Gobernador de Oruro denuncia al menos 40 asentamientos mineros ilegales en La Joya que ponen en riesgo los recursos hídricos

El gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, denunció hoy que en el cerro La Joya, ubicado en el municipio de Caracollo, existen al menos 40 asentamientos de minería ilegal dedicados a la explotación de oro que ponen en riesgo los recursos hídricos de la región.

La autoridad informó que estos asentamientos no cuentan con la autorización ni las licencias ambientales, extremo que representa una grave amenaza para las cuencas hídricas, como las del río Desaguadero y el lago Poopó.

Sostuvo que estas personas dedicadas a la explotación ilegal de minerales, entre ellos el oro, formaron la Asociación de Emprendedores Auríferos, afiliada a la Federación de Empresarios de Oruro, por lo que consideró que esa institución es cómplice de la minería ilegal.

Además, aclaró que la Empresa Minera Comunitaria Inca Sayaña (Emcoisa) es la única operación minera legalmente constituida por los comunarios del sector, después de que la empresa Inti Raymi abandonó el lugar. No obstante, anunció que se realizarán auditorías internas a raíz de denuncias sobre malos manejos.

Inti Raymi concluyó sus actividades y cerró sus operaciones en ese cerro entre 2002 y 2011, y traspasó las áreas mineras a la empresa fundada por los comunarios que habitaban el lugar.

Con relación a las actividades ilegales, Sánchez sostuvo que todas las operaciones instaladas en la zona carecen de control medioambiental y advirtió que los pasivos mineros llegarán en algún momento a las aguas del río Desaguadero y del lago Poopó.

“Todas estas operaciones que no tienen control medioambiental van a ir tarde o temprano a las aguas del río Desaguadero y otros afluentes, y estos afluentes están yendo en toda la ribera del río Desaguadero y van a llegar al lago Poopó y todas las riberas del lago Poopó, del río Toledo, Saucarí, Choro, son zonas productoras de ganado ovino”, informó Región Minera.

Explicó que, al no tener control medioambiental, se está poniendo en riesgo la vida de toda la gente de Oruro. Además, señaló que estas operaciones no aportan económicamente al departamento por la comercialización del oro que extraen.

Lee también: Chipihuayco, comunidad originaria de Potosí, se enfrenta a una empresa minera por usar agua destinada al consumo para lavar oro

“Les preguntamos si aportan: no aportamos; cómo venden el oro, ellos en palabras textuales me han dicho vendemos a la negra; entonces yo les he dicho que era la última reunión, porque no me iba a reunir con ilegales. Tienen todo el derecho de trabajar, pero que se conviertan en legales”, manifestó.

Sánchez criticó que la Asociación de Emprendedores Auríferos esté afiliada a la FEPO y consideró que esa institución es cómplice de la minería ilegal en los asentamientos de La Joya, que cuentan con personería jurídica otorgada por la Gobernación. Sin embargo, ya se presentó un recurso de nulidad que está en pleno análisis jurídico.

La autoridad recordó que solo existen tres actores legalmente reconocidos por la Ley de Minería: privado, estatal y cooperativo. “No hay minería de emprendedores, no existe eso, no está en la ley, no está en la Constitución, por tanto, es completamente ilegal, por eso hemos dicho que la FEPO es cómplice de la minería ilegal”, aseguró.

Emcoisa fue fundada por los comunarios cuando la empresa Inti Raymi dejó La Joya y transfirió las áreas mineras a la comunidad. La empresa está legalmente establecida y cuenta con la autorización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) y el Ministerio de Medio Ambiente, precisó.

Sin embargo, como se “enojaron entre ellos”, entre concesionarios, los que dejaron la empresa han hecho estos asentamientos y ninguno cuenta con el contrato minero ni con la autorización del Senarecom y el Ministerio de Medio Ambiente, aclaró.

En relación con Emcoisa, la autoridad sostuvo que hay denuncias sobre malos manejos, por lo que se pidió al Departamento Jurídico y a las secretarías de Minería y Medio Ambiente analizar cómo se puede intervenir y realizar una auditoría para establecer si hubo o no malos manejos.

“Lo vamos a hacer, si podemos hacerlo directamente, vamos a hacer una auditoria a Emcoisa, pero lo que no podemos hacer desde la Gobernación es hacer escapar a las inversiones, hacer escapar a la gente que invierte, produce y aporta a la región”, afirmó.

El cerro La Joya es un yacimiento de tipo polimetálico y aurífero, con otros minerales como plata, cobre, pirita y cuarzo, entre otros.