Enfriar la economía no basta para bajar la inflación

Bolivia está intentando resolver un problema urgente con una receta conocida: menos liquidez, menos crédito, menos gasto y, por tanto, menor demanda. El Gobierno de Rodrigo Paz y el Banco Central parecen haber entendido que la inflación no puede seguir alimentándose de desequilibrios monetarios, expectativas cambiarias y pérdida de confianza. El problema es que el freno se aplica sobre una economía que ya viene debilitada: el BCB proyecta una caída del PIB de 3,6 por ciento en 2026, con empresas vendiendo menos, inversión cautelosa y consumidores golpeados.

La pregunta incómoda es qué inflación se pretende combatir. Si el problema fuera solamente un exceso de demanda, restringir dinero y crédito tendría una lógica evidente: menos recursos disponibles significan menor presión sobre los bienes y servicios. Pero Bolivia enfrenta también inflación de costos, provocada por combustibles, transporte, importaciones y tipo de cambio flexible. En ese escenario, enfriar el consumo puede reducir ventas y actividad sin atacar las causas que mantienen elevados los precios.

Mantener contenida la masa monetaria revela la preocupación del Banco Central por evitar una expansión que vuelva a alimentar la inflación. Es una señal de disciplina, pero también tiene un costo. Si el dinero no acompaña las necesidades de producción, capital de trabajo e inversión, el sistema financiero pierde capacidad para sostener la recuperación. El ciudadano consume menos, la empresa vende menos y el empresario posterga proyectos. La estabilidad nominal puede terminar comprándose con actividad más débil.

El aumento del encaje legal, del 3% al 7%, refuerza esa política. Los bancos deben inmovilizar una mayor proporción de los depósitos y disponen de menos recursos para canalizar hacia el crédito. El resultado puede ser crédito más escaso y caro. Para una empresa endeudada significa mayores costos financieros; para un emprendedor, un proyecto que deja de ser rentable; para una familia, menos posibilidades de financiar vivienda. El crédito deja de impulsar y empieza a frenar.

Después aparece el Estado. Municipios y gobernaciones tienen menos capacidad financiera, mientras el Gobierno central enfrenta restricciones fiscales. La inversión pública pierde fuerza, disminuyen contratos, obras, compras y transferencias hacia las economías regionales. Al mismo tiempo, el sector privado recibe menos crédito y enfrenta una demanda más débil. La paradoja es clara: varias palancas de la economía están siendo accionadas simultáneamente hacia abajo.

Sería irresponsable afirmar que toda restricción monetaria es equivocada. Una inflación descontrolada también destruye actividad. Cuando los precios cambian permanentemente, desaparecen referencias para ahorrar, invertir y producir. Evitar una espiral inflacionaria puede justificar una dosis de enfriamiento. El problema aparece cuando esa dosis se convierte en una política prolongada y debilita todavía más al aparato productivo.

El diésel muestra con claridad la contradicción. El Decreto Supremo 5676 establece un precio referencial inicial de Bs 18 por litro para clientes directos y grandes consumidores, mientras mantiene Bs 9,80 para otros consumidores. El Gobierno busca reducir distorsiones, contrabando y presión fiscal, pero el combustible es un insumo transversal. Agroindustria, minería, construcción y transporte enfrentan mayores costos. Esos costos pueden trasladarse a los precios, reducir márgenes o provocar una menor producción.

Aquí está el punto central: no toda inflación se combate enfriando la demanda. Si una empresa paga más por transportar cemento, si un productor agrícola paga más por mover su cosecha o si una minera enfrenta combustible más caro, la presión sobre los precios nace de la oferta. Reducir el crédito no abarata el diésel. Puede, incluso, dejar a las empresas sin financiamiento para absorber el shock. El riesgo es terminar con menos producción y precios elevados.

La construcción resume buena parte del problema. Necesita crédito, materiales, transporte, mano de obra y expectativas de largo plazo. Si suben los costos y, al mismo tiempo, aumenta el precio del financiamiento, muchos proyectos dejan de ser rentables. Por eso, una política que pretende enfriar la economía puede terminar afectando a sectores que deberían generar empleo y ampliar la oferta necesaria para estabilizar los precios.

Los problemas políticos que rodean al poder tampoco son ajenos a la economía. El caso Nadia Beller y las investigaciones que involucran a Fernando Cerimedo deberán resolverse en la Justicia, sin convertir acusaciones en condenas anticipadas. Pero sería ingenuo pensar que episodios de esta naturaleza no afectan las expectativas. Cuando la ciudadanía percibe opacidad, conflicto o fragilidad institucional, aumenta la incertidumbre. Y la incertidumbre es uno de los impuestos más caros para la inversión, el empleo y la recuperación.

Rodrigo Paz enfrenta una dsyuntiva incómoda. Puede priorizar la estabilidad nominal, respaldada por el acuerdo con el FMI aún pendiente de aprobación, y aceptar una economía más fría, o intentar reactivar rápidamente y correr el riesgo de que regresen las presiones inflacionarias. Estabilizar no significa paralizar. La política económica debe crear condiciones para que la oferta vuelva a crecer, porque sin producción adicional será difícil sostener una reducción duradera de los precios.

La prueba no será cuánto marque la inflación, sino qué ocurra con las empresas, el empleo, el crédito y la inversión. Si los precios bajan porque cae el consumo, disminuye la producción y se cancelan proyectos, habrá una victoria estadística, pero no económica. Bolivia necesita estabilidad, producir más, invertir y recuperar confianza. De lo contrario, el remedio agravará la enfermedad.

El escenario, por ahora, invita a poco optimismo. Enfriar una economía débil puede evitar un mal mayor, pero no constituye una estrategia de crecimiento. Si la inflación de costos continúa, el crédito permanece restringido, el gasto público cae y la confianza no se recupera, Bolivia podría terminar atrapada en una combinación incómoda: precios altos y actividad baja. Y entonces el país habrá conseguido algo poco alentador: enfriar la economía sin haber logrado curarla.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.