lunes 24 de agosto de 2026

Combustible

Municipios rechazan que el DS 5676 los haya incluido en la categoría de grandes consumidores y que se les venda el combustible a Bs 18

“Nosotros tenemos una reunión nacional en La Paz, con la FAM Bolivia, vamos a plantear nuevamente que se nos excluya el decreto supremo, porque las entidades municipales somos entidades de servicio, no somos entidades de lucro, no somos una empresa, no somos una agroindustria”, manifestó el director ejecutivo de Agamdech, Marco Antonio Solis.
Los grandes consumidores de diésel deben adquirirlo en las plantas de almacenaje de hidrocarburos a Bs 18 el litro. Foto: Unitel
Los grandes consumidores de diésel deben adquirirlo en las plantas de almacenaje de hidrocarburos a Bs 18 el litro. Foto: Unitel

Los municipios enfrentan dificultades por las nuevas condiciones establecidas en el Decreto Supremo 5676, que los incluye como Grandes Consumidores (GRACO) y deben comprar el diésel en cisternas a Bs 18 el litro, porque eleva sus gastos operativos en el mantenimiento de carreteras, recojo de basura y otras actividades de servicio que prestan a la población.

Por esas razones, solicitan que el Gobierno nacional los excluya del decreto, que los clasifica como GRACO, debido a que compran más de 20 mil litros para sus actividades y se les impide adquirir el combustible de los surtidores, lo que mantiene paralizada la maquinaria municipal.

El director ejecutivo de la Asociación de Gobiernos Municipales de Chuquisaca (Agamdech), Marco Antonio Solís, informó que el próximo miércoles 26 se reunirá en la ciudad de La Paz la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) para tratar este tema, antes de la reunión con el presidente Rodrigo Paz, programada para el 28 de agosto.

El tema será abordado este próximo miércoles en una reunión nacional en La Paz y, posteriormente, el viernes, será planteado al presidente Rodrigo Paz. Lo que se busca es recuperar el sistema de compra en surtidores y advirtió que hacerlo con el precio de Bs 18 sería insostenible para los municipios.

Precisó que, como Agamdech, solicitaron mediante una nota formal que se excluya a los municipios de Chuquisaca del DS 5676 y de la clasificación que hace a los gobiernos municipales como Grandes Consumidores de ese combustible.

“Nosotros tenemos una reunión nacional en La Paz, con la FAM Bolivia, vamos a plantear nuevamente que se nos excluya el decreto supremo, porque las entidades municipales somos entidades de servicio, no somos entidades de lucro, no somos una empresa, no somos una agroindustria”, dijo a radio Global.

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Explicó que los gobiernos municipales no pueden adquirir diésel de los surtidores ni de las plantas de almacenaje de hidrocarburos. Debido a esa limitación, las obras, los tractores y las volquetas no funcionan y no se movilizan.

Dijo que, si bien algunos municipios quieren adquirir el combustible al nuevo precio fijado por el Gobierno, no hay ni a Bs 9,80 ni a Bs 18; no se les está vendiendo a los gobiernos municipales porque no hay una autorización expresa desde el nivel que corresponde.

“Han intentado comprar en varios surtidores, pero les bloquea el sistema porque están dentro de los Grandes Consumidores, tampoco pueden comprar en la planta distribuidora de Qhora Qhora, porque no tienen cisternas, de ahí se pueden recoger solamente con cisternas, entonces es un problema para los municipios”, advirtió.

Pero manifestó que, como municipios, no están de acuerdo en que se les venda a Bs 18 el litro. Es insostenible, porque el decreto establece que, a partir de los 20 mil litros, se debe hacer la compra en carros cisternas, cuando siempre se hacía la compra de surtidores en turriles, porque los tractores no pueden llegar a los surtidores y no les permiten comprar diésel, explicó.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes, sostuvo que los municipios se mueven en función del diésel. “Todo lo que estamos haciendo en la ciudad desde el recojo de la basura hasta todas las obras que hacemos usamos diésel, ojalá que el Gobierno tome esto como una prioridad nacional y peor aún, si sube el diésel a Bs 18 y no hay el carburante todavía es más complicado”, afirmó.

Sostuvo que el Gobierno tiene que hacer el esfuerzo, me imagino que tiene que ser a la brevedad posible, por normalizar el abastecimiento de diésel, pero el precio de Bs 18 es muy complicado.

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“Me imagino que en algún momento van a tener que abrogar ese decreto, obviamente para que continúe la tranquilidad en el país, ese es el mayor problema en este momento”, afirmó.

Como ejemplo, sostuvo que, en la Alcaldía de Cochabamba, los recursos destinados para comprar diésel y gasolina para 12 meses ahora solo alcanzan para tres meses y peor si el precio del litro se sube a Bs 18, porque los municipios están en la categoría de grandes consumidores, por la cantidad de combustible que se adquiere.

“Tenemos que recoger la basura, tenemos que trabajar en los diferentes distritos, sería muy difícil para la alcaldía y para todas las alcaldías del país pagar Bs 18 de todo el combustible que utilizamos que es el diésel”, afirmó.

Por su parte, el alcalde de Villa Azurduy, de Chuquisaca, Felipe Álvarez, cuestionó que los municipios sean considerados como grandes consumidores de diésel, lo que los obliga a pagar Bs 18 el litro.

Informó que, en el surtidor de Tarabuquillo, se pretendió vender a los vehículos del municipio a ese precio, pero que no se compró por los problemas económicos que provocará el aumento del precio del diésel a los grandes consumidores.

A raíz de esa situación, informó que se tomó la “drástica decisión” de suspender los servicios de maquinaria agrícola y pesada, situación que limitará las competencias municipales, y lamentó que, hasta la fecha, no se haya emitido la reglamentación que regule el DS 5676, a radio Global.

Álvarez informó que el municipio de Villa Azurduy consume mensualmente 5.000 litros de gasolina y 5.000 litros de diésel para atender servicios de salud, apertura y mantenimiento de caminos y actividades productivas, por lo que, si se aplica el precio diferenciado, se registraría una crisis.

Dijo que, a través de la Agamdech y la FAM, se están realizando gestiones para que el Gobierno aclare si las entidades públicas están sujetas a esta normativa, considerando que "no somos una entidad de lucro, prestamos servicio" y que la aplicación del mencionado decreto perjudicaría a los municipios, que ya enfrentan escasez de recursos y no podrían cumplir con sus obligaciones.

Advirtió que, si se confirma que los municipios son considerados grandes consumidores, se deberán tomar medidas para evitar que el DS 5676 se materialice.