706 casos de vulneración de derechos de adultos mayores registra la Defensoría en 2026

Yenny Escalante / Sumando Voces

La Defensoría del Pueblo reportó 706 casos de vulneración de derechos humanos de personas adultas mayores durante la gestión 2026. La información se dio a conocer este 26 de agosto, Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores.

Las principales vulneraciones registradas corresponden al derecho a una vejez digna y al trato preferente, con 256 casos; el derecho a participar en la formación, ejercicio y control del poder político, con 186 casos; y las garantías del debido proceso y acceso a la justicia, con 168 casos. Asimismo, se registraron 96 casos relacionados con el derecho a la salud, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las acciones para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de esta población.

En el ámbito de la promoción de derechos, la Defensoría del Pueblo capacitó a 869 personas adultas mayores como promotoras y promotores de derechos humanos hasta la gestión 2025. Durante 2026, mediante el Programa de Formación de Promotoras y Promotores de Derechos Humanos, se sumaron 500 personas más, alcanzando un total de 1.369 adultos mayores formados, quienes contribuyen a la promoción y defensa de los derechos de sus pares.

Acciones en curso

La institución desarrolla acciones orientadas a garantizar los derechos de esta población, entre ellas el seguimiento al acceso a la Renta Dignidad de personas adultas mayores privadas de libertad y la promoción de normativa y políticas públicas destinadas a este sector. De igual manera, lleva adelante una Investigación Defensorial sobre la situación de las personas adultas mayores con Alzheimer y otras demencias, orientada a identificar las barreras que afectan el ejercicio de sus derechos y contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas y los servicios de atención integral.

La Defensoría del Pueblo exhorta a las entidades del Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, a fortalecer las políticas públicas, programas y servicios destinados a garantizar una vejez digna, con especial atención a la salud, seguridad económica, alimentación, acceso a la justicia, participación y trato preferente, así como a prevenir toda forma de violencia y discriminación.