“Una denuncia no es una sentencia”: Senado y Diputados piden a EEUU información sobre Mariaca

Los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Roberto Castro y Diego Ávila, respectivamente, informaron que solicitaron información oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los señalamientos realizados en contra del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien es acusado de haber recibido sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia.

“Una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas", afirmó Ávila. "Acabamos de presentar ambos presidentes al Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, para que, por los canales diplomáticos correspondientes, gestione ante el Secretario de Estados de los Estados Unidos, toda la información oficial disponible sobre estos señalamientos, necesitamos conocer su alcance y contra con los documentos de antecedentes que puedan ser proporcionados al Estado boliviano", informó.

El pronunciamiento fue dado a conocer en una conferencia de prensa, en la que ambas autoridades hicieron conocer su posición respecto a la decisión de los Estados Unidos de retirar la visa y prohibir el ingreso a Mariaca, jueces, fiscales, un magistrado y un policía.

Ávila fue el primero en hacer uso de la palabra. Dijo que las acusaciones contra el Fiscal General y otras autoridades exigen una respuesta seria. La gravedad de estos señalamientos lleva a actuar con prontitud, pero también con responsabilidad, sostuvo.

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Además, dijo que solicitaron al vicepresidente del Estado, Edmand Lara, que convoque con carácter de urgencia a una sesión de la Asamblea Legislativa. “Pedimos que este asunto sea incluido en el orden del día a fin de considerar los mecanismos institucionales de investigación que correspondan conforme a la Constitución y la ley, en resguardo de la institucionalidad democrática, la independencia de la justicia y la transparencia de las investigaciones”, afirmó.

Ávila consideró que “mientras se esclarezcan los hechos denunciados, el Fiscal General del Estado se aparte del ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en los mecanismos previstos por ley”.

Justificó que esta medida debe permitir que las investigaciones se desarrollen con plena independencia, sin interferencias ni privilegios, garantizando la búsqueda de la verdad material y el respeto al debido proceso. “Bolivia necesita información oficial, cooperación entre estados, y una respuesta institucional transparente”, puntualizó.

Por su parte, Castro dijo que quería hablar de algo que va más allá de una denuncia concreta: la confianza del pueblo boliviano en la justicia, cuando “los señalamientos alcanzan a la máxima autoridad del Ministerio Público, la ciudadanía tiene derecho a que se esclarezcan los hechos y se conozcan los resultados”.

“La corrupción perjudica directamente a las familias de los bolivianos, desvía recursos que, deberían servir para mejorar los servicios públicos y debilita la confianza en las instituciones, si además llega a afectar el sistema de justicia, ponen en duda que cualquier ciudadano reciba un trato justo”, afirmó.

Por eso, manifestó que, una vez que la Cancillería tenga la información solicitada correspondiente, y que se determinen con transparencia las actuaciones legales y parlamentarias que procedan en la sesión de la Asamblea que estamos solicitando, se plantearán los mecanismos de investigación y seguimiento permitido por el ordenamiento jurídico.

“No estamos anunciando culpabilidades, ni destituyendo fiscales o jueces, estamos pidiendo que los hechos sean examinados a fondo, que se preserven los elementos de prueba disponibles y que toda decisión tenga un sustento legal”, afirmó.

Castro dijo que el rechazo a la corrupción es categórico, no debe existir protección por jerarquía, influencia o cercanía política, “si se comprueban delitos, deben establecerse las responsabilidades y aplicarse las sanciones previstas por ley, si los señalamientos no tienen sustento corresponde aclararlo ante el país”, puntualizó.

La ciudadanía merece instituciones que deben respuestas verificables. Ese será el sentido de nuestra actuación y del seguimiento que realizaremos desde la Asamblea Legislativa, concluyó.

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