Lara lamenta amenazas de vocero presidencial y defiende legalidad de suplencia de Montaño ante aprehensión de Mariaca

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, lamentó el anuncio realizado por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, de detener al fiscal Luis Montaño, quien se declaró como el nuevo fiscal general del Estado, en sustitución de Roger Mariaca, quien fue aprehendido anoche por la Policía Boliviana.

De acuerdo con el segundo mandatario, Montaño, quien es el fiscal más antiguo en funciones, solo cumplió lo que establece la Constitución Política del Estado y la Ley 260 del Ministerio Público.

Este pronunciamiento se dio después de una conferencia de prensa de Gálvez, quien denunció a Montaño por usurpar funciones, al autoproclamarse como fiscal general.

“Quiero que el pueblo boliviano sepa que él está intentando destituir a los fiscales que están trabajando en favor del pueblo boliviano y que están trabajando para presentar las denuncias que corresponden contra las personas detenidas. Quiero denunciar ante el pueblo boliviano que han cerrado el sistema para no admitir las denuncias”, sostuvo Gálvez.

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Denunció que estaba manipulando el sistema para evitar que lleguen las denuncias respectivas contra los detenidos, creyendo que esas acciones iban a impedir que se investiguen los hechos que involucran a los aprehendidos.

Lara argumentó que “el artículo 25 de esta ley establece claramente cómo debe procederse ante la ausencia o impedimento del Fiscal General y determina la prelación para asumir esa función. Si el fiscal Montaño actuó conforme a ese mandato legal, no puede convertirse en delito cumplir la ley”.

Consideró que, en Bolivia, nadie puede ser detenido porque “a una autoridad se le ocurra”. La libertad de una persona está protegida por la Constitución y cualquier aprehensión debe realizarse conforme a las formas y condiciones establecidas por ley, ya sea por flagrancia o mediante la correspondiente orden legal.

Advirtió que resulta “profundamente preocupante” que desde el propio Gobierno se amenace con detener a un funcionario por cumplir una norma. “Eso no es institucionalidad; es desconocer la Constitución y pretender que la voluntad política esté por encima de la ley”.

En democracia, las diferencias se resuelven con la Constitución, con las leyes y ante las instancias competentes, no con amenazas de detención.