La Ley 042 contra la minería en Viacha no se aplica porque el alcalde no presenta el reglamento a un año de su promulgación

Carlos Quisbert

La Ley 042, que declara a Viacha como un municipio libre de la actividad minera y la contaminación, no se aplica pese a que la norma fue promulgada hace un año. De acuerdo a los concejales, esto se debe a que el alcalde, Jenrry Patzi, no presentó la reglamentación.

“Como presidente de la Comisión de Medioambiente, consultamos al Ejecutivo municipal y nos respondió que están en la reglamentación, para que se aplique la Ley 042 eso falta”, informó a Visión 360 el concejal Francisco Aruquipa. Viacha es la tercera ciudad más poblada del departamento de La Paz, con 113.526 habitantes según el último censo.

Por su lado, la presidenta del Concejo Municipal, Gladys Lozano, explicó que la demora también se debe a que la designación de Aruquipa se dio recién la primera semana de agosto y que el cargo en la Comisión de Medioambiente estuvo acéfalo más de tres meses. Por ello, no existía forma de fiscalizar y hacer seguimiento a este tema.

Aruquipa y Lozano afirmaron que no se les entregó informes sobre el trabajo que realizaron en la anterior gestión el alcalde y los concejales.

El tema cobra relevancia luego de que el Ministerio de Salud emitió un nuevo informe, el 14 de septiembre, en el que se confirmó que el agua de tres pozos en la comunidad Seque Jahuria y dos piletas de Contorno Bajo, está contaminada con cianuro y plomo Los hallazgos de este tipo se registran desde 2024 en diferentes sectores del municipio.

Los técnicos recomendaron ya no consumir el agua de estas fuentes, para evitar enfermedades cuyos síntomas podrían manifestarse recién en 10 años. La directora municipal de salud, Rita Arteaga, explicó que la población “está expuesta” a la contaminación, pero remarcó que los estudios realizados por el Ministerio de Salud también confirman que aún no se conoce de personas con enfermedades atribuibles a este factor.

Arteaga también remarcó que los acuíferos y el agua de las piletas contaminadas con plomo y cianuro, en Seque Jahuira y Contorno Bajo, no provienen de las fuentes de agua que dan el servicio al área urbana de Viacha, donde radica la mayor parte de la población. Es decir que la contaminación del agua no se dio en la ciudad, pero afecta a los acuíferos de las comunidades, en especial de Mamani, donde aún no se efectuaron pruebas.

En Viacha se registró la presencia de 26 empresas dedicadas al reciclaje de minerales que traen desde otros departamentos y municipios. De acuerdo a los datos oficiales, solo 10 de estas empresas tienen las licencias ambientales y de funcionamiento, el resto opera de forma ilegal, pero se resisten a su clausura.

En ese contexto, el 17 de septiembre de 2025, en lugar del Gobierno Municipal de Viacha, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) dispuso la suspensión de las actividades de 20 empresas. No obstante, los dirigentes de las tres comunidades denuncian que las recicladoras operan a puertas cerradas.

Con el fin de conocer la información oficial, Visión 360 solicitó una entrevista con el alcalde Patzi desde el 28 de agosto, pero hasta la fecha no hubo respuesta. En un mensaje de texto enviado por su personal de apoyo, el sábado, se anunció que atendería las consultas el lunes, pero tampoco cumplió.

Incumplimiento de deberes

Sobre el incumplimiento de la Ley 042, el abogado y exasambleísta departamental de La Paz, Israel Alanoca, explicó a este medio que, de acuerdo al texto de la norma, que tiene un solo artículo y cinco parágrafos, no se menciona la necesidad de una reglamentación, por lo que la misma debió ejecutarse desde su promulgación en 2025.

“La reglamentación es necesaria para leyes genéricas, pero la Ley 042 cita objetivos específicos y no establece la elaboración de un reglamento. Por otro lado, la redacción de una reglamentación es atribución del ejecutivo municipal”, manifestó Alanoca en entrevista con este medio.

El experto remarcó que las autoridades del municipio de Viacha deben revisar bien los estatutos, que delimitan sus obligaciones como fiscalizadores, ya que en este caso serán pasibles de procesos penales por incumplimiento de deberes. En criterio de Alanoca, el anterior alcalde, Napoleón Yahuasi, y al actual burgomaestre podrían ser remitidos ante la justicia ordinaria por incumplir la Ley 042, que fijaba plazos y objetivos definidos.

Amparo rechazado

La Ley 042 fue promulgada el 1 de septiembre de 2025 por el entonces alcalde de Viacha, Napoleón Yahuasi. El mismo, firmó la norma en medio de los reclamos de las organizaciones originarias campesinas, que cuestionaron su inacción ante los reportes de derrame de cianuro que contaminaron acuíferos usados por tres empresas de reciclaje de minerales.

Se debe precisar que Viacha no es un municipio minero, sino que las empresas traen el material de otros distritos.

El concejal Calixto Alanoca, informó que luego de la promulgación de la Ley 042, Francisco Mayta, en representación legal de la Asociación de Procesadoras Metalúrgicas de Viacha (Apromev), presentó un amparo constitucional para impedir la aplicación de la Ley 042. Los mineros argumentaron que se vulnera su derecho al trabajo.

Sin embargo, en octubre de 2025, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la resolución 0606/2025, en la que se rechaza la petición de las empresas recicladoras y se antepone el derecho a la vida y la salud de los comunarios. En ese sentido, explicó Alanoca, no existe acción legal que impida aplicar la ley.

10 años de denuncias

El activista Oscar Olivera, uno de los protagonistas de la denominada Guerra del Agua, en Cochabamba, el año 2000, quien ahora es representante de la Fundación Abril, realiza el seguimiento de la problemática actual en Viacha. Olivera explicó que entre las organizaciones campesinas que promueven la lucha contra la contaminación minera en Viacha, está el Organismo de Gestión de Cuenca (OGC) de la Microcuenca del río Pallina, presidida por Juan Pablo Yujra.

Esta organización agrupa a nueve de las comunidades más afectadas por la contaminación en ese municipio. El problema medioambiental no solo es causado por la actividad minera ilegal, sino también por los desechos y la basura que arrastran los ríos Seque y Seco, desde la ciudad de El Alto hasta el río Pallina, además de la actividad de empresas de cemento, ladrillo y cerámica que cubren de polvo las áreas de pastoreo y cultivo.

La OGC Pallina lleva 10 años peregrinando por ministerios, oficinas de la Gobernación y la Asamblea Legislativa, en busca de atención al problema que, asegura Yujra, causó que parte de la población abandone su tierra, debido a la muerte de animales y la degradación de sus cultivos.

Una comunaria, que pidió no dar su nombre, relató a Visión 360 que abandonó la comunidad Mamani luego de la muerte de su madre, a quien recuerda deprimida por la muerte de su ganado y afectada por un ardor insoportable en los ojos que le impedía salir de su cuarto.

La agonía de la madre se extendió por unos 15 años, recuerda la comunaria, y revela que tanto ella como sus animales consumían el agua de un pozo, el cual limpiaban con sus hermanos, pero sus aguas siempre salían “como si le hubieran tirado sarro”.

“Cerca a la casa de mi mamá hay dos ladrilleras y dos mineras … de ahí venía el agua con ese color”, afirmó Callisaya, quien ahora vive en la ciudad de El Alto.

Miriam Condori, vecina de la comunidad Challajahuira, aseguró que hace unos 15 años las plantas de alfa alfa, en su terreno, crecían hasta un metro con 20 centímetros, se mantenían verdes y era el forraje de sus animales para todo el año, pero ahora apenas crecen 30 centímetros y luego de un tiempo comienzan a encogerse, con las hojas cubiertas por una película de polvo gris.

Clausura, mitigación y licencias

¿Pero que dice la Ley 042?

La norma tiene un solo artículo con cinco parágrafos. El primero menciona que el objetivo de la misma es declarar al municipio de Viacha territorio libre contaminación y preservar el derecho de su población a vivir “en un medioambiente limpio y saludable”.

En el segundo parágrafo se indica que “para el cumplimiento inmediato”, se conmine al cierre de las empresas mineras y se asuma acciones de mitigación, en coordinación con los diferentes niveles de Gobierno.

En el tercer punto se instruyó que el día de la promulgación las autoridades municipales debieron presentar acciones de cumplimiento (constitucionales). No se tiene datos sobre dicha representación.

El cuarto parágrafo retoma la instrucción sobre la mitigación de todo tipo de contaminación, pero incide en la obligación de las autoridades municipales para que tomen acciones judiciales, “para la reparación y resarcimiento de daños ocasionados a las comunidades afectadas”, cita el texto.

Por último, en el quinto parágrafo, “se dispone el inicio de revocatoria de todas las licencias de funcionamiento de las actividades mineras que se encuentran asentadas en la jurisdicción, debiendo el Ejecutivo municipal solicitar la revocatoria de autorizaciones por parte de los diferentes niveles de gobierno de actividades mineras”.