Proponen quitar el rango constitucional a 31 artículos, incluidos los vinculados al agua e hidrocarburos

Una nueva propuesta de reforma constitucional fue presentada para incorporar el arbitraje internacional en la Constitución Política del Estado (CPE) y quitar el rango constitucional a 31 artículos, entre ellos los vinculados a la propiedad de los hidrocarburos, el agua como derecho humano y la exclusividad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la cadena productiva.

El presidente del Senado, del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), Diego Ávila, y el diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, presentaron la propuesta de reforma parcial, que establece “desconstitucionalizar” un grupo de artículos para que sus contenidos sean “regulados, modificados y derogados por leyes de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

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Se trata de los artículos 182, 183, 185, 187, 188, 194, 198, 199, 200, 201, 203, 227, 228, 310, 319, 320, 351, 352, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 367, 370, 373 y 378.

De darse curso a la propuesta, se sacaría de la Constitución, por ejemplo, el reconocimiento y la protección de las cooperativas; la exclusividad del Estado en la industrialización; la priorización de la inversión pública frente a la privada; la propiedad “inalienable e imprescriptible” de los hidrocarburos; y el agua como “derecho fundamentalísimo para la vida”.

También se retiraría del nivel constitucional la exclusividad de YPFB en la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización, así como en el desarrollo del área de energía.

Alarcón informó sobre la presentación de la propuesta de Ley de Reforma Parcial de la CPE, “para que la primera fase de este proceso, sobre la necesidad y los alcances de la reforma parcial, se inicie en la Cámara de Senadores”.

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La propuesta también incorpora el arbitraje internacional, similar a la iniciativa planteada y entregada al Legislativo por el expresidente y líder de Libre, Jorge “Tuto” Quiroga.

Quiroga planteó una reforma constitucional asentada en cuatro ejes: generar condiciones para la inversión a través de la garantía del arbitraje internacional, profundizar las autonomías, transformar la justicia mediante una nueva forma de elección de magistrados e impulsar la transformación digital de Bolivia.

A diferencia de ambas propuestas, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz incorporó el arbitraje internacional en el proyecto de Ley de Inversiones, lo que Quiroga consideró anticonstitucional.

La actual Constitución Política del Estado fue aprobada durante el gobierno de Evo Morales en 2009. Toda reforma que nazca en el Legislativo debe ser aprobada por dos tercios y luego ir a un referéndum aprobatorio.