Sokol contra la pared: Gobierno lo desautoriza y le llueven críticas por decir que la aprehensión de Morales no es su prioridad

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, enfrenta una difícil situación después de sostener que la aprehensión del expresidente Evo Morales no es prioridad de su gestión y observar las pruebas en su contra por los dos casos: trata de personas agravada y bloqueo de carreteras de más de 50 días.

El Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, desautorizó las declaraciones del jefe policial, quien afirmó que la aprehensión del expresidente Evo Morales no era una prioridad de su gestión y, además, cuestionó la solidez de las pruebas en su contra.

“La ejecución de la orden de aprehensión del señor Evo Morales Ayma constituye una tarea prioritaria para el Gobierno nacional, en estricto apego a la Constitución Política del Estado, al ordenamiento jurídico vigente y con absoluto respeto a las garantías y derechos establecidos por la ley”, sostiene el comunicado.

Además de esa desautorización, el jefe policial recibió duras críticas de parte de algunos asambleístas nacionales y del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Satello Cochamanidis, debido a que una de las órdenes de aprehensión contra Morales corresponde a una denuncia presentada por la institución cívica.

“Desde mi punto de vista no es el caso más importante, porque el proceso que tiene es por trata y tráfico, estupro; creo que no van bien las pruebas” y consideró que la orden de aprehensión por el caso de los bloqueos requiere ser "más sólida" para poder ejecutarse, declaró.

Esta tarde, el Ministerio de Gobierno se pronunció sobre las afirmaciones del jefe policial: “el cumplimiento de las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales competentes constituye un principio fundamental del Estado de derecho y una obligación ineludible para todas las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley”.

Lee también: Sokol: Mafias vinculadas al narcoterrorismo buscan frenar la lucha contra la corrupción policial

En ese marco, sostuvo que ratifica que ninguna persona se encuentra por encima de la ley y que las decisiones judiciales deben ser cumplidas sin distinción, privilegios ni consideraciones de carácter político.

Asimismo, reafirmó su compromiso de actuar con responsabilidad, profesionalismo y proporcionalidad en todas las acciones que desarrolle, preservando la seguridad de la población, el orden público y la paz social, evitando cualquier escenario que ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos o de los servidores públicos.

La senadora por APB-Súmate Claudia Mallón sostuvo que para esa organización política es prioridad aprehender a Morales.

“Para nosotros sí es prioridad porque Evo Morales es un peligro latente para la democracia en nuestro país. Está en juego no solo un Gobierno, sino también la estabilidad, la paz social y la democracia en Bolivia”, afirmó.

Mientras que el diputado por la Alianza Unidad, Alejandro Reyes, sostuvo que el exmandatario debería ser capturado por promover los bloqueos por más de 50 días en el país.

“Gracias a Evo Morales hemos tenido 53 días de calvario para Bolivia, por lo tanto, yo creo que ahí se equivoca el general Sokol. Tiene que ser el objetivo número uno, vivo o muerto, como dicen los afiches, así tiene que llegar a Evo Morales”, dijo.

Además, el presidente cívico de Santa Cruz manifestó que la Policía debe ejecutar las órdenes de aprehensión dispuestas por la justicia.

El pasado 29 de julio, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que existen dos órdenes de aprehensión que se encuentran en manos de la Policía Boliviana contra Morales, por los casos de presunta trata de personas agravada en Tarija y por los presuntos delitos de alzamiento armado, terrorismo, entre otros, por los cuales es investigado.

Morales difundió hace dos semanas un video en el que se lo observa saludando a dos efectivos policiales en el Trópico de Cochabamba y otro en el que aparece en un parque del municipio de Shinahota, donde se encuentra bajo el resguardo de grupos de cocaleros e interculturales para evitar su aprehensión.

El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital de Tarija dispuso la apertura de juicio oral contra Morales e Idelsa P. S. por la presunta comisión del delito de trata de personas agravada, previsto en el artículo 281 bis del Código Penal, y fijó audiencia para el 11 de mayo, a la que los procesados no se hicieron presentes.

Cindy Saraí V. P., identificada como víctima en el proceso por trata contra Evo Morales, solicitó el pasado 30 de junio a la Fiscalía Departamental de Tarija retirar la acusación fiscal y archivar el caso, al asegurar que no fue víctima de ningún delito y que no presentó denuncia.

Sobre la segunda orden de aprehensión, Mariaca informó que esta se basa en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal contra Morales, en función de la denuncia que presentó Cochamanidis en Santa Cruz y la adhesión realizada por el Ministerio de Gobierno mediante un apersonamiento y una solicitud de aprehensión, como consta en el cuaderno de investigaciones.

En la orden de captura se sostiene que Morales es investigado por la presunta comisión de los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos, previstos y sancionados en los artículos 121, 130, 132, 133, 213 y 214 del Código Penal.