Sectores amenazan con romper el estado de excepción mientras el Gobierno debate su ampliación

Mientras algunos sectores sociales anuncian que romperán el estado de excepción y otros anuncian que esperarán a que se cumplan los 90 días para asumir acciones exigiendo la abrogación del Decreto Supremo (DS) 5676, desde el Órgano Ejecutivo el debate está en la mesa y, de por medio, se registra la propuesta de ampliar la medida ante las amenazas del “narcoterrorismo” contra la democracia, hecha por el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo.

El DS 5636 aprobó la medida el 18 de junio, cuando se cumplían más de 50 días de bloqueo de carreteras y después de la firma de un acuerdo para pacificar el país con el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y está vigente hasta el 18 de septiembre.

El decreto prohíbe los bloqueos de vías, el control de concentraciones públicas sin autorización y restricciones temporales a la circulación en zonas de intervención, y garantizaba la circulación y el tránsito en la mayor parte del territorio nacional.

Previamente, a raíz del nuevo sistema cambiario del dólar, asumido por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz el 19 de julio, después de 15 años en los que se mantuvo el tipo de cambio en Bs 6,86, gremiales, choferes, importadores y otros sectores advirtieron que esa nueva política afectaba su economía y que esperarían a que transcurrieran los tres meses de estado de excepción para iniciar sus protestas.

Esta medida fue incumplida por los productores de coca del Chapare de Cochabamba, que realizaron varios encuentros políticos desafiando la medida, y el pasado 26 de agosto se realizó una asamblea en Ivirgarzama, donde se definió iniciar las protestas contra el DS 5676 este viernes 4 de septiembre.

Antes, la Asociación de Jubilados Fabriles de La Paz salió en marcha de protesta en contra del DS 5676 y la eliminación de los descuentos a sus afiliados, dispuesta por el DS 5654, que eliminó el descuento automático de los aportes para los sindicatos desde las planillas de las instituciones del sector público. El máximo dirigente, Porfidio Torrejón, desafió a otras organizaciones a romper el estado de excepción.

Sin embargo, la aprobación del DS 5676, que dejó sin efecto la subvención del diésel a los Grandes Consumidores y fijó el precio en Bs 18, provocó reacciones de protesta y advertencias de iniciar movilizaciones de parte de sectores productivos, el transporte y organizaciones sociales, colocando al país ante el riesgo de una nueva convulsión social.

La Cámara de Transporte de Cochabamba, por ejemplo, otorgó cinco días de plazo al Gobierno para que presente una propuesta formal y técnica documentada y que fije un plazo para su discusión.

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Su presidente, Luis Jiménez, advirtió que, cumplido ese plazo, se realizará una nueva reunión en una asamblea productiva departamental y, si las respuestas no son satisfactorias o si persiste el silencio, pasaremos de inmediato a una siguiente fase de acciones institucionales, dijo a Radio Fides.

“Convocaremos a la Brigada Parlamentaria, a más sectores productivos, coordinaremos a nivel nacional y activaremos mecanismos progresivos de presión institucional”, anunció.

Jhonny Rocha, presidente de la Unión de Transportistas del Norte Integrado, de la misma forma, exigió respuestas a las autoridades nacionales y advirtió que, de no ser escuchados en 48 horas, bloquearán las carreteras y no pagarán el peaje de ninguna carretera, sea troncal o provincial.

La Federación Departamental de Campesinos de Cochabamba convocó a una marcha de protesta en las próximas horas, en rechazo al incremento del precio del diésel a Bs 18, establecido mediante el Decreto Supremo 5676.

El secretario ejecutivo del sector, Emilio Núñez Rodas, afirmó que no recibieron respuesta a las solicitudes de audiencia enviadas al presidente y al ministro de Hidrocarburos, y pidió abrir un espacio de diálogo para encontrar soluciones al abastecimiento de combustible, informó CTV Red Nacional.

Mientras que el secretario general de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia, Aquilardo Caricari, anunció la movilización con la participación de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, con el 100% de las bases y de otras organizaciones sociales de la región del trópico, el próximo viernes.

Precisó que esta movilización será el inicio de las protestas del departamento de Cochabamba, asumida en una reunión en el municipio de Irvirgarzama, donde se rechazaron las medidas económicas del Gobierno. “Se ha rechazado el DS 5676, se ha rechazado también el esquema de corrupción que se ha denunciado al interior del Gobierno”, sostuvo a RKC.

Dijo que mañana se realizará una reunión con otras organizaciones del departamento de Cochabamba, la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), para tomar medidas en contra del DS 5676 y, en contra también de las “medidas neoliberales” que ha asumido el Gobierno de Rodrigo Paz.

“Seguramente en este encuentro se va a definir otras medidas de presión en contra del Gobierno, hasta que se pueda lograr abrogar el DS 5676 y al mismo tiempo revertir también las medidas neoliberales que el Gobierno está asumiendo”, afirmó.

Otro de los sectores que anuncian protestas es la Confederación de Choferes de Bolivia, cuyo representante, Lucio Gómez, anunció el inicio de protestas por el desabastecimiento de combustible y contra el DS 5676.

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“Somos respetuosos de las normas y el Estado de excepción, pero ya está aprobado, nos verán en las calles, estaremos protestando porque la verdad ya no podemos aguantar más”, informó Unitel.

Explicó que el mencionado decreto, lejos de descongestionar las estaciones de servicio, a la fecha las filas han crecido y, por otra parte, denunció que “la comercialización ilegal ha crecido mucho más”. Gómez advirtió que este decreto afecta a otros sectores y que se prevé que se sumarán a las protestas.

A esas protestas se sumó el máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, quien cuestionó una posible ampliación del estado de excepción. “Sería un atentado contra la democracia, no se puede vivir constantemente en un Estado de excepción”.

Desde su punto de vista, la medida asumida fue un error político del Gobierno, que seguramente le va a pasar factura, porque estamos viendo también como está la coyuntura política y, lastimosamente estamos viendo que en este aspecto no tiene que equivocarse.

Afirmó que hay descontento en la gente, que ya se está pronunciando a pesar de estar vigente la medida de excepción, y que está esperando que los 90 días se cumplan para reanudar las movilizaciones.

“Nosotros vamos a hacer un análisis frío de todo lo que ha acontecido en estos tres meses, para poder sacar determinaciones de cómo vamos a proceder como entre matriz, nos debemos a los trabajadores y seguramente lo vamos a hacer”, manifestó.

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Afirmó que no se están solucionando los problemas que aquejan de manera directa a la población; el Gobierno tiene que tomar en cuenta que este descontento es porque hay crisis en las familias y no se ven viendo soluciones, por ello planteó que “el Gobierno tiene que ponerse las pilas y trabajar”.

Desde el Órgano Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, se pronunció a favor de ampliar la medida, con el argumento de que no se puede permitir que se interrumpan las garantías democráticas y que se interrumpa la vigencia del Estado de derecho.

“El estado de excepción tiene una vigencia plena en este momento y si seguimos con estas amenazas con estas acciones que van en contra del Estado de derecho y el respecto a lo que es el estado de excepción, claro que tiene que ampliarse”, afirmó.

Sostuvo que hay grupos que continúan grupos en la intención de desestabilizar la democracia; aclaró que no se criminaliza la protesta y se han respetado los derechos. “Lo que ha hecho el Gobierno cuando ha sacado el estado de excepción, ha sido un estado de excepción humanitario, para garantizar el abastecimiento de combustible y de alimentos”, justificó.

Aramayo afirmó que, “ha quedado en evidencia que estamos en una situación de terrorismo político, de narcoterrorismo contra el Estado y naturalmente si esta amenaza continua, tiene que ampliarse”.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, anunció que el tema será evaluado y que la medida permitió que haya normalidad en el país.

“Creo que la mayoría de los bolivianos que vivimos en un estado normal, queremos vivir en un Estado sin bloqueos, y creo que es una medida que todavía puede ser propicio mantenerla”, manifestó.

Otra voz desde el Ejecutivo fue la del viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, quien destacó que los objetivos fueron logrados con el estado de excepción. “Hemos tratado de hacer un estado de excepción quirúrgico, de tal manera que podamos controlar solamente en los lugares donde hay brotes de conspiración y de conflicto”, explicó.

Con relación a una posible ampliación de esa medida, informó que “que se discutirá en su tiempo”, porque resta un tiempo antes de que se cumplan los tres meses.

Desde la Asamblea Legislativa, varios asambleístas apoyaron la ampliación del estado de excepción, entre ellos, los diputados por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, y por Unidad, Alejandro Reyes.

Rojas explicó que, de acuerdo con la Ley 1747, la ampliación del estado de excepción es competencia del Legislativo, aunque a petición del Ejecutivo, mientras que Reyes sostuvo que fue el primero en pedir una ampliación por las amenazas que se están haciendo.

“Nos están amenazando con parar la economía, van a bloquear. Necesitamos estabilidad y por eso necesitamos la ampliación del estado de excepción”, afirmó.