"Hay delitos de lesa humanidad", asegura el fiscal general sobre el juicio contra Evo Morales y Álvaro García por el caso Terrorismo

En manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya se encuentra la proposición acusatoria para un juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera. Para el fiscal general interino, José Armando Urioste, "hay delitos de lesa humanidad" en este caso, conocido como "Terrorismo", por lo que, afirmó, "a mediano plazo debería estar resuelto".

"Estamos cumpliendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, obviamente, hay delitos de lesa humanidad […]. Entonces, tenemos que darle curso como Estado; es una obligación y es un tema que a mediano plazo debería estar resuelto", afirmó sobre el proceso activado en la capital del Estado.

El viernes 9, en Sucre, legisladores de la alianza Libre, del expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, presentaron la proposición acusatoria ante la Fiscalía General del Estado. Ese mismo día, la demanda fue admitida y remitida a la máxima instancia de justicia de Bolivia, que actúa como órgano de control jurisdiccional de la causa y de legalidad.

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Morales y García son acusados por los delitos de asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad por lo ocurrido el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, donde un grupo de élite de la Policía acabó con la vida de tres de los cinco miembros de una supuesta célula terrorista extranjera que tenía la misión de dividir Bolivia.

En el operativo perdieron la vida el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa, identificado como el líder de la supuesta célula irregular, así como el húngaro-rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Sobrevivieron Elöd Tóásó y Mario Tadic, quienes fueron sentenciados. Ambos cumplieron una condena de cinco años y diez meses y luego abandonaron el país.

Una vez en el exterior, denunciaron a Bolivia ante la CIDH, instancia que determinó que el Estado era responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial. La Comisión emitió recomendaciones que el Estado no cumplió, entre ellas las relacionadas con la reparación, por lo que el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

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En abril de 2009, Morales reconoció desde Caracas (Venezuela) que había dado órdenes para actuar. "El día de ayer dejé instrucciones precisas al vicepresidente [Álvaro García] para hacer un operativo y detener a esos mercenarios", sostuvo en un acto público en el que participaban el extinto presidente venezolano Hugo Chávez y el entonces presidente cubano Raúl Castro.

"Se ha presentado la acusación ya ante el Tribunal Supremo, estamos a la espera de que la admita. Nosotros hemos admitido la denuncia y emitido ya la resolución fiscal de admisión de la causa. Ahí había un freno en la anterior administración; no entendemos por qué nunca se admitió y se rechazaba por problemas formales", explicó Urioste.

Procedimiento

De acuerdo con el procedimiento, una vez sustanciada la causa, la Fiscalía General del Estado deberá remitirla al Tribunal Supremo de Justicia, que, a su vez, enviará los antecedentes a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta instancia autorizará o rechazará el inicio efectivo del juicio de responsabilidades por dos tercios de votos.

Una vez autorizado el juicio, el Tribunal Supremo de Justicia se "constituirá como tribunal colegiado en pleno y en única instancia juzgará a la Presidenta o Presidente y/o Vicepresidenta o Vicepresidente, sin recurso ulterior", establece el parágrafo I del artículo 18 de la Ley de Juicio de Responsabilidades.

El caso Terrorismo terminó desarticulando a la cúpula empresarial, cívica y política del departamento de Santa Cruz. Durante el breve mandato de Jeanine Áñez, el Gobierno, que era el principal acusador, se apartó del proceso iniciado en 2009, mientras que la Fiscalía archivó y cerró la investigación.