¿Quién es Carlos Torrez y qué casos investigó? El exfiscal de La Paz que quedó aprehendido por el caso Mariaca

Luis Carlos Torrez Alarcón fue fiscal departamental de La Paz desde octubre de 2024 hasta el 2 de octubre de 2026. Fue designado en ese cargo durante la gestión de Roger Mariaca como fiscal general del Estado, pero renunció después de que este último fuera aprehendido y enviado a detención preventiva al penal de Cantumarca, en Potosí.

Torrez fue aprehendido la noche del jueves en el marco de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público contra Mariaca, relacionadas con presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas. La intervención policial se realizó en su vivienda, ubicada en la zona de Gran Poder, que también fue allanada.

Torrez es abogado y fue alumno de la Universidad Salesiana de Bolivia. Durante su gestión como fiscal departamental de La Paz, se pronunció sobre investigaciones y procesos judiciales de relevancia.

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En marzo de 2025, Torrez informó que un exalcalde paceño y su esposa fueron imputados por presunta legitimación de ganancias ilícitas y declarados rebeldes. La investigación se originó a raíz de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre movimientos bancarios considerados sospechosos.

La Fiscalía reportó depósitos y retiros superiores a Bs 2 millones, además de presuntas inconsistencias patrimoniales. “La exautoridad municipal y su esposa fueron investigados por Legitimización de Ganancias Ilícitas y se emitió la imputación formal, en ese marco el día de ayer fue la audiencia de medidas cautelares. Se presume que el patrimonio de la pareja aumentó sin tener concordancia con su perfil económico y habría depósitos bancarios que no concuerdan con lo declarado, ni tampoco existe congruencia en lo declarado en esos depósitos a sus cuentas personales de él y su esposa, tampoco hay relación con lo declarado en la Controlaría al momento de asumir sus funciones en dos oportunidades como alcalde de La Paz”, dijo Torrez en esa oportunidad.

En febrero de ese mismo año, Torrez informó que el Ministerio Público apelaría la determinación judicial que impuso una sentencia de cinco años y cuatro meses a exministros de la gestión de Jeanine Áñez en 2020, identificados como Arturo M. P., Luis F. L. J. y Roxana L. V., así como al exjefe de Seguridad del Ministerio de Defensa, Héctor P. O., y a otros acusados. Según explicó, existían más pruebas que demostrarían la presunta autoría de los delitos de incumplimiento de deberes y tráfico ilícito de armas, por la internación de agentes antidisturbios —gases lacrimógenos y otros— en calidad de préstamo desde Ecuador.

En abril de ese mismo año, Torrez señaló que el Ministerio Público imputó al entonces alcalde de La Paz, Iván Arias, por presunto incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves, debido a supuestas omisiones en las tareas de prevención de riesgos y fiscalización relacionadas con la mazamorra de noviembre de 2024, hecho que provocó la muerte de una menor de edad.

“La Fiscalía ha colectado 129 elementos de convicción, que hacen suponer la probabilidad de autoría del imputado, entre ellos, las declaraciones testificales de las víctimas, la recopilación de información a partir del registro del lugar, la documentación enviada por la propia Alcaldía, donde se encuentra sus atribuciones y competencias, que hacen presumir que hubo omisiones en las tareas descritas en las Ley Nº 482, del Alcalde Municipal, y que habría tenido como consecuencias familias afectadas y una menor de edad fallecida por lo que el Ministerio Público, solicitará en audiencia de medidas cautelares la detención preventiva por cuatro meses en el penal de San Pedro”, sostuvo Torrez en esa ocasión.

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En ese mismo mes, Torrez informó que, en el denominado “caso Consorcio”, se presentó la acusación formal contra Claudia M. C., Sergio M. S., Mario I. O. y César S. B., con 63 pruebas documentales y testificales. El proceso quedó a la espera de que la autoridad jurisdiccional competente señalara la fecha y hora de la audiencia de juicio oral.

“La Comisión de Fiscales a cargo del caso emitió la acusación formal dentro de este caso por la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Influencia, Consorcio y Organización Criminal. En el transcurso del juicio, el Ministerio Público presentará todas las pruebas obtenidas en etapa de investigación que demuestran la participación de los acusados”, sostuvo Torrez.

Uno de los últimos casos que encabezó personalmente Torrez fue la apertura, de oficio, de una investigación contra el asesor político argentino Fernando Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito.

Torrez estuvo al frente de uno de los allanamientos realizados en el marco de ese caso. El 20 de agosto, el entonces fiscal señaló que se había encontrado una granja de bots, medio millón de bolivianos y dólares. “Evidentemente, se han colectado varios documentos, se ha encontrado más de medio millón de bolivianos, ello en relación a moneda nacional como también en dólares y evidentemente también se ha encontrado euros”, indicó. El allanamiento se realizó en la zona de Aranjuez, en la zona Sur de la ciudad de La Paz.

La aprehensión de Torrez se produjo dos semanas después de su renuncia al cargo de fiscal departamental de La Paz. Pasó la noche del jueves en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). El Ministerio Público lo vincula con las investigaciones que lleva adelante contra Mariaca.