio de Minamata (sobre el mercurio), con la transparencia, con la empresa privada, con las cooperativas que crecen desmesuradamente; todo eso se tiene que saber antes de la ley, manifestó.

"En esa cumbre, se van a empantanar tratando de agarrar la ley sin tener claros estos aspectos, es el primer elemento que a mí me parece complicado", indicó.

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Como segundo elemento, mencionó que la cantidad de personas que participarán en la cumbre es muy grande: son 800 personas que van a participar en cuatro mesas. "Estamos hablando de 200 personas por mesa y cada una va a tener tres minutos para hablar, 600 minutos, solo hablando una vez, son seis horas que van a hablar y solo en una ronda. Para la segunda ronda, las alusiones y demás, me parece muy complicado”, precisó.

Advirtió que no se ha convocado a gobernaciones, municipios, comunidades, todas las poblaciones afectadas por la minería no están participando, entonces. “Ahí va a haber un vacío muy grande, al igual que la Ley Minera actual, se ha hecho entre mineros y por eso hay tantos líos de avasallamientos, de no consulta previa, no respeto a las comunidades, destrucción de grupos étnicos; todo eso está permitido por la actual ley”, afirmó.

Debido a ello, no pueden hacer este marco normativo solamente entre mineros; tiene que haber participación de otra gente, de académicos, de colegios de profesionales, de la sociedad civil, de las gobernaciones, municipios, comunidades; todos tienen que participar para decir su posición sobre la minería, aseguró.

También mencionó que en el evento se debería evaluar la Ley 535, que ha estado vigente 12 años, del año 2014 a mayo de 2026. Hay que evaluar el cumplimiento antes de hablar de cambio con cifras, con datos, con testimonios verdaderos, bien verificados, de que realmente la ley no sirve; entonces hay que cambiarla, pero a partir de un plan, sugirió.

Sin embargo, destacó que es una gran oportunidad el juntar a toda la gente, pero creo que había que utilizar otra metodología. La gente está deseosa de participar; sin embargo, va a haber otra vez una fuerte presión por la presencia del sector cooperativo.

Para el experto, algo que llama la atención es la “presión muy grande con la que el sector cooperativista minero participa en la cumbre y la prueba está en las concesiones que se les ha hecho en estos meses del Gobierno nacional”.

Como ejemplo, mencionó el Reglamento de Adecuación de Contratos Administrativos, que antes de su modificación exigía la licencia ambiental, pese a que no se encuentra en la Ley de Minería, que fue un triunfo del sector cuando se elaboró la Ley 535.

Inclusive, dijo que en el mes de abril el Estado había reservado dos áreas para explorar como Estado y dárselas a la Comibol: Chuquihuta y Pocoata, en Potosí. Los cooperativistas las han hecho liberar también; dos semanas después de haberlas declarado reservas fiscales, las ha liberado.