Gobierno liberó 26 áreas que son de exclusiva administración de la Comibol, advierte expresidente de la empresa estatal

El Gobierno nacional liberó las 26 áreas mineras que son de exclusiva administración de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y están reconocidas por la Ley 845, aprobada el 24 de octubre de 2016, afirmó hoy el expresidente de la empresa estatal, Héctor Córdova.

“Lo que está haciendo el Gobierno es liberar esas 26 áreas, que están reconocidas por ley, no es un decreto, la Comibol es exclusiva administradora de esas áreas, esas áreas las ha liberado el Gobierno con un convenio y yo creo que tendrá que revisar lo que dice la ley, la Ley 845”, afirmó Córdova a Visión 360.

La Ley 845 fue aprobada en el año 2016 y dispone la reversión a dominio del Estado de las áreas sobre las cuales las cooperativas tengan contratos con empresas privadas. “Es bien clara, tienen que tener cuidado, puede haber responsabilidades incluso sobre esto”, advirtió.

El ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, anunció la pasada semana, en un evento al que asistieron dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Oruro (Fedecomin) y autoridades de la Comibol, la liberación de 1,5 millones de nuevas cuadrículas, que representan 33 mil nuevas áreas mineras en el país.

“Quiero atender algunos reclamos que nos han hecho, que dicen que no hicimos nada por el sector, creo que, a lo largo de muchas reuniones con el señor presidente, Richard, hemos firmado algunos acuerdos, algunas actas y hemos dicho, vamos a liberar muchísimas áreas de trabajo nuevas y se han liberado 1 millón 500 mil cuadrículas para poder pedir precisamente y poder hacer trabajos mineros en todo el país”, sostuvo.

Calderón dijo que cumplieron con lo prometido: “1 millón 500 mil cuadrículas, de las cuales representan 33 mil nuevas áreas de trabajo”.

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Una de las principales demandas del sector cooperativo minero se refiere a la dotación de áreas de trabajo, la liberación inmediata de nuevas áreas mineras, la seguridad jurídica, la adecuación de derechos mineros y el arancel cero a la importación de maquinaria e insumos mineros.

Para Córdova, la situación es muy complicada y podría haber responsabilidades para el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, debido a que las áreas que están bajo la administración de la Comibol están regidas por una ley nacional.

Recordó que, cuando la Comibol recuperó sus competencias productivas en el año 2007, no tenía dónde trabajar; todas sus minas habían sido entregadas al sector cooperativo o a las empresas privadas. Entonces, el Estado declaró reserva fiscal a todo el país para que la empresa estatal busque áreas en un plazo de seis meses.

Sin embargo, sostuvo que en esa época había más abogados que ingenieros en la Comibol; era una empresa en liquidación y no pudieron encontrar en seis meses la base que les pedía, mientras que había una presión de miles de cooperativas pidiendo nuevas áreas.

Entonces, el Gobierno decidió que, si una cooperativa quería un área, vaya a hacer su solicitud a la Comibol para firmar contrato con la empresa estatal, siempre que esta decida que no iba a realizar actividades en ese lugar y la entregue en contrato. Con tan pocos ingenieros y tanta demanda, la empresa estatal no pudo atender a los cooperativistas y el 2012 se tomó la decisión de escoger 26 áreas, 33.500 cuadrículas y, de ese modo, se liberó de una carga pesada, explicó.

Córdova consideró que el Gobierno nacional comete un gran error al abrir estas áreas mineras al sector cooperativo minero, que carece de recursos económicos para realizar grandes inversiones en estos proyectos.

“Estas áreas vírgenes, hasta que pueda explotar pasan 20 a 25 años, de pura inversión, definir qué tipo de minería va a ser, definir inversión, construir el campamento, traer maquinarias, montar el ingenio, diseñar la operación, preparar la mina, desarrollar la mina y después se explota, no hay retorno de ni un centavo”, dijo.

Entregar a las cooperativas ¿para qué? “No tienen capital, no cuentan con tecnología, eso va a ser provocar un daño económico al Estado, las cooperativas no deberían acceder a áreas vírgenes”, manifestó.

Afirmó que ese sector tiene espacios en minas abandonadas, en desmontes; ese es el espacio de las cooperativas tradicionales. Las aluviales todavía pueden ingresar a los ríos y trabajar porque no se necesitan grandes inversiones.

Manifestó que el sistema cooperativo minero, además de este beneficio, recibió otros en los primeros meses de gestión gubernamental, como la eliminación del requisito de la licencia ambiental.