La AJAM calcula que la minería ilegal en Pocoata obtenía 120 kilos de oro al mes y más de 1.400 al año

La magnitud de la operación minera ilegal en el municipio de Pocoata, en el departamento de Potosí, permitía, de acuerdo con el cálculo del director nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria, que las empresas que operaban de manera ilegal obtuvieran, como mínimo, 4.000 gramos de oro por día, 120 kilos por mes y más de 1.400 kilos por año.

Si hacemos un pequeño cálculo para dimensionar el tamaño de esta operación, es simple: 200 volquetas cargan por día, haciendo un viaje; más o menos, son 20 toneladas de material mineralizado aurífero, lo que significa que mueven al día más o menos 4.000 toneladas, en un solo viaje, sostuvo en una conferencia de prensa.

“Si de cada tonelada, sacan un gramo de oro, que es lo más bajo que se puede obtener, están obteniendo 4.000 gramos por día; es decir 4 kilos por día, lo que significa que, al mes, sacan 120 kilos de oro y; en un año sacan 1.400 kilos, o sea una tonelada y media”, afirmó.

Sostuvo que estas actividades en esa zona minera se venían realizando desde hace seis años, sin pagar regalías ni impuestos y sin preservar el medioambiente.

Para Sanabria, el país se encuentra ante una situación muy delicada frente a lo que representa la minería ilegal e informal, al extremo que sostuvo que, desde su punto de vista, “el Estado ha perdido soberanía y control sobre sus recursos naturales”.

Recordó que el pasado 6 de octubre, el director departamental de la AJAM de Potosí, Oscar Santos, se constituyó en el municipio de Pocoata, en la provincia Chayanta, al norte del departamento, en la cuenca del río Tagoni, y pudo efectuar una inspección a las siguientes áreas mineras: Chaupichuro, Taruquiri 1, Aguilita y Lumina II.

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Dijo que las áreas mineras —tres pertenecientes a empresas y una a una cooperativa— cuentan con documentos que no las autorizan a realizar la actividad minera, porque no tienen el derecho minero y tampoco cuentan con la licencia ambiental.

“Pero lo más preocupante de todo esto es que en el lugar se ha podido encontrar, nada menos ni nada más, un aproximado de 100 excavadoras nuevas, 200 volquetas, más o menos, 500 personas realizando actividad minera, explotación de procesamiento de mineral aurífero a gran escala”, informó.

En el lugar, se han podido verificar tareas de excavación, remoción, extracción, transporte, lavado y concentración de minerales, además de vehículos, motores, combustible y equipos de procesamiento, pozas y campamentos improvisados dedicados a la extracción de oro.

Sanabria consideró que este descubrimiento muestra que las anteriores autoridades no hacían su trabajo y que, con la nueva administración, se están haciendo grandes esfuerzos con el propósito de resguardar los recursos naturales.

Informó que la AJAM asumirá las acciones administrativas: “vamos a coordinar con las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas y otras autoridades, como las de medioambiente, para actuar sobre estas áreas y obviamente impedir que esta práctica se siga realizando”.

Sin embargo, reconoció que, debido a que el país es muy grande y los recursos naturales son ingentes, no se puede realizar un control efectivo de las actividades ilegales, por lo que dijo que se tiene que ser eficiente en la lucha contra la minería ilegal y en la defensa del medioambiente.

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Insistió en que la AJAM lo que hace es otorgar, controlar y fiscalizar el derecho minero, mientras que es competencia exclusiva de las autoridades ambientales habilitar a los operadores mineros a través de una licencia ambiental.

“Para hacer una minería legal, no solo se requiere el derecho minero que lo otorga la AJAM, se necesita contar con una licencia ambiental, otorgada por la autoridad competente, sea la Secretaria Departamental dependiente de las gobernaciones o las licencias que se emiten desde el Ministerio de Medioambiente y Agua, entonces solo así se puede hacer minería legal “, precisó.

Sanabria informó que la AJAM realizó inspecciones en varias áreas, entre ellas, Coroico, La Asunta y los Yungas, y que se pudo establecer, como en otros lugares, que la minería ilegal cuenta con la participación de las comunidades, porque son los propios lugareños quienes se asocian en cooperativas o con actores productivos o financiadores nacionales o extranjeros para dedicarse a la explotación.

Dijo que, aunque estas asociaciones deben ser autorizadas por la AJAM, se realizan de manera subrepticia y en condiciones totalmente deplorables y perjudiciales para el Estado y el medioambiente, y que lo lamentable es que la mayoría de las comunidades son partícipes de esta actividad.

Además, sostuvo que esta actividad ilícita implica muchos factores: el comercio del mineral, que debe ser controlado por el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales (Senarecom), encargado del control del comercio de minerales, y el contrabando, que es de competencia de la Aduana Nacional.

“No solo es el comercio y contrabando de mineral, de oro principalmente, sino es el contrabando hacia Bolivia del mercurio, hay un gran negocio en el contrabando de mercurio, hay tráfico de armas, hay tráfico de combustible, hay tráfico de vehículos”, manifestó.

Sostuvo que las 100 excavadoras encontradas en Pocoata no tienen registro y que seguramente muchas de ellas fueron adquiridas e introducidas al país de manera ilegal, por lo que demandó que las autoridades competentes controlen y fiscalicen el ingreso de esos equipos al país.

“La minería ilegal está ligada a l narcotráfico a la legitimación de ganancias ilícitas y la violencia en general”, afirmó.